Abogado líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta
Estamos ya en el cierre de la presente administración y en el umbral de la administración de la primera presidenta en la historia de nuestra República.
La administración, que inició con el llamado pecado original, la cancelación del proyecto de infraestructura más grande de Latinoamérica, ubicado en Texcoco, está por llegar a su fin.
Venimos insistiendo desde un inicio: esa decisión, la de cancelar un proyecto con un 35% de avance y que en su punto más alto generaría 500 mil empleos, perseguirá a esta administración durante todos sus días y más allá del fin de su mandato como una de las decisiones más irresponsables en la historia de la infraestructura del país.
El costo reputacional, la falta de certidumbre, el retraso en décadas en materia de conectividad aérea y, sobre todo, la dilapidación brutal de recursos públicos que de otra forma hubiesen podido ocuparse en otras necesidades, perseguirá la reputación de quienes tomaron esta decisión, comenzando por el presidente de la República en funciones y todos aquellos que acompañaron la toma de dicha decisión.
El costo será difícil de reparar en el corto y en el mediano plazo. Cifras confiables acerca de las proyecciones de demanda de tráfico en el Valle de México indican que, hacia el final del sexenio de la Dra. Sheinbaum, se requerirá transportar entre 85 y 100 millones de pasajeros. La alternativa planteada por esta administración consistente con la operación conjunta de un moribundo AICM, un improvisado AIFA y un abandonado Toluca no darían, ni actuando en conjunto a su máxima capacidad (asumiendo que ello fuere seguro operacionalmente), la oferta necesaria para satisfacer siquiera el 70 por ciento del umbral más alto de la necesidad proyectada para el año 2030.
Es decir, hay que decirlo con todas sus letras, esta administración heredará un problema mayúsculo en la materia hacia el año 2030.
Por su parte, en el umbral de la nueva administración, la narrativa de las administraciones saliente y entrante viene insistiendo en la aprobación de una serie de reformas constitucionales anunciadas por el presidente de la República el 5 de febrero del presente año, en lo que coloquialmente ha sido identificado por el régimen como su Plan C.
De las reformas planteadas durante el mes de febrero, tres llaman particularmente la atención por el efecto destructivo que podrían tener sobre el ambiente de negocios de nuestro país, amén de resultar violatorias de tratados y acuerdos comerciales, incluyendo por supuesto el T-MEC y el TIPAT.
La mal llamada reforma judicial, la desaparición de órganos reguladores autónomos y la reforma en materia de electricidad traerían efectos negativos sobre las inversiones existentes y aquellas proyectadas en nuestro país.
Existe consenso entre los principales socios comerciales del país, organismos internacionales, académicos y profesionales del derecho en el sentido de que la primera de las reformas planteadas, la mal llamada reforma judicial, tendría efectos negativos inmediatos en la impartición de justicia, la especialización de los jueces vía la carrera judicial (impulsada, por cierto, por este mismo gobierno en la reforma del año 2021), la politización de la actividad jurisdiccional, la credibilidad de nuestras instituciones y del Estado de derecho, afectando con ello las inversiones del sector privado y las ya comprometidas finanzas del país.
La reforma planteada, lejos de atender el problema de fondo, constituye una clara represalia del régimen a los contrapesos constitucionales que el Poder Judicial federal ha logrado imponer en ejercicio de sus funciones a iniciativas diversas, claramente inconstitucionales, originadas desde el Poder Ejecutivo y solapadas irresponsablemente por el Poder Legislativo.
¿Estamos en presencia de un nuevo pecado original? Es altamente probable, pero con una penitencia aún mayor a la que trajo el pecado texcocano.
En caso de aprobarse, perderán la independencia judicial y nuestra joven democracia, perderemos credibilidad y confianza como país, como socio y como mercado, y comprometeremos seriamente el país que pretendemos construir para las siguientes generaciones.
No es un tema menor este que particularmente los profesionales del derecho estamos llamados a atender antes de la consumación de un nuevo pecado original.