Director de analítica de datos del IMCO y profesor de macroeconomía del ITAM.
El pasado jueves 8 de agosto, la Junta de Gobierno del Banco de México anunció su decisión de política monetaria, la cual consistió en una reducción de 25 puntos base en su tasa de referencia, de 11 por ciento a 10.75 por ciento. La decisión fue ampliamente comentada porque resultó sorpresiva para diferentes analistas y el público especializado.
El factor de mayor sorpresa se dio en la votación, donde tres miembros de la Junta votaron por recortar la tasa y dos más por mantenerla sin cambios. No se veía una decisión tan dividida desde el 6 junio de 2014, cuando tres miembros votaron por un recorte de 50 puntos base y dos por mantener la tasa sin cambios. De ahí que la naturaleza de la votación generara extensos comentarios sobre las razones que la motivaron, entre ellos los que están directamente relacionados con la postura fiscal.
El primero es directo y tiene que ver con el efecto que tiene el nivel de tasa de referencia sobre los intereses que paga la deuda de corto plazo del gobierno federal. Según documentos de la propia Secretaría de Hacienda, cada punto porcentual adicional en la tasa de referencia incrementa el costo financiero del sector público en 30.5 miles de millones de pesos (MMDP). Por ende, un recorte como el anunciado la semana pasada contribuiría a reducir la presión sobre el costo financiero que enfrentan las finanzas públicas.
El segundo efecto es más complejo y está vinculado con el nivel del tipo de cambio. En los meses que siguen al cierre de cada año, el Banco de México publica sus estados financieros dictaminados, en los que desglosa su balance general y su estado de resultados. Recordemos que entre los activos del banco central están las reservas internacionales, las cuales, al estar denominadas en monedas extranjeras, dependen del tipo de cambio para determinar su valor en pesos. Por ende, si al 31 de diciembre del año correspondiente el peso mexicano se deprecia frente al dólar estadounidense (y otras monedas que determinan el valor de las reservas internacionales) con respecto a su cotización del 31 de diciembre del año anterior, se genera un rendimiento para el banco central en su contabilidad en pesos.
En 2015 se realizaron reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley del Banco de México para que el banco central transfiriera parte de ese rendimiento al gobierno federal, lo que ocurrió en dos ocasiones a través de un remanente de operación. La primera en 2016, cuando el gobierno federal recibió 239 mmdp correspondientes al ejercicio fiscal de 2015 y la segunda en 2017, año en que el monto transferido fue de más de 321 mmdp, correspondientes al ejercicio fiscal de 2016.
En ambos años el mecanismo clave fue la depreciación observada en el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera. Para el ejercicio fiscal de 2015, entre el cierre de 2014 y el de 2015 (17 por ciento), y para el ejercicio fiscal de 2016, entre el cierre de 2015 y el de 2016 (19.5 por ciento). En ambos casos los estados financieros del Banco de México documentaron fluctuaciones cambiarias a favor que contribuyeron a que la institución registrara un superávit financiero neto. En 2015, con una fluctuación cambiaria de 462.8 mmdp, el resultado neto fue de 378.2 mmdp, mientras que, en 2016, con una fluctuación cambiaria a favor de 582.8 mmdp, el resultado del ejercicio fue de 535.3 mmdp.
Este breviario es relevante porque este año es prácticamente un hecho que observaremos una depreciación del tipo de cambio entre el cierre de 2023 y el cierre de 2024. El tipo de cambio concluyó el año pasado en 16.9 pesos por dólar y los especialistas de la propia encuesta de Citibanamex esperan, en promedio, que cierre 2024 en 19.1 pesos por dólar, una depreciación de 12.8 por ciento. Si tomamos en cuenta el saldo de las reservas internacionales a julio, que asciende a 222.3 miles de millones de dólares, es probable que la fluctuación cambiaria contribuya este año en un monto superior a los 460 mmdp, similar a lo observado en el ejercicio fiscal de 2015.
Hay que añadir que dicha cifra puede favorecer un superávit financiero para el Banco de México al cierre de este año, a partir del cual su Junta de Gobierno deberá destinar recursos para incrementar su reserva de capital y destinar otro monto a su reserva de revaluación de activos. Asimismo, como ocurrió en el ejercicio fiscal de 2020, también es necesario amortizar las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores conforme al artículo 68 de la misma ley. Es posible que, una vez contemplados los aspectos mencionados previamente, el Banco de México transfiera un remanente de operación a la Secretaría de Hacienda entre marzo y abril del próximo año en un monto similar al registrado en 2015.
Para ello resulta clave que la depreciación del tipo de cambio se materialice hacia el cierre del año. Por lo tanto, si la Junta de Gobierno continúa sorprendiendo al mercado con una posición relativamente más acomodaticia, implícitamente podría favorecer un escenario para que dicho remanente se materialice a favor del gobierno federal a inicios del próximo año, contribuyendo a aliviar la presión que existe sobre las finanzas públicas. Veremos qué tan determinante resulta este escenario en las próximas votaciones del banco central.