Este lunes, el gobierno federal anunció con bombo y platillo la suscripción de un memorándum de entendimiento para la compra a Iberdrola de 13 plantas, 12 plantas de ciclo combinado y una planta eólica, por un monto de 6 mil millones de dólares, a través de un vehículo de inversión nacional, aparentemente con participación del Fonadin, administrado por Mexico Infrastructure Partners.
No queda claro de qué forma participaría el gobierno federal en la operación anunciada ni en qué medida apoyaría el cierre financiero de la operación. Tampoco queda claro cuál sería el beneficio para el país al adquirir estos activos, más allá de abonar al discurso ideológico, y por cierto equivocado, de una nueva nacionalización del sector.
Lo que queda claro en apariencia es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no sería propietaria de los activos, que en su caso serían operados por la Empresa Productiva del Estado.
Con la información disponible al momento, y a reserva de contar con mayor detalle, es posible ir haciendo un ejercicio de reflexión acerca de la operación anunciada:
- Contrario a lo que anuncia el presidente de la República, no se trata de una “nueva nacionalización”. Las actividades de generación se encuentran abiertas a la inversión privada y éstas se realizan vía sociedades establecidas en el país, conforme a las leyes mexicanas; es decir, el sector ya es nacional.
- Si lo que se pretende es dar la idea de que el sector se está estatizando, tampoco queda claro de qué manera se estaría dando la estatización, lo cual sería en todo caso, nuevamente, violatorio del marco constitucional y de los compromisos del país al amparo de tratados y acuerdos comerciales.
- La realidad es que la empresa que está desinvirtiendo ha sido quizá la más señalada en el sector en el curso de esta administración y una más de aquellas que han padecido las medidas adoptadas por el gobierno; no hay nada que celebrar cuando una empresa desinvierte como resultado de un hostigamiento desde el gobierno en un sector que se encuentra abierto a la participación del sector privado y cuyos derechos adquiridos e inversiones deben respetarse a cabalidad en un Estado de derecho.
- Esto en nada abonaría a las consultas abiertas al amparo del T-MEC y al ambiente por demás enrarecido con nuestros socios comerciales en este y otros sectores.
- Parecería que nuevamente estamos en presencia de un anuncio que pone en tela de juicio la sensatez en el uso de recursos públicos, con todas las consecuencias de derecho que ello implica.
- El país va en un camino franco a un déficit de generación de electricidad hacia el año 2025 cuando la demanda superará a la capacidad de generación de electricidad.
- En este contexto, no hace absolutamente ningún sentido disponer de recursos públicos para adquirir capacidad de generación ya instalada.
- Las prioridades de esta administración parecerían estar fuera de lugar al ser urgente la instalación y puesta en operación de nuevas plantas de generación, idealmente en manos del sector privado, destinando recursos y esfuerzos del sector público a proyectos de transmisión cuya insuficiencia está causando ya estragos.
A reserva de esperar mayor información y detalle acerca de la estructura de la operación propuesta y del origen de los recursos a destinarse a la compra de estos activos, a simple vista parecería que lejos de ganar, el país sigue perdiendo el rumbo al enfocarse en temas ideológicos y de agenda electoral de corto plazo.
El autor es abogado líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta.