Óscar Mario Beteta
De representantes populares, los morenistas y sus socios se exhiben, objetivamente, como fieles, eficientes y obedientes al poder presidencial; sirven a éste, no a quien les delegó el poder para que procuraran su mejoría.
Todo Estado se funda en el Derecho. Su funcionamiento sólo es posible sobre las distintas leyes que de éste derivan y en las instituciones a las que da origen. Unas y otras conforman la administración pública y tienen como fin último atender las necesidades de todo el cuerpo social.
La construcción de ordenamientos legales y de entes públicos es tarea del Congreso. En ese órgano se deposita la voluntad general, que encarna la soberanía popular. Si su naturaleza es democrática, lo obliga a dialogar, consensuar y acordar; a sus integrantes, a convencer con argumentos y razones; a superar resistencias y dificultades por el bien de la mayoría.
Una vez establecidas, aun con las modificaciones y adaptaciones que sea necesario hacerles para mantener su funcionalidad, normas e instituciones perduran en el tiempo. De ahí la acertada máxima de que “los hombres pasan; las instituciones permanecen”.
En México, decenas de organismos públicos fueron creados a lo largo de muchos años; fueron la respuesta al deber ético que asumieron los gobernantes de cristalizar el mayor bienestar posible para sus gobernados.
En incontables ocasiones, también fueron producto de legítimas exigencias y presiones ejercidas por algunos grupos sociales que, con ello, consiguieron beneficios de distinto tipo en diferentes grados. En ese proceso inacabado e inacabable, se busca que el poder público resuelva las demandas colectivas.
Hoy, cuando la administración federal corre sobre su quinto año y el Congreso concluye su actual periodo ordinario de sesiones, se está dando un enfebrecido desmantelamiento de organismos públicos a través de un intenso reformismo, que se sintetiza en desinstitucionalización.
Sorprendentemente, esta acción, propuesta por el Poder Ejecutivo y ejecutada al pie de la letra por el Poder Legislativo, se lleva a cabo en las últimas horas de trabajo de los congresistas. La mayoría de Morena y aliados en San Lázaro, entre críticas opositoras, han aprobado toda clase de iniciativas.
De representantes populares, los morenistas y sus socios se exhiben, objetivamente, como fieles, eficientes y obedientes al poder presidencial; lo sirven a éste, no a quien les delegó el poder para que procuraran su mejoría.
De los senadores, en especial de los morenistas, cabría esperar, todavía, que lean, estudien, reflexionen, debatan e incluso aplacen algunas iniciativas enfocadas a desaparecer, transferir o compactar organismos que han servido a la Nación y beneficiado a millones de personas.
En esa línea de desmantelamiento institucional, el Insabi, que sustituyó al Seguro Popular, será transferido al IMSS-Bienestar; una veintena de organismos, entre los que se halla la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la Financiera Rural, el Fideicomiso de Fomento Minero, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Inapam, el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para la Salud de la Infancia y el Instituto Nacional de la Juventud, habrán desaparecido o quedarán reducidos a área administrativas de otras dependencias.
En la idea de “transformación”, asimismo, prácticamente dejará de existir el Conacyt; se dispondrá que los impuestos que paga el turismo ya no se le entreguen a la Sectur ni al Fonatur, sino que se destinen a la construcción del Tren Maya, y se facultará a la Secretaría de la Función Pública para adquirir bienes y contratar servicios.
En fin, si esa reversión institucional es “transformación”, lo primero que hay que preguntarse es: ¿a quiénes beneficia? Porque a este momento, las consecuencias sociales, educativas, políticas, de salud, investigación, desarrollo y económicas, se antojan inútiles y muy delicadas.
Sotto Voce.– El avance que se lleva en la investigación del “Cártel Inmobiliario”, podría afectar a todos los candidatos del Partido Acción Nacional que aspiren a cualquier cargo electivo en la Ciudad de México en 2024… Con tres expresidentes en la cárcel (Fujimori, Toledo, Castillo), otros tres en capilla y uno que se suicidó (Alan García) por actos de corrupción, se ve que en Perú nadie escapa a la ley. Y, como sucede en muchas otras naciones, faltan verdaderos personajes de alto nivel que demuestren ser estadistas… Según nos confirman en el primer círculo del poder de los gobiernos mexicano y norteamericano, existe enorme preocupación de que se den a conocer los nombres de quienes ejercían el papel de los “García Luna” desde el sexenio de José López Portillo… Un tsunami se le ha venido encima al rector de la UNAM, Enrique Graue, por los gastos que ha hecho y que parecen inmoderados e injustificables. Empero, él es el directivo, no la institución.