Sergio Chagoya, abogado y catedrático de Derecho Constitucional
El próximo 2 de junio del 2024, las mexicanas y los mexicanos viviremos uno de los procesos democráticos más grandes de la historia en México, según el Instituto Nacional Electoral (INE).
Dichas elecciones se llevarán a cabo en toda nuestra República, se espera que salgamos a votar un padrón electoral de cerca de 98 millones de personas.
¿Por qué se considera un reto dicho proceso comicial?
Según la información del INE, el 2 de junio de 2024, los mexicanos elegiremos más de 20 mil cargos públicos derivados del sufragio ciudadano. Entre ellos, se renovará la Presidencia de la República, así como la totalidad del Congreso de la Unión esto es: 128 senadores y 500 diputados federales. También se elegirán nueve titulares de Poderes Ejecutivos Locales: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
En los 32 Estados de la República se renovarán, tanto legislaturas locales como ayuntamientos, mientras en la Ciudad de México, 16 alcaldías enfrentan procesos electorales para reconformar sus autoridades públicas.
Aunado al gran reto que conlleva la organización y planeación de una elección de esta magnitud, las autoridades públicas tendrán un desafío relevante: sortear los graves actos de violencia que hoy en día siguen prevaleciendo en gran parte de nuestro país impactando a los comicios.
En adición a los principios constitucionales de ser libres, auténticas y periódicas, nuestras elecciones deben ser pacíficas, el debate político debe realizarse en el seno de los partidos políticos y de las candidaturas independientes, dentro del espacio público y en medios de comunicación y redes sociales, apegados al derecho y dentro de un ámbito de civilidad y paz, respetando así lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es menester que en estos procesos comiciales se eviten actos de violencia política y social como secuestro de candidatos, dinero por votos, privar de la vida a personas que buscan ejercer sus derechos políticos, lo cual pone en peligro las elecciones.
En dicho entorno, un elemento optimista y que muestra una evolución y madurez políticas, es que se perfilan por primera vez a dos mujeres como las principales opciones para la primera magistratura del 2024, demostrando que los derechos políticos de las ciudadanas se han robustecido.
Considero que gracias a la evolución que hemos tenido como sociedad y profesionalización en diferentes instituciones electorales, hoy lleguemos a este escenario y México está preparado para tener a una mujer presidente.
Actualmente las mujeres tienen mayores oportunidades, tienen mayor nivel educativo, nuestras mexicanas tienen acceso a mejores oportunidades de trabajo, inclusión e igualdad y todo esto se traduce y demuestra que las mujeres son una fuerza política en el país dejando poco a poco atrás el machismo y atavismos culturales.
El electorado por primera vez en nuestra vida como Estado independiente, tendrá a dos candidatas por la presidencia; Claudia Sheinbaum por Morena y Xóchitl Gálvez candidata del Frente Amplio por México, una coalición que agrupa a los partidos PAN, PRI y PRD; también faltaría el candidato de Movimiento Ciudadano y posiblemente uno ciudadano o candidato independiente; sin embargo, ellas encabezan las preferencias electorales.
También será la primera vez que habrá elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas, de igual forma por primera vez, quienes se encuentren en situación de prisión preventiva en cualquier parte de México, podrán votar del 13 al 20 de mayo de 2024.
Otra novedad en las elecciones consistirá en el voto anticipado para quienes, por algún impedimento, no puedan salir de su domicilio y sin olvidar voto en el extranjero, que será a través de tres modalidades: postal, electrónico y en los centros de votación en el extranjero, que serán instalados en los consulados.
Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la situación de órganos electorales y judiciales; a mi parecer tenemos una legislación e instituciones fuertes, claras, podemos confiar, ante este proceso tan relevante y trascendente. Sin lugar a duda, seremos los propios ciudadanos los que tendremos en las manos el ejercer y defender nuestro derecho del voto y respaldar también a los órganos judiciales en materia electoral los cuales son profesionales, independientes e imparciales.