Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE)
Con ciertas dosis de eufemismo, se dice ahora que el Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa por uno de los periodos más “complejos” de su historia. Con ello se quiere decir que sobre una misma institución penden dos mandatos, dos concepciones, dos designios: preparar las siguientes elecciones con base en la Constitución y en los procedimientos institucionales forjados a su amparo a lo largo de más de tres décadas de sucesivas reformas que han ampliado los derechos políticos, o bien, ejecutar un replanteamiento drástico y hondo, a mi parecer innecesario y regresivo. A casi seis meses de iniciar el proceso electoral, el INE se halla frente a ese dilema.
De tal suerte que siete consejeras y consejeros que permanecerán y las y los cuatro consejeros que llegarán próximamente, han de buscar anclas y certezas básicas para avanzar en esta “compleja” situación, y tendrán la grave responsabilidad de tomar decisiones que permitan la certeza a la hora de la puesta en marcha de la norma en la organización de los procesos electorales, para que éstos se ejecuten de acuerdo a lo definido en la Constitución, única norma hoy intocada en materia electoral gracias a que ésta no se reformó.
Soy de los que creen que lo mejor que puede pasar –a estas alturas– es que los jueces, en toda la República y en definitiva, otorguen suspensiones para que el INE organice las elecciones de 2024 tal y como esa institución lo sabe hacer, demostradamente, durante los últimos 30 años. Pero puede abrirse otra ruta, necesariamente incierta, que va a requerir de palancas y principios mínimos para avanzar en la misión esencial: organizar legal e impecablemente, las elecciones y la transmisión de poder en México.
Esos asideros pueden encontrarse en la propia tradición del INE, por supuesto.
En primer lugar, su servicio profesional electoral, sus mujeres y hombres que cuentan con una destreza triple: el manejo escrupuloso de la ley, el conocimiento exhaustivo del territorio y la capacidad para encauzar dentro del marco legal las exigencias de los actores políticos. Mientras el país cuente con este personal especializado, tendremos elecciones confiables.
En segundo lugar, sostener los procedimientos que señalan no solo el cumplimiento de las metas, sino también cómo cumplirlas. No hay mejor antídoto contra la desconfianza, la suspicacia o la mala fe, que la transparencia del método: todos saben los objetivos y la forma en que se van a cumplir.
Otro aspecto crucial es el acervo tecnológico del que el INE dispone para realizar sus procesos: desde la emisión de la credencial para votar y su sistema de protección de datos personales hasta los programas de resultados preliminares; desde las plataformas capaces de una fiscalización de los gastos de los partidos políticos en tiempo real hasta el monitoreo automático de millones de señales de radio y de televisión. Gran parte de la experiencia de treinta años se ha materializado en numerosos sistemas que hoy son indispensables.
A lo anterior hay que agregar la división funcional del trabajo institucional. Uno de los errores menos discutidos contenido en el llamado “Plan B” es su desacato a la Constitución, que a la letra dice: “El Instituto Nacional Electoral será… independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia” (art. 41, V-A). Esta separación de actividades es clave porque permite una continua revisión y examen del trabajo electoral: el Consejo planea y dirige, la rama ejecutiva realiza esas directivas, y los partidos y consejeros evalúan y dan seguimiento a los objetivos y metas. Mezclar funciones, convertir al trabajo de los consejeros en uno de carácter “administrativo”, empalmar roles, no solo es claramente inconstitucional sino que hace juez y parte a los directivos y funcionarios: la rendición de cuentas se disuelve.
Bajo esas premisas diseñé una Secretaría Ejecutiva del INE discreta, con bajo protagonismo público para “blindar” la operación institucional, para evitar su “politización”. Lamentablemente ese diseño fue roto por algunos actores políticos que en el reciente debate hicieron –en su afán de “refundar” al árbitro electoral– de la operación técnica, necesariamente imparcial, parte del debate político y me obligaron a salir a la palestra pública a defender la legalidad, faltaba más. Pero en ello tuve que pronunciarme sobre lo que a mi juicio son las indebidas intenciones y riesgos que conllevan las intentonas reformistas.
Estoy convencido de que la suspensión dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no aplicar el “Plan B” coloca al sistema electoral en la ruta correcta. Queda poco tiempo, pero mientras se resuelve ese enorme litigio y el Consejo General se renueva, conviene, creo, echar mano de ese tipo de asideros técnicos e institucionales para llegar a tiempo y con bien a la mayor cita electoral de nuestra vida democrática. Es nuestra responsabilidad.