Los foros y ‘Diálogos Nacionales’ sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para la reforma al Poder Judicial Federal, han iniciado, con la asistencia y participación inicial de los 11 ministros actuales de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para exponer sus puntos de vista sobre dicha iniciativa de reforma constitucional. La médula de esta consiste en modificar radicalmente el proceso de selección y designación de nuestros ministros, magistrados y jueces, para que el voto popular (al igual que en las ramas Ejecutiva y Legislativa) sea el factor decisivo para nombrar a estos servidores públicos integrantes de la Judicatura.
El ya famoso plan C ha preocupado e inquieta mucho a los mercados y a la comunidad inversionista, tanto nacional como internacional, ya que el argumento de ‘democratizar’ dicho proceso de conformación de ese poder de la Unión, no convence, ni tampoco el pretender contraponer a la justicia con los mercados, como sí se afectará a los ciudadanos por privilegiar a los inversionistas. En efecto, un sistema judicial profesional, eficiente e independiente protege los derechos del pueblo frente a las injusticias que cometen los poderosos tanto económica como políticamente; y permite administrar la justicia de manera más imparcial, sin riesgo de cooptación por parte de los partidos políticos o del gobierno en turno, desempeñando sus funciones de manera institucional y eficaz.
Los órganos judiciales, tanto federales como locales, son un factor esencial para el robustecimiento de la confianza en el entorno económico y político, también al otorgar seguridad jurídica con el cumplimiento de su misión constitucional, nuestros tribunales brindan certidumbre a las transacciones comerciales, al clima de inversión y, por ende, impulsan el crecimiento y desarrollo económicos de nuestro México.
En virtud de lo anterior, no existe una dicotomía o enfrentamiento entre los órganos de impartición de justicia, el pueblo y los mercados, sino, por el contrario, el ejercicio y defensa de los derechos constitucionales de la ciudadanía y de las empresas, requieren necesariamente de sistemas judiciales autónomos, surgidos de una carrera judicial meritocrática y honesta.
De tal suerte, el otro gran problema señalado como sustento de esta pretendida reforma judicial: eliminar la corrupción, atraviesa por otras medidas y políticas públicas, quizás en este caso, algunas modificaciones legales, pero sin ser necesario enmendar nuevamente el texto de la Carta Magna. La efectiva implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, contemplado en nuestra Constitución, sí es una tarea pendiente y pensamos no exclusiva de la rama judicial, sino también de los otros poderes de la Unión, mediante otros mecanismos y acciones administrativas.
Por todo ello, es de suma importancia que se estudie y analice esta iniciativa y propuestas, con toda seriedad y profundidad científica, académica, así como contando con las experiencias y realidades en la práctica en el foro jurídico, escuchando primordialmente a justiciables y juzgadores. Un uso avasallador de la nueva mayoría en el Congreso de la Unión y del poder reformador de nuestra Constitución, para aprobar este cambio radical en la Judicatura Federal, sin atender los planteamientos y recomendaciones de la actual ni de las minorías parlamentarias, puede provocar una grave afectación a nuestro Estado de derecho.
Esperamos que nuestra nueva presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y los líderes de los grupos parlamentarios mayoritarios, asuman la trascendencia política, económica y jurídica que esta mutación constitucional acarrearía, no solo para la administración de justicia, sino para el clima de seguridad jurídica, de certeza económica y de confianza para las inversiones, así como para el desarrollo y crecimiento de nuestro país.
El autor es doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional, socio de Santamarina y Steta.