Mariano Calderón, Abogado socio, experto en Derecho Constitucional y Amparos de Santamarina+Steta.
La iniciativa en materia administrativa enviada a finales del mes de marzo al Congreso de la Unión por el presidente Andrés Manuel López Obrador prendió las alarmas por la delicada situación de indefensión que colocaría a privados en sus relaciones y trámites con el gobierno.
Y es que la propuesta es muy preocupante ya que atenta contra la certidumbre, seguridad y garantías de los inversionistas que trabajen con el gobierno federal, ya que esta amplía enormemente las facultades discrecionales y arbitrarias del sector público para revocar o cancelar permisos, licencias, autorizaciones o concesiones.
Uno de los puntos rojos en el proyecto es el que se plante en los contratos con la Administración Pública Federal, ya que se debe incluir de manera obligatoria la “cláusula exorbitante”, lo que se pretende justificar en el mandato constitucional de cuidar los recursos del erario en la contratación de bienes, arrendamientos, servicios y obras públicas, al fortalecer la noción del contrato administrativo, como aquel que celebra la administración pública con los particulares con el objeto directo de satisfacer un interés general, cuya gestación y ejecución se rigen por procedimientos de derecho público.
La iniciativa también plantea reformar tanto la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, como la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para dejar asentada la definición del juicio de lesividad. La propuesta es sumamente desafortunada y regresiva, ya que va en contrasentido con el entorno económico del país y de la oportunidad de la llegada de nuevas inversiones por el nearshoring. Por un lado estamos gritándole a todo el mundo “vengan a invertir”, “tenemos aquí las condiciones para que se sientan seguros y puedan generar esa inversión y beneficiarse del nearshoring”, pero al mismo tiempo estamos frenando, estamos poniendo todas las alertas rojas de que lo piensen dos veces y consideren si vale la pena o no invertir en México, porque lo que busca todo inversionista es seguridad jurídica y esta iniciativa lo que genera es exactamente lo contrario, incertidumbre, inseguridad jurídica y un deterioro del estado de derecho.
En definitiva, hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para no aprobar esta reforma, no le vemos aspectos positivos, en términos generales son muy negativos, la propuesta, lo que se está planteando atenta contra garantías constitucionales, contra la libre competencia, se privilegia a las empresas públicas frente a las empresas privadas. Lo que se debe de hacer en reforzar el estado de derecho y no generar más incertidumbre.