Andrés Rodríguez, socio de Santamarina y Steta, experto en Derecho Laboral.
El próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de diputados podría ser trascendental en el ámbito laboral, ya que pudiera darse el análisis de dos iniciativas de reforma a la Ley Federal de Trabajo; por una parte, incrementar el aguinaldo en un cien por ciento y, por otra, reducir la jornada laboral.
Respecto al aguinaldo, la propuesta realizada por el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de diputados, Manuel Baldenebro, del partido Morena, es modificar el artículo 87 para incrementar el pago del aguinaldo, pasando de 15 a 30 días de salario, lo que acercaría su monto al de los 40 días de salario, que actualmente reciben los burócratas.
De aprobarse esta reforma, el costo directo para la empresa se duplicaría e, indirectamente, esto tendría un incremento en el salario base de cotización al IMSS y en el pago de indemnizaciones por terminación de la relación de trabajo en caso de despido.
Actualmente, el aguinaldo que deben recibir los trabajadores del sector privado es de mínimo 15 días de salario, o su parte proporcional si no laboraron durante todo el año calendario del que se trate. El pago se debe realizar antes del 20 de diciembre de cada año.
El aguinaldo es una prestación que se instauró en 1927 y que en 1970 fue introducido a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y, desde ese año, no se ha incrementado.
Por supuesto que nadie puede estar en contra de que los trabajadores tengan mejores beneficios y, por ende, que tengan un mayor ingreso por este concepto, pero los legisladores deberán ser muy responsables para que una medida de este tipo no signifique un perjuicio para quienes generan fuentes de empleo formales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, las cuales sólo han visto incrementada su carga desde la pandemia y sin ningún tipo de apoyos.
Lo que deben hacer nuestros legisladores es escuchar a todas las partes para tomar la mejor decisión, es decir, claro que deben cuidar al sector obrero, pero sin olvidar que sin empresas no hay empleos y que el dinero no se genera por decreto.
Cabe destacar que esta no es la primera propuesta que se presenta para incrementar la base del cálculo de este beneficio. El Partido Verde también propuso elevar a 30 días de salario el piso mínimo de la prestación.
En este tenor, es evidente que la iniciativa de “aguinaldo digno” es una búsqueda de justicia para los trabajadores; sin embargo, el llamado a nuestros legisladores es que sean creativos ante el panorama actual y, por ejemplo, poder iniciar de una manera gradual el incremento de esta prestación y, con ello, permitir que las empresas (grandes, medianas, pequeñas y micros) puedan prepararse de mejor manera para manejar adecuadamente el incremento en costo fijo que ello significaría, dejando de lado los aspectos políticos asociados con una iniciativa de esta naturaleza, que debiera ser eminentemente técnica y económica.
Estemos atentos al resultado de esta posible reforma.