Los procesos de selección de jueces varían alrededor del mundo y tienen como objetivo primordial garantizar la selección de juezas y jueces calificados e imparciales que estén en posibilidad de defender los principios de justicia y equidad y el Estado de derecho.
Algunos países encargan la selección de candidatos a una comisión independiente (integrada por peritos en derecho, jueces senior o en retiro y académicos) en función de la experiencia, conocimientos legales y habilidades judiciales de los candidatos.
La lista de candidatos aprobada por esta comisión independiente es presentada posteriormente al Poder Ejecutivo o Legislativo, quienes toman la decisión final del nombramiento.
Estas comisiones se encuentran sujetas a criterios y procedimientos transparentes y previamente establecidos para evaluar a los candidatos, garantizando así un proceso de selección justo y objetivo.
Las decisiones adoptadas por la comisión independiente están sujetas al escrutinio público y pueden recurrirse si existen dudas fundadas de sesgos o acciones impropias durante el proceso.
El proceso de selección al que se encuentran sujetas estas comisiones independientes enfatiza la experiencia y el conocimiento de los candidatos. Al ser expertos en la materia, los integrantes de las comisiones se encuentran mejor calificados para evaluar las competencias y habilidades de los candidatos.
No existe un solo país en el mundo que designe a sus jueces federales a partir de un ejercicio de elección popular, salvo por Bolivia, en donde, después de dos elecciones en los años 2011 y 2017, el sistema ha resultado en un rotundo y absoluto fracaso.
Los jueces federales bolivianos han sido elegidos a partir de una preselección integrada en su totalidad por individuos incondicionales del partido en el poder y, en lugar de cumplirse la promesa de erigirse en jueces capaces e independientes, estos se han convertido en funcionarios a modo y burócratas incondicionales cuyo único incentivo es servir al del régimen en turno y conservar sus puestos y canonjías.
Las condiciones que prevalecerán en nuestro país a partir de septiembre replican de alguna forma aquellas prevalecientes en la Bolivia de Evo Morales en los años 2009 y 2011, cuando fue promulgada la constitución boliviana y se dio el primer proceso de elección de jueces por votación popular.
Los jueces deben ser imparciales y tomar decisiones basadas en la ley y en la justicia, no en la popularidad de campaña o en presiones políticas.
Es necesario insistir en que la propuesta de reforma al Poder Judicial que promueve el gobierno en funciones incluye modificaciones que parecen atender más a necesidades de carácter ideológico y de coyuntura política en una administración ya muy próxima a concluir su gestión.
Debemos insistir en la conveniencia de que la Dra. Sheinbaum cuente con la posibilidad de analizar, en este y en otros temas de su gestión, con un mecanismo menos ideológico y más científico, entendiendo y difundiendo claramente qué es lo que se pretende resolver y cuáles son las alternativas para lograrlo.
En este sentido, resulta claro que el sistema de administración de justicia de nuestro país requiere de una revisión y de una reforma profunda, que eficientice en forma radical su gestión. Ese, en nuestra opinión, es el qué, el objetivo que debe perseguirse. Sin embargo, y en forma muy desafortunada, la narrativa nos ha llevado a discutir el cómo, centrando la discusión en la manera de elegir a los jueces, con el agravante argumento maniqueo de que el proceso debe pasar por el voto popular para ser democrático.
La independencia judicial constituye un principio fundamental que garantiza que las juezas y los jueces adopten resoluciones libres de presiones e interferencias externas, siendo indispensable proteger la independencia del Poder Judicial y su capacidad de actuar como contrapeso a los poderes Ejecutivo y Judicial.
Dado que en temas sociales no existe una manera sencilla de experimentar en forma controlada, es necesario analizar qué se ha hecho en otros países y cuáles han sido los resultados obtenidos.
En este sentido, existen múltiples ejemplos en democracias liberales dignas de análisis que cuentan con procesos ya probados, transparentes y eficaces, para la selección de jueces.
Analicemos con responsabilidad las experiencias de otros países que cuentan con procesos de selección de jueces regidos por un análisis riguroso de méritos y competencias de los candidatos, estándares de ética y, sobre todo, una cultura probada de respeto a la ley y el Estado de derecho.