Juan Carlos Machorro, líder de la práctica transaccional de Santamarina
Es innegable la importancia de invertir en infraestructura de transmisión eléctrica para mejorar la eficiencia energética minimizando pérdidas de energía durante el transporte, aprovechar energías renovables que requieren de una red adecuada al ubicarse frecuentemente en áreas alejadas de los centros de consumo, garantizar la seguridad y confiabilidad del suministro minimizando cortes de energía y asegurando un suministro continuo y confiable, fomentar nuevas inversiones y la reducción de la brecha de acceso a la energía promoviendo el desarrollo sostenible.
Cabe recordar que la reforma energética de segunda generación del año 2014 mantuvo el monopolio en materia de transmisión y distribución de energía para el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pudiendo participar el sector privado únicamente en la procura de infraestructura para el Estado.
En este sentido, hay que recordar también que prácticamente al inicio de esta administración fueron canceladas las dos megalíneas de transmisión de corriente directa en alta tensión (HDVC) más importantes en la historia del país que pretendían conectar el Istmo de Tehuantepec con el centro del país y a la península de Baja California con el resto del territorio nacional, con inversiones estimadas por arriba de tres mil millones de dólares.
No solo fueron cancelados estos megaproyectos sino la prácticamente toda inversión relevante a cargo del Estado en materia de transmisión y distribución de electricidad, privilegiando de forma poco explicable la inversión de recursos públicos en actividades de generación y comercialización abiertas a la inversión privada y generando desde el gobierno una distorsión del piso parejo y de las reglas del juego que, entre otras cosas, ha derivado en ubicarnos en el umbral de un arbitraje con nuestros socios canadienses y estadounidenses bajo el T-MEC.
Recientemente la Cámara Internacional de Comercio (ICC México) emitió un comunicado relacionado con la urgencia de contar con inversiones sustanciales en materia de transmisión eléctrica, lo cual está íntimamente relacionado con la posibilidad de crecimiento de la economía en niveles idóneos.
En opinión de la ICC México, el país cuenta con un rezago histórico en infraestructura eléctrica que es urgente atender, siendo esencial garantizar que se invierta en el sector eléctrico para crecer la economía y profundizar en la transición energética asegurando un futuro sostenible.
ICC México refiere que para crecer al ritmo actual del 2.4 por ciento hace falta construir al menos 58 mil 900 kilómetros de líneas de transmisión y desarrollar infraestructura para 100 mil 974 MW tomando en cuenta factores de planta y suponiendo generación con procesos de ciclo combinado, fotovoltaico y eólico, cuya inversión total ascendería a casi 2 billones de pesos; es decir, una inversión de más de 130 mil millones de pesos por año.
Concluye también la cámara que, por cada punto porcentual de crecimiento del PIB, se deben instalar alrededor de 800 kilómetros por año en líneas de transmisión, estimándose un déficit acumulado de cuatro mil 370 kilómetros en transmisión durante la presente administración (2018-2022).
Podría rescatarse el crecimiento actual de la economía estimado en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) para proyectar el crecimiento de demanda máxima, consumo bruto, requerimiento en líneas, requerimiento de capacidad real ajustada y capacidad adicional requerida.
A partir de estos datos es posible calcular las necesidades de los próximos quince años; es decir, hasta el año 2037. En México y en otros países la relación inequívoca entre crecimiento e inversión en infraestructura eléctrica es contundente, requiriéndose un compromiso con el sistema eléctrico adecuado para el desarrollo del país.
Es pertinente sumarnos a la convocatoria que hace la ICC México a los distintos actores involucrados, para tomar en consideración las necesidades energéticas para el crecimiento de la economía y aprovechar la coyuntura actual del llamado nearshoring, amén de sentar las bases de un futuro energético eficiente, seguro, confiable y sostenible.
Como en otras áreas, la oquedad y el retraso que dejará esta administración en la materia es enorme. Será necesario que la realidad y los retos evidentes sean atendidos con la mayor seriedad y responsabilidad por la próxima Presidenta del país.
En este tema, como en otros, animémonos a pensar más en las próximas generaciones y menos en las próximas elecciones.