Gracias a que existe el derecho a conocer la información pública, en el INAI hemos resuelto su entrega en numerosos casos, frente a la negativa de distintos sujetos obligados hacia los ciudadanos. Uno de ellos, muy conocido y recurrente, es el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y sus filiales Liconsa y Diconsa. Tan solo al 31 de marzo de 2023 fueron turnados a mi ponencia 100 quejas de respuesta, conocidas también como recursos de revisión: del total, 12 corresponden a 2021, 73 a 2022 y 15 a lo que va de este año.
La última denuncia la presenté al Pleno en la sesión del 30 de marzo, y los cinco comisionados concluimos que Segalmex debía entregar la documentación sobre productos alimenticios que no se consumieron (que le fue negada al ciudadano y por esto interpuso recurso), e informar los criterios utilizados para incluir productos en la canasta básica que suministra Diconsa.
No hay que olvidar que, en la administración federal en turno, en poco más de cuatro años de vida, Segalmex se ha convertido en una institución con múltiples casos de presuntos actos de corrupción, de acuerdo con diversos reportes de la Auditoría Superior de la Federación, donde se superan los 15 mil millones de pesos. En este caso, el INAI ha jugado un papel trascendental para la ciudadanía y los medios de investigación, ya que a través del Instituto han solicitado información para conocer lo que está ocurriendo.
Entre varias resoluciones, les comento que en febrero instruimos a la Fiscalía General de la República para que informara sobre 38 denuncias sobre presunto daño patrimonial a Segalmex y las empresas de participación estatal mayoritaria Diconsa y Liconsa. En el mismo mes, el Pleno ordenó a Liconsa entregar la copia de los convenios firmados con personas morales para la instalación de fábricas de secado y/o plantas lecheras, e incluso revocamos la respuesta de Diconsa para que entregara la versión pública de cualquier instrumento jurídico que la dependencia haya celebrado con una empresa específica, en diciembre de 2022.
En este caso, el interés social y la exigencia de una mayor rendición de cuentas van en aumento. En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) existen 763 mil 891 registros cargados relativos a Segalmex, de los que mil 228 son solicitudes terminadas; restan por resolver 36 solicitudes y se han presentado 186 recursos de revisión. Los contratos están disponibles para consulta ciudadana en la sección de obligaciones de transparencia de la PNT.
El INAI ha realizado todas estas acciones con el objetivo de fortalecer el Estado de derecho en nuestro país. Aprovecho para agradecer también al periodismo de investigación, un aliado indispensable que ha permitido dar luz en este asunto, así como lo hizo anteriormente en la ‘estafa maestra’, la ‘casa blanca’, Odebrecht, los ventiladores de la 4T y el control del llamado huachicoleo, entre muchos otros casos.
Aún sin el número de comisionados necesarios para resolver casos, en el INAI seguiremos trabajando en las demás actividades para garantizar en las y los ciudadanos el derecho a saber, situación que confiamos se resolverá pronto vía la Suprema Corte de Justicia de la Nación o mediante la conclusión de las designaciones en el Senado de la República. El instituto no cierra sus puertas. La sociedad tiene derecho a seguir solicitando información pública y, por ley, los 8 mil 259 sujetos obligados del país la deben otorgar.
Las comisionadas y el comisionado estamos trabajando y vamos a seguir resolviendo recursos que votaremos cuando el Pleno vuelva a sesionar. El INAI es un vínculo entre la sociedad y las autoridades para conocer lo público, y continuaremos resolviendo las quejas de la población. La garantía de los derechos de las y los mexicanos no puede detenerse en ninguna circunstancia, y casos como el de Segalmex lo refuerza. Sí, la transparencia cuesta, pero cuesta más la corrupción.
La autora es comisionada del INAI.