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Uno de los primeros asuntos que requieren de la atención del nuevo secretario de Economía, es el resultado preliminar del panel sobre maíz transgénico que se dará a conocer en septiembre, días antes de que tome posesión el gobierno de Claudia Sheinbaum. México puede presentar observaciones escritas ante el panel en los 15 días posteriores a la presentación de dicho informe y los tres árbitros podrían entonces solicitar información adicional, reconsiderar su informe o realizar otros análisis, antes de emitir su decisión final. De acuerdo con el calendario de trabajo del panel, se estima que el reporte final se dará a conocer en noviembre, el que deberá incluir las opiniones divergentes sobre asuntos no acordados por unanimidad y que sentará diversos precedentes a nivel regional e internacional.
Se esperaba que durante la audiencia del 26 y 27 de junio, México presentara pruebas de haber realizado una evaluación de riesgo que justifique la emisión del decreto del 13 de febrero del 2022 y explicara porqué ignoró los protocolos de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) para efectuar dichas evaluaciones, como lo indica el capítulo nueve del T-MEC. El tratado permite a las tres partes emitir cualquier medida sanitaria o fitosanitaria (MSF) que contribuya a proteger la salud y la seguridad de su población y de su medio ambiente en tanto tenga bases científicas, o se sustente en normas internacionales, de manera que dichas medidas no funcionen como obstáculos innecesarios o encubiertos al comercio regional. En caso de que no existan normas internacionales pertinentes, el tratado indica que las MSFs deben sustentarse en una evaluación de riesgo que cumpla con los parámetros del Codex Alimentarius y con los protocolos de la CIPF.
México hizo referencia a diversos estudios que indican que el consumo de maíz transgénico puede ser dañino a la salud humana como sustento del decreto, que también menciona en los documentos que presentó ante el panel en enero y en mayo, información que Estados Unidos había solicitado desde el 2021. Además, argumenta que las normas del Codex son irrelevantes en este caso por el alto consumo de maíz entre los mexicanos, superior al de otros países, y que la información relacionada con la evaluación de riesgo del decreto se encuentra en el “Expediente científico sobre el glifosato y los cultivos GM”, preparado en el 2020, y en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB).
El panel preguntó a México cómo saber que dichas fuentes tenían la información pertinente al decreto del 2022, cuando habían sido creadas para la elaboración del decreto del 2020. Además, los árbitros comentaron que una colección de estudios con información sobre los posibles daños a la salud por consumo de maíz transgénico no es lo mismo que una evaluación de riesgo, que requiere, además de la evaluación transparente y en base a criterios científicos, las medidas para el manejo del riesgo y de la comunicación con las partes interesadas. En este contexto, los comentarios de México de que el decreto no ha mermado las importaciones de maíz procedentes de Estados Unidos quedaron de lado.
Por otra parte, el tema se ha politizado con la participación de organismos no gubernamentales que enviaron sus comentarios al panel. Algunos en favor de la postura mexicana, defienden los intereses de las comunidades indígenas, como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, el Grupo Vicente Guerrero, Poder del Consumidor y Semillas de Vida y otros atacan la metodología para determinar el riesgo de los alimentos del gobierno de Estados Unidos, como el Center for Food Safety, Friends of the Earth y el Institute for Agriculture and Trade Policy. Otros organismos, como Farm Action, el Global Development and Environment Institute, el National Farmers Union de Canadá, la Canadian Biotechnology Action Network y Biotechnology Innovation Organization presentaron comentarios por escrito que fueron rechazados por el panel.
Preocupa que México no ha podido hacer un sustento más robusto de su postura y que ello puede representar una sanción que repercutirá en todo el sector exportador. México exporta mucho a Estados Unidos, pero su oferta exportable se explica sobre todo por las empresas proveedoras de compañías estadounidenses. México no puede considerar esta vez que Biden negociaría el resultado del panel, pues ello cuestionaría la legitimidad del propio tratado, de cara a la revisión del 2026.