Consultor en Políticas Públicas y Comercio Exterior
México ha sido acusado ante la OMC en 15 ocasiones, siete de ellas por Estados Unidos, pero nunca lo fue en el marco del TLCAN. El caso del maíz representa, por mucho, la disputa comercial más importante en la que se ha visto involucrado nuestro país. Además, el control de la migración ilegal y del fentanilo y los procesos electorales en ambos países, pueden complicarlo aún más.
El primer paso será decidir la composición del panel. El USTR propuso que sean tres árbitros, lo que la Secretaría de Economía puede aceptar o proponer que sean cinco, como en otros casos. Canadá tiene hasta este miércoles 23 para anunciar si participará como demandante, lo que se espera debido a las implicaciones que tiene el decreto del 13 de febrero para sus exportaciones de canola. De esta forma, el 31 de agosto se deberá escoger al presidente del panel.
Los árbitros tendrán cinco meses para elaborar un reporte preliminar –a menos que soliciten tiempo adicional– que deberá estar listo para la revisión de las Partes en febrero del 2024. Estas podrán entonces presentar comentarios de manera que el reporte final se emita en marzo y se implemente en mayo, precisamente cuando 40 de los 50 estados estadounidenses ya hayan celebrado sus elecciones primarias y el futuro de Donald Trump empiece a discernirse.
El panel habrá de fallar sobre dos grandes temas: i) la falta de evidencia científica que apoye el decreto del 13 de febrero, lo que viola el artículo seis del capítulo nueve, y ii) la prohibición a la importación de maíz procedente de Estados Unidos impuesta por el decreto, lo que viola el artículo 11 del capítulo dos. En el primer tema, el panel también debe analizar si existen normas internacionales que apoyen la medida del gobierno mexicano y si existe alguna otra medida menos restrictiva al comercio entre ambos países que le permita a México conseguir los objetivos planteados en el decreto. En caso de no haber alguna, esto puede generar agravantes al posible resarcimiento que establezca el panel, además de la obligación de derogar el decreto en no más de 45 días a partir del día en que se presente el reporte final del grupo de expertos. Y hasta la fecha, no hay elementos para considerar un fallo en favor de México.
Asimismo, el artículo 2.11 establece que ninguna Parte adoptará cualquier prohibición o restricción a la importación de cualquier mercancía de otra Parte, excepto de conformidad con el artículo XI del GATT de 1994, lo que es incongruente con el decreto del 13 de febrero. El USTR puede solicitar algún resarcimiento en base a los 4 mil 400 millones de dólares adquiridos por México en 2022 y en este caso algunos senadores republicanos han planteado compensaciones que van de los 4 mil a los 20 mil millones de dólares. Eventualmente, el panel será el encargado de establecer este monto, en el que también puede haber una compensación para Canadá, si participa en el caso.
La solicitud del panel fue bien recibida tanto por las asociaciones de productores de maíz como por varios legisladores, después de que México buscó aplazar el caso y llegar a una solución negociada, no contemplada en el T-MEC. Por ello, el USTR insistió en incluir en el comunicado conjunto del pasado 13 de julio que las disputas deben resolverse conforme a los mecanismos establecidos en el acuerdo. Al parecer, el USTR esperaba solicitar el panel a mediados de septiembre, pero los malos resultados de Biden en las últimas encuestas, aceleraron esta decisión.
El maíz es el producto de exportación más importante de Estados Unidos y México es ahora el principal destino de sus exportaciones. La Casa Blanca estima que el caso del maíz afecta a unos 750 mil granjeros en todo el país y a sus familias y los problemas con México pueden implicar hasta 2 mil 500 millones de dólares adicionales en subsidios anuales para los productores afectados, que tendrían que incluirse en el Farm Bill 2023, que está por aprobarse.
Sin embargo, el papel que ha jugado el control de la migración ilegal y del fentanilo en la relación comercial bilateral, como lo han apuntado Reuters y otras fuentes, hace considerar diversos escenarios que afectarían la implementación del fallo del panel. El pasado 17 de julio, Biden anunció que no impondría sanciones comerciales a México por la falta de protección a la totoaba y a la vaquita marina, a pesar de los reportes del Departamento del Interior y del USTR. Por ello, las elecciones primarias y la política tendrán esta vez un gran peso sobre el futuro y legitimidad del T-MEC.