Andrés Rodríguez Rodríguez, experto en Derecho laboral y constitucional de Santamarina Steta, S.C.
La reciente convocatoria de un paro indefinido por parte de los trabajadores del Poder Judicial Federal y a la que se han sumado ya los poderes judiciales de varios Estados, en respuesta a la iniciativa de reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, refleja un escenario previsible, pero preocupante. Esta situación exige un análisis más allá del ruido mediático y de las discusiones políticas que inevitablemente acompañan estos movimientos.
Desde una perspectiva técnica, la independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental para garantizar una impartición de justicia equilibrada y confiable. Las reformas que afecten su estructura deben ser evaluadas con un enfoque rigurosamente técnico, en lugar de estar condicionadas por una agenda política o, peor aún, por el peso de una decisión popular. De lo contrario, corremos el riesgo de comprometer no solo la justicia en términos generales, sino también los derechos y protecciones de los trabajadores y empleadores, tratándose de la materia laboral.
En el sector laboral, las decisiones judiciales desempeñan un papel crucial en la resolución de disputas, desde conflictos por despidos injustificados hasta la interpretación de cláusulas contractuales, en juicios individuales y aquellos de naturaleza colectiva. La estabilidad y la confianza en el sistema judicial son esenciales para garantizar que estas decisiones se tomen con imparcialidad y basadas en la ley. Si el Poder Judicial pierde su independencia, corremos un riesgo inminente de que estas resoluciones se vean influenciadas por intereses ajenos a la justicia, lo cual podría generar incertidumbre en el sector empresarial y un debilitamiento en la confianza de los trabajadores hacia el sistema.
La reforma propuesta parece buscar una mayor cercanía con las decisiones populares, lo que podría sonar positivo en teoría. Sin embargo, los conflictos judiciales y, en especial, laborales son un área extremadamente técnica, donde los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los empleadores están regulados por normas complejas y detalladas. Permitir que decisiones populares influyan en este tipo de procesos no solo es inapropiado, sino que llevará a resoluciones poco equitativas o incluso injustas, afectando eventualmente a ambas partes.
En este momento, es crucial que el análisis de la reforma judicial sea objetivo, riguroso, ético, ajeno a resentimientos y verdades populares. Las opiniones del pueblo, aunque válidas en muchos aspectos de la vida democrática, no deberían interferir en un área tan delicada y especializada como la justicia, sea laboral, o cualquier otra materia. La verdadera justicia radica en la aplicación imparcial y bien fundamentada de la ley, sin sesgos políticos, revanchismo o con base en el número de “likes” o “followers”.
Estemos atentos a los desarrollos de esta situación, que inevitablemente afectará el funcionamiento de nuestro sistema judicial. Como abogado postulante en materia laboral, puedo decir con certeza que cualquier modificación que vulnere la independencia del sistema judicial repercutirá en la estabilidad laboral del país y en la confianza de los actores involucrados, dañando inversiones, menoscabando la base productiva y, afectando más a los trabajadores, que son una parte muy importante del pueblo con el cual el actual régimen pretende justificar este desatino. La justicia no es, ni debería ser, una cuestión de mayorías.