El autor es Director de analítica de datos del IMCO y profesor de macroeconomía del ITAM.
Es deseable que se preserve el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que su objetivo consiste en disponer de una posición sólida que brinde el espacio para accionar programas de estímulo cuando sean necesarios. Específicamente cuando es indispensable promover proyectos desde la colaboración del estado para alinear a diferentes actores en torno a un objetivo de política pública.
Una nota de investigación del Banco Internacional de Pagos señala que un elemento crítico de la política fiscal en el proceso de recuperación económica posterior a la pandemia es su capacidad, en coordinación con la política monetaria, para promover un mayor crecimiento sin crear una presión relevante sobre las primas de riesgo del país. Sobresale que dentro de las acciones coordinadas, la política fiscal aventaja de tres formas: a) es más flexible para determinar la temporalidad de los programas de estímulo; b) se puede enfocar en determinados grupos de la población; y c) es posible enfocarla en rubros específicos del gasto que son más rentables para el crecimiento.
Destaca la relevancia de este análisis para México en medio del proceso de renovación de su gobierno federal, ya que la ciudadanía tendrá la labor de organizar las elecciones más grandes de su historia democrática, en la cual se renovará la Presidencia del país, las dos cámaras del Congreso de la Unión y un número nutrido de puestos de autoridad a nivel estatal y municipal. Es decir, habrá una renovación significativa de las personas que serán tomadoras de decisiones en los próximos años. Para las finanzas públicas esto significa que, de alguna forma, habrá nuevos aires en el enfoque de conducción del gasto en un entorno que vendrá acompañado de una política de consolidación fiscal, por lo cual la próxima administración tendrá que ser muy selectiva en sus prioridades.
Lo anterior viene a colación por la publicación del documento “Estados Con Lupa de Género 2024″ del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el cual señala los retos que tiene el país con relación a la participación de las mujeres en el mercado laboral a lo largo de su trayectoria profesional, y posteriormente, en su autonomía económica.
El documento desmenuza diferentes aspectos de la forma en que se diferencia la participación de hombres y mujeres, particularmente por factores que condicionan su trabajo: el monto del salario, los sectores productivos en los que se desempeñan y las prestaciones que reciben, es decir, si pertenecen al sector formal o informal de la población ocupada. Al respecto, sobresalen las cifras de emprendimiento entre la población económicamente activa (PEA) y la forma en que este tipo de actividad productiva se relaciona con las circunstancias de informalidad en la que viven millones de mujeres.
El estudio hace énfasis en las siguientes cifras, basadas en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI al cuarto trimestre de 2023. Los datos muestran que de los 24.8 millones de mujeres que pertenecen a la PEA, 6.2 millones, cerca del 25%, son emprendedoras. Como referencia, dentro de la PEA hay 36.2 millones de hombres, entre los cuales 10.1 millones, 28% del total, lo hacen como emprendedores.
Bajo esta primera capa de análisis pareciera que las cifras se encuentran equilibradas. No obstante, una segunda mirada nos permite comprender estos números. Al analizar a las 6.2 millones de emprendedoras, los datos del INEGI muestran que el 83% lo hacen en la informalidad. Es decir, si una de cada cuatro mujeres que participan activamente en la economía lo hacen desde el emprendimiento, cerca de 8 de cada 10 de estas emprendedoras lo hacen sin una red de seguridad social que les ayude a construir una atmósfera mucho más estable para ejercer sus labores, lo que termina penalizando su trayectoria esperada de ingresos.
El dato resulta más interesante cuando advertimos que de los 10.1 millones de hombres emprendedores, un 75% lo hacen desde la informalidad. ¿En qué radica la diferencia? El análisis del IMCO es contundente: nos invita a reflexionar sobre la forma diferenciada en que opera la flexibilidad del mercado laboral en función del género. El emprendimiento para las mujeres es una alternativa que permite flexibilizar aspectos de su participación en el mercado laboral, pero el costo que deben internalizar para lograrlo es laborar desde la informalidad, lo cual las posiciona de forma desfavorable frente a las labores de cuidado que ejercen en el hogar.
La política laboral del próximo gobierno debe privilegiar la atención a los aspectos que operan en contra de la participación de las mujeres y crear esquemas focalizados para que dicha realidad se modifique. La estrategia de consolidación fiscal del próximo gobierno será crítica para el manejo de las finanzas públicas, pero es precisamente esa disciplina la que abre la posibilidad para debatir formas más efectivas de proveer estímulos a la economía. Desde ese ángulo, es necesaria una política laboral enfocada en flexibilizar el mercado laboral para que las mujeres no tengan que internalizar por completo el costo de transacción para lograrlo.