Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
El derecho y la política tienen una relación interdependiente e inquebrantable. Como sabemos, nuestra democracia es representativa, lo que significa que las leyes deben ser aprobadas por los diputados y senadores. Sin embargo, nuestra democracia tiene otro elemento menos conocido: es constitucional, lo que significa que la Constitución es la máxima autoridad del país, no las personas.
Pero si la Constitución está por encima de todas y todos, les realizaré una pregunta: ¿hasta qué punto los tribunales constitucionales pueden influir en órganos políticos como los congresos para protegerla?
Desde que pasamos del gobierno de los hombres —en donde el derecho era un instrumento del rey absoluto o el dictador en turno— al gobierno de las leyes —en el cual la Carta Magna es la máxima autoridad— esa pregunta ha ido cobrando cada vez mayor importancia para nosotros, los jueces, encargados de interpretarla.
El año pasado, el Tribunal Electoral tomó una decisión histórica. Un grupo de fuerzas políticas mayoritarias dejaron fuera de la Comisión Permanente del Congreso a un partido minoritario, a pesar de que dicho partido tenía derecho a un escaño. La justicia electoral intervino al observar que ese acuerdo estaba violando un derecho fundamental: el de ser votado, al impedirle a una fracción parlamentaria ejercer la representación que los ciudadanos le dieron en las urnas.
Esa sentencia hizo evolucionar la jurisprudencia electoral que hasta ese momento decía que los tribunales electorales no podían revisar actos de los congresos al considerar que esos temas correspondían al “derecho parlamentario” y no al derecho electoral. Por primera vez, el TEPJF incidió en un acto del Congreso para proteger la Constitución y el voto de la ciudadanía, ordenando que se le entregara al partido minoritario el lugar que le correspondía.
Tras esa sentencia, han llegado nuevas preguntas para la justicia electoral en relación con los congresos. Hace unos días, fue resuelto un caso en el que a un diputado local de la Ciudad de México le fue negado integrarse a otra bancada, tras dejar su partido original. En ese sentido, tuvimos que preguntarnos si irse a otra bancada viola el derecho fundamental a ser votado, al impedirle a un diputado ejercer el cargo para el que fue electo.
A nivel internacional, tribunales constitucionales han sentado una regla interesante para resolver estos casos, incluida la Suprema de Justicia de la Nación: la justicia solo puede intervenir en actos del Congreso cuando afecten el núcleo esencial de las funciones que realizan los diputados o senadores.
Si pensamos en las funciones principales de un parlamentario, seguro nos viene a la cabeza una persona hablando en la tribuna, presentando una iniciativa, discutiendo con sus colegas, o bien, levantando la mano u oprimiendo un botón para votar.
En ese sentido, la decisión de un diputado de abandonar un grupo parlamentario e irse a otro no afecta ninguna de las funciones principales que debe realizar, ya que continúa siendo parte del parlamento y seguirá ejerciendo la representación. En todo caso, el cambio solo tiene efectos partidistas y repercusión en algunas cuestiones internas de los congresos, como la entrega de recursos que corresponden a cada grupo o la designación de sus liderazgos.
Además, cambiar de bancada es una cuestión política que solo afecta al diputado que la lleva a cabo. Por supuesto, podemos debatir sobre si es ético o políticamente deseable que un diputado cambie de bancada o partido, pero a mi parecer, esta práctica no implica una violación al derecho a ser votado, como ocurrió en el caso de la Comisión Permanente del Congreso federal. En ese sentido, este es un problema que el propio Congreso debe resolver.
Tal como sucede en los parlamentos, condominios, grandes empresas o asociaciones civiles, en los tribunales las decisiones se toman por mayoría y, a veces, la visión de uno queda en minoría. En este caso, la mayoría de mis colegas consideraron que sí hay violación al derecho a ser votado al negarle a un diputado incorporarse a otro grupo parlamentario, por lo que la justicia electoral tomó cartas en el asunto. Es un interesante tema a debatir que nos debe dejar reflexionar, ¿dónde está el límite entre la política y el derecho?