En un momento crucial para la economía mexicana, la propuesta de Reforma al Poder Judicial ha generado un debate intenso. Con las posibilidades del Nearshoring y la necesidad de fortalecer la economía, es vital evaluar con cautela los riesgos y beneficios que esta reforma podría implicar.
Desde el 2 de junio, día de las elecciones, el tipo de cambio se ha depreciado en alrededor de 14% y la expectativa de crecimiento para 2025 se ha venido reduciendo, pasando de poco más del 2.0 al 1.5 %.
De ahí la importancia de promover inversiones para asegurar el crecimiento económico, especialmente en un marco muy ajustado en el manejo del presupuesto público, en sintonía con lo expresado recientemente por el propio secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de contar con un proyecto que se “basa en la disciplina financiera, acatando la autonomía del Banco de México, el apego al Estado de derecho y facilitando la inversión privada nacional y extranjera”.
La certeza jurídica es clave para que los anuncios de nuevas inversiones extranjeras se materialicen. Anuncios que incluyen 166 proyectos públicos con una expectativa de inversión de 48 mil millones de dólares, mismos que se suman a los anuncios de 111 mil millones reportados durante 2023.
La buena administración de justicia es un elemento fundamental para el desarrollo económico. No hay progreso auténtico sin justicia. Se requiere, sin duda, una reforma integral que no sólo sea popular, sino que ataque el problema de fondo: habilitar y sostener, con la dignidad y la autonomía que requieren, a jueces, magistrados, ministros, secretarios y todo el personal judicial.
Garantizar sus derechos indiscutibles para que puedan vivir y trabajar con independencia y sin presiones políticas o de influyentes.
La seguridad jurídica, la independencia judicial, la eficiencia en la administración de justicia, la protección de los derechos de propiedad y la estabilidad constitucional son factores críticos que deben ser cuidadosamente considerados.
Un debate de tal envergadura no puede estar sujeto a los vaivenes de un proceso de transición de un gobierno a otro. Tampoco, desde luego, a las posiciones maximalistas de los partidos de todo el espectro político.
Creemos que el gobierno, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, tendrá en sus manos la oportunidad de apostar por el retorno a la concordia y al debate de fondo de las ideas, asumiendo así un gran liderazgo.
Abandonar el maniqueísmo en el que hoy está envuelta buena parte de la sociedad nos llevaría, con visión de Estado, a la unidad que México necesita. Una apuesta histórica, en medio las grandes incertidumbres sobre el futuro del país.
El análisis objetivo, constructivo y la colaboración entre gobierno, legisladores, sociedad y empresarios, permitirá avanzar en una Reforma que genere condiciones para el crecimiento sostenido y bienestar de los mexicanos. Un sistema judicial que no comprometa la estabilidad económica del país, la democracia y la defensa efectiva del ciudadano.
La incertidumbre legal que podría generar la actual propuesta es preocupante, ya que la seguridad jurídica es esencial para la inversión. Cambios abruptos o ambiguos en la interpretación de las leyes pueden disuadir la inversión, poner en riesgo la protección de los derechos de propiedad, limitar la innovación y la competitividad del país, afectar la confianza y el clima de negocios.
Para comprender la interrelación entre la estabilidad jurídica y el desempeño económico, es crucial reconocer que un sistema judicial confiable y predecible es fundamental para generar un entorno de inversión favorable.
La estabilidad jurídica no solo protege los derechos de propiedad y garantiza la ejecución de contratos, sino que también proporciona certeza a los inversionistas nacionales y extranjeros al minimizar los riesgos asociados con posibles cambios abruptos en el marco regulatorio.
En un contexto donde las empresas dependen de la seguridad y la predictibilidad para planificar sus operaciones y tomar decisiones de largo plazo, cualquier reforma al Poder Judicial que introduzca ambigüedades o altere significativamente las normas establecidas puede disuadir la inversión, limitar el crecimiento económico y erosionar la confianza en el mercado.
Asegurar una estabilidad jurídica sólida es esencial para impulsar un desarrollo económico sostenible y atractivo para el capital nacional e internacional.
Ex Presidente Coparmex CDMX
Presidente Grupo IPS – ASUME
Consejero Nacional Coparmex y CONCAMIN