Recientemente, nuestro país fue testigo de una de las jornadas electorales anticipadas del voto que reivindican a las personas en prisión preventiva, un grupo históricamente discriminado con motivo de su situación jurídica. Con esto, se avanza en la protección y garantía de los derechos políticos electorales.
El reconocimiento y ejercicio de los derechos no son concesiones, hay que recordar que esto es posible, gracias a que en el año 2018, dos personas privadas de libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social “El Amate”, municipio de Cintapala, Chiapas, ejercieron su derecho a demandar al Instituto Nacional Electoral (INE) su omisión para garantizarles el ejercicio de su voto mediante un procedimiento que les permitiera ejercer su voto, por ello presentaron un recurso de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Si bien estas dos personas afrontaban su proceso en prisión, aún no se encontraban sentenciadas, es decir, aún no había una determinación que suspendiera sus derechos políticos electorales.
Sin embargo, fue hasta 2019, cuando la Sala Superior del Tribunal concluyó que las personas en prisión sin sentencia tienen derecho a votar, amparadas bajo el principio de presunción de inocencia, de tal forma que instruyó al INE llevar a cabo una prueba piloto en 2021, con miras a que se implementara en el proceso electoral de 2024¹.
Así, en 2021, se hizo la “prueba piloto” que permitió llevar a cabo votaciones para personas en prisión preventiva en Centros Federales de Readaptación Social en todo el país. Un año después, en 2022, también hubo oportunidad de que el INE celebrara votaciones anticipadas en centros penitenciarios de Hidalgo y, en 2023, se llevaron a cabo jornadas anticipadas del voto en prisiones de los estados de Coahuila y Estado de México; esto sentó las bases del Modelo de Voto en Prisión Preventiva para las elecciones del año 2024 en todo el país.
Con este Modelo de Voto en Prisión Preventiva, hombres y mujeres bajo prisión preventiva oficiosa pudieron hacer efectivo su derecho de tal forma que del 6 al 20 de mayo de este 2024, el INE, los Organismos Político Electorales y los Sistemas Penitenciarios Estatales y Federal a través de convenios de colaboración garantizaron el derecho al ejercicio del voto con la celebración del proceso electoral anticipado en 215 centros penitenciarios distribuidos en estados de la República Mexicana. En este proceso se esperaba la participación de 30 mil 391 personas en prisión preventiva (27 mil 843 hombres y 2 mil 548 mujeres), de acuerdo con información del INE a través de la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva.²
Esto claramente implica una responsabilidad de observancia y protección de los derechos humanos, por ello la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio seguimiento desde la prueba piloto que se implementó en los Ceferesos elegidos y en las votaciones celebradas en los estados de Hidalgo, Coahuila y Estado de México, también dio continuidad a través de su labor de supervisión penitenciaria a las acciones implementadas por parte de las autoridades de los sistemas penitenciarios participantes.
Desde el 6 de mayo que iniciaron las votaciones anticipadas, los sistemas penitenciarios informaron a la CNDH sobre las actividades llevadas a cabo en sus centros penitenciarios hasta concluir las jornadas; este organismo también tuvo presencia en los 14 centros penitenciarios federales, a fin de constatar que las jornadas anticipadas del Voto en Prisión Preventiva transcurrieron sin incidentes, en centros penitenciarios estatales y federales donde tuvieron lugar.
De esta experiencia concluimos que en esta jornada anticipada, las personas en prisión preventiva ejercieran su voto sin contratiempos, las y los observadores electorales ciudadanos que acudieron en representación de algún partido político ingresaron y realizaron su tarea libremente; y el personal del INE hizo el debido resguardo del material electoral correspondiente. Esto fue posible gracias a la adecuada organización, logística, programación con orden y seguridad por parte de todas las instituciones y personas participantes.
Parte importante de esta organización fue la comunicación entre el personal de los centros y el INE, logrando acondicionar al interior de los centros penitenciarios, espacios adecuados para garantizar el pleno respeto a la secrecía del voto, y que este se emitiera en forma segura.
Una buena práctica implementada durante las jornadas de voto anticipado consistió en la traducción del material que contenía el sobre electoral a lengua originaria, sistema de lecto escritura en Braille, además, del trato atento que, en todo momento, personal del INE le brindó a las personas en prisión preventiva, principalmente hacia quienes pertenecen a grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Esto facilitó e incentivó la participación de todas las personas privadas de libertad para ejercer su derecho al voto.
A fin de garantizar que también quienes votaban por primera vez participaran, el sistema penitenciario del estado de Morelos, a través de su personal, incentivó la participación de las personas jóvenes en conflicto con la ley que aún se encuentran bajo proceso y cumplieron la mayoría de edad en internamiento en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes.
Para ello, acompañó al registro de las personas jóvenes al padrón electoral a fin de que obtuvieran, por primera vez, su credencial para votar con fotografía y ejercieran su derecho al voto durante las jornadas anticipadas programadas en los centros de esa entidad. Esto contribuye a visibilizar la participación de las juventudes en los procesos democráticos, accediendo a escenarios en los que ejercen su ciudadanía, es un acto de respeto a su desarrollo y autonomía progresiva, promoviendo también su reconocimiento como personas sujetas de derechos.
Sin duda, para nuestro país es un gran avance que contribuye a derribar obstáculos y prejuicios que se tenían con respecto al reconocimiento de los derechos políticos electorales para las personas procesadas, conforme al principio de presunción de inocencia; sin embargo, aún persisten resistencias, desinformación y estigmatización que ven aspectos negativos en celebrar votaciones al interior de los centros, sin reparar en el deber del Estado Mexicano en garantizar la progresividad de los derechos humanos de hombres y mujeres que todavía no son sentenciados.
A pesar de estos avances, estados como Yucatán y Veracruz no lograron garantizar el derecho al ejercicio del voto a las personas en prisión preventiva que así lo deseaban; más importante es el logro de que en 30 entidades del país los sistemas penitenciarios estatales y el federal, cumplieran con su deber de garantizar el derecho a la participación democrática de las personas privadas de libertad.
Esta jornada democrática, que esta vez nos acerca más a la participación plural, concluirá el próximo 2 de junio de 2024, cuando los votos ejercidos por las personas en prisión preventiva serán contabilizados a la par de los votos de las y los ciudadanos en libertad.
México avanza con pasos firmes hacia la construcción de contextos pacíficos, incluyentes y diversos, con una perspectiva de derechos humanos para todas y todos, reconociendo nuestras diferencias, creamos ciudadanía y nos acercamos más a que todas las personas ejerzan su derecho a ser parte de la vida democrática de nuestro país. Estoy convencida de que las acciones realizadas para hacer realidad las votaciones en prisión preventiva, nos acercan más la democracia participativa.
1. Información obtenida del portal del INE, sección Voto de las Personas en Prisión Preventiva. Disponible en: https://www.ine.mx/voto-de-las-personas-en-prision-preventiva/
2. Información obtenida del portal del INE, sección Voto de las Personas en Prisión Preventiva Proceso Electoral 2024. Disponible en: https://www.ine.mx/voto-de-las-personas-en-prision-preventiva- proceso-electoral-2024/
*Especialista y defensora de Derechos Humanos; abogada y maestra en Derechos Humanos y Democracia