El autor es abogado experto en Derecho Laboral de Santamarina y Steta.
El 7 de enero pasado en el marco de la conmemoración del 117 aniversario de los mártires de Río Blanco en Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que, antes de que termine su mandato, enviaría 2 propuestas de reformas constitucionales en materia laboral y de seguridad social.
La primera se enfocaría en incluir en el artículo 123, que el aumento a los salarios mínimos nunca puede estar por debajo de la inflación, lo cual ya se contempla en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, pero se pretende elevarlo a rango constitucional para que sea más complicado que en un futuro sea modificado por una mayoría simple en el Congreso.
La segunda implica una modificación al sistema de pensiones actual (que deriva de la reforma realizada en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo en 1997 y que permitió que los fondos de ahorro para el retiro fueran administrados de forma privada por Afores), con el objeto de que los trabajadores “reciban una pensión digna”, que a juicio del presidente sería del mismo monto salarial que aquel que recibe un trabajador al final de su vida laboral, justo cuando decide retirarse.
De una forma reservada, el Presidente decidió no proporcionar mayores detalles sobre el proyecto de reforma al sistema de pensiones (pues seguramente no lo tiene claro), pero en el transcurso de los últimos días ha dado algunas pistas: al parecer no eliminaría las Afores, no descarta una intervención más activa del Estado en la administración del ahorro, el cambio sería gradual y se pretende incluir a la iniciativa privada en las negociaciones.
En el caso de ambas reformas, vale la pena preguntarse la razón por la que, al final de su sexenio y sabiendo que no cuenta con la mayoría calificada necesaria para aprobar reformas constitucionales (como la de la reducción de la jornada laboral que se tuvo que posponer por dicha razón), decidió realizar semejantes manifestaciones, que por lo menos en el tema de pensiones, implicarían un análisis, redacción y negociación de gran calado, para las cuales ya no tiene tiempo.
Desde mi punto de vista, en el tema de salarios, el Presidente busca un doble efecto: 1) Colocar mayores candados para que en el futuro la oposición no pueda modificar de forma sencilla la obligación de aumentar los salarios mínimos por encima de la inflación; y, 2) impulsar aún más la candidatura de su ‘delfín’ Claudia Sheinbaum, que representa la continuación de sus ideas sobre estos asuntos.
Pero en el tema de pensiones, quizá se trata de una intención dormida que conlleva una fuerte carga ideológica, como un último golpe a los cambios realizados por los gobiernos neoliberales, que de paso también ayuda a todo su partido frente al término de las precampañas el próximo 18 de enero de 2024 y el inicio de campañas electorales el 1 de marzo de 2024.
De aprobarse la reforma a los salarios mínimos, no se añade ninguna carga adicional a los patrones sobre las que ya cuentan desde la modificación realizada a la Ley Federal del Trabajo en 2021.
Sin embargo, en caso de aprobarse la reforma al sistema de pensiones y siguiendo la tradición de este gobierno de asignar todas las cargas al sector privado, es muy probable que se pretendan aumentar aún más las aportaciones que pagan los patrones a los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, lo cual podría generar mayor informalidad, pues en la actualidad ya resulta muy caro contratar a los trabajadores bajo los aumentos graduales aplicables hasta 2030.
Esperemos que el proyecto de reforma del presidente en materia de pensiones considere que la obtención de una pensión digna también es responsabilidad de los trabajadores y del gobierno, por lo que es necesario que también se aumente el porcentaje de aportaciones que ambos sectores realizan para el retiro.