Óscar Mario Beteta
Faltan poco menos de 9 meses para las elecciones más grandes de la historia reciente en México y el Instituto Nacional Electoral (INE), que encabeza Guadalupe Taddei Zavala, ha comenzado a trabajar para organizar los comicios en los que la ciudadanía votará por más de 20 mil cargos de representación popular en todos los niveles.
El INE ya tiene trazado un calendario con plazos definidos y ha refrendado su compromiso por cumplir las disposiciones de la Constitución y las legislaciones locales en materia electoral.
Los principios por los que debe velar el Instituto son: la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. En resumen, el organismo encargado de organizar las elecciones nos debe dar certidumbre de que nuestro voto será respetado.
Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que a pesar de todas las buenas intenciones y la profesionalización del INE, los partidos políticos, sus dirigencias y sus militantes se las ingenian para torcer la ley, provocar incertidumbre y hallar nuevas maneras para obtener la victoria cueste lo que cueste.
No es para menos. En estas elecciones se decide la Presidencia de la República, 129 escaños en el Senado, 500 diputaciones federales, 9 gubernaturas y 19 mil 634 cargos en congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías. Y si algo nos han mostrado los políticos es que están dispuestos a ir por todas, pues no solamente se trata de cargos, sino de llaves de acceso a cotos de poder y a recursos que podrán utilizar, tristemente, de manera discrecional y en beneficio propio.
La historia se repite elección tras elección. Pero la ciudadanía quiere cosas muy básicas que sin duda pueden ayudar al INE a cumplir con sus objetivos de certeza, legalidad, certidumbre e imparcialidad.
Por principio de cuentas, una gran demanda es la transparencia. Convendría poner lupa a los recursos entregados a partidos políticos. Nada más este año se metieron a la bolsa 6 mil 233 millones 510 mil 798 pesos del erario para llevar a cabo sus actividades.
De esta escandalosa cantidad, Morena se llevó la mayor tajada con mil 837 millones, 562 mil 623 pesos; PAN, mil 101 millones, 341 mil 954 pesos; PRI, mil 70 millones, 140 mil 147 pesos; Movimiento Ciudadano, 580 millones, 460 mil 239 pesos; PVEM, 507 millones 553 mil 646 pesos; PRD, 424 millones, 365 mil 580 pesos, y PT, 405 millones 592 mil 295 pesos.
Partir de la equidad y poner un piso parejo para todos, obliga a replantear cómo es que distribuimos nuestros recursos públicos a instituciones que nos siguen ignorando y solo nos consideran y utilizan el día de la votación.
Y aunque el financiamiento público se supone que existe para blindar las elecciones de los recursos provenientes de la delincuencia organizada, la realidad es que la manera como los partidos y candidatos se hacen de recursos sigue en la opacidad, por decir lo menos.
En este sentido, cada vez es más común la violencia política —que son las agresiones directas en contra de aspirantes a cargos de elección popular— como una atroz manera a la que recurre el crimen para poner, controlar y quitar funcionarios, según convenga.
Algo inédito y muy positivo en las próximas elecciones sería impedir por primera vez que el grupo en el poder accione su maquinaria para comprar votos.
Acciones tan simples como observar a distancia y sin violar la privacidad para que votantes estén impedidos para tomar fotografías de sus boletas con teléfonos celulares, podría ser la clave para erradicar la coerción y compra de votos.
Adicionalmente, se podría reforzar la vigilancia en inmediaciones de casillas para evitar el acarreo.
Algunos de estos planteamientos necesitan de una reestructuración en su vigilancia y organización. En un país de corruptos, tramposos y manipuladores es indispensable que se acaben estas prácticas que solamente enrarecen y encarecen las elecciones y provocan abstencionismo.
SOTTO VOCE
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