Óscar Mario Beteta
Mucho se ha hablado de la necesidad del divorcio institucional entre los presidentes de la República y sus respectivos partidos, pero nunca se ha hablado de la separación del partido que los llevó al poder y los gobernadores y gobernadoras.
Hay que decirlo: los gobernantes se sienten cobijados por sus respectivos órganos políticos, que en la batalla actúan como tapaderas de representantes electos y los respaldan a toda costa, aun en contra de la razón y el sentido común.
Ejemplos sobran, pero al final el meollo del asunto es la impunidad. Y es que los gobernadores y gobernadoras se sienten intocables y protegidos por una estructura partidista que está lista para movilizarse y meter el hombro a sus correligionarios, sin importar si estos son eficientes o incluso si han incurrido en algún acto ilegal.
Una manera como se puede medir la eficiencia de los gobernantes es si cumplen o no su compromiso con la seguridad. A final de cuentas, el origen del contrato social está fundamentado en la necesidad de que la ciudadanía se sienta segura y protegida por el Estado.
Sin embargo eso no ocurre. Al menos no en nuestro México, donde 23 gobernadores y gobernadoras de Morena están en el poder, pero se deslindan de sus principales compromisos y obligaciones con sus gobernados.
Históricamente la salida fácil ha sido echar la bolita al gobierno federal. Pero los mandatarios y mandatarias locales tienen una gran parte de la responsabilidad en la búsqueda de un país más seguro para todos y para todas.
De ellos y ellas dependen las fuerzas estatales y las fuerzas municipales, que son el primer contacto para tratar de controlar la violencia, a las cuales nunca les exigen actúen con toda la fuerza del Estado.
Sus cuerpos de seguridad en la mayoría de los casos y con contadísimas excepciones –como Querétaro, Yucatán, Puebla, Ciudad de México e Hidalgo– están rebasados o coludidos con el crimen organizado.
Sería obligación legal y moral de los partidos políticos exigirles que cumplan con todas sus obligaciones o removerlos con los mecanismos legales y constitucionales a su alcance.
Depender exclusivamente del gobierno federal y eludir su responsabilidad es una fórmula que les funciona por el simple hecho de que tienen a sus respectivos partidos de su lado, dispuestos a dar la cara por ellos y por ellas.
Lo anterior también obligaría a los partidos a establecer filtros más severos para evaluar a sus candidatos y candidatas antes de ofrecerles su plataforma para competir por un puesto de representación popular.
El presidente Andrés Manuel López Obrador marcó un hito al promover la revocación de mandato y someterse al escrutinio popular para concluir anticipadamente su Presidencia si la ciudadanía perdía la confianza en él.
En ese ejercicio llevado a cabo en abril de 2022, de 16 millones 502 mil 636 de personas que participaron, 15 millones 159 mil 323 decidieron que siguiera.
Ante la crisis de seguridad que se vive en el país, los partidos políticos deberían ser los más preocupados por tratar de mantener su credibilidad, aun si para ello tuvieran que dejar de cobijar a personajes corruptos, inexpertos e incompetentes.
El balón no sólo cae en la cancha de los partidos, sino también en los Congresos locales, que por lo general bailan al son del gobernante en turno. Ahora que Morena tiene casi el 80 por ciento del país, debería seguir el ejemplo del presidente y promover leyes de revocación de mandato a nivel local para remover a gobernantes si no cumplen con las metas y expectativas, si cometen un fraude o si están ligados a delitos que los obligarían a enfrentar a la justicia.
Mucha presión se le quitaría al Ejecutivo, al gobierno federal, a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional si los legisladores locales y todos los partidos políticos hicieran lo que les toca para exigir el divorcio a mandatarios estatales después de haberse matrimoniado con quienes los traicionan o no cumplen con sus obligaciones.
SOTTO VOCE
Nos dicen que en contra de la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, se vienen cosas peores. Como si el acoso del que está siendo víctima en redes no fuera suficiente, nos comentan que ya se prepara una andanada con la intención de descarrilar sus aspiraciones.
El rescate del náufrago australiano Timothy Shaddock en aguas mexicanas fue de película. Y en esta épica se quiere montar el Instituto Nacional de Migración, destacando la atención al marinero perdido, después de que un buque atunero de una empresa privada lo rescatara de altamar. Lamentable, el INM, y su titular Francisco Garduño, quieran colgarse la medalla sin que hasta el momento hayan asumido la responsabilidad por la horrible muerte de 40 migrantes en la estancia migratoria de Ciudad Juárez. Mejor ejemplo de cinismo, soberbia y desfachatez no puede haber. Nos comentan que Garduño lo que busca es irse a San Lázaro en 2024 para recibir inmunidad.
Esta semana vimos horrorizados un video en el que un padre y una madre de familia intimidan y golpean a una maestra en un kínder. El hecho de por sí reprobable nos comprueba una vez más la profunda descomposición en la relación de padres y docentes, donde impera la altanería, el distanciamiento, la poca empatía, la violencia, la ignorancia y la falta de respeto.