Quedó claro que el gobierno no pretende escuchar a quien opine en contra de las reformas que busca implementar el Presidente, o tenga una propuesta distinta. Prueba de ello fue la pausa que anunció con las embajadas de Estados Unidos y Canadá y con el Departamento de Estado de la Unión Americana. En términos diplomáticos, esta medida no tiene sentido, pero en términos prácticos significa que dejará de atender aquello que digan los embajadores de dos de los tres países con quienes tenemos una mayor relación comercial.
Esta no fue la primera vez que este gobierno decreta una pausa con otro país. El 9 de febrero del 2022, el Presidente anunció entonces que se pausaban las relaciones político-económicas que se habían creado durante este siglo entre los empresarios españoles y los gobiernos mexicanos, desatando una andanada de especulaciones respecto a la relación de México con su principal socio comercial e inversionista entre los miembros de la Unión Europea. Este 18 de julio, el Presidente comentó que Claudia Sheinbaum podría terminar esta pausa y reiniciar la relación bilateral, aunque hasta la fecha no ha dicho los resultados de esta medida.
Una de las principales preocupaciones sobre las reformas que pretende el gobierno mexicano son las consecuencias que traigan para la economía del país y, sobre todo, el clima de negocios que establecerían en el corto y mediano plazo. A pesar de que el Presidente, Sheinbaum, algunos de los funcionarios que serán parte de su gabinete y los voceros del régimen han dicho que las reformas no tendrán consecuencias negativas y que los inversionistas no abandonarán a México, las experiencias derivadas de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el 2020 y de la fugaz declaración de independencia de Cataluña en el 2017 indican lo contrario. Las empresas toman sus decisiones con base en las condiciones del mercado que prevalecen en esos momentos y a las expectativas de la evolución del mercado: si las condiciones que determinan los elementos fundamentales del funcionamiento del mercado cambian, ello llevará a cambios en las decisiones de inversión y operación de las empresas, lo que se ha traducido en la salida masiva de empresas de Cataluña y en la caída en el PIB, en la inversión y en el empleo en Inglaterra.
La salida del Reino de la Unión Europea en enero del 2020, promovida por Boris Johnson, vino acompañada por la salida de unas 500 grandes corporaciones que se reubicaron en Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Países Bajos, Francia, Bélgica y España que afectó sobre todo al sector financiero. De acuerdo con un estudio realizado por Cambridge Econometrics sobre las consecuencias del Brexit y las expectativas para la economía del Reino Unido en la próxima década, que solicitó el gobierno inglés y que se publicó en enero, el Brexit se ha traducido en una caída anual del PIB de medio punto porcentual, lo que de aquí al 2035 representará un 10 por ciento acumulado menor que en caso de haber permanecido como socio. Además, la inversión ha caído en un 32 por ciento, dejando al Reino Unido como el país en el que se ha invertido el menor monto entre las economías del G-7 y que ha implicado una caída en el empleo en casi 1.5 millones de plazas y que puede tomar una tasa mayor en los próximos años.
Por su parte, la propuesta independentista de Carles Puigdemont –quien escapó a Bélgica– ha llevado a que más de ocho mil empresas, con ventas anuales superiores a los 56 mil millones de euros, dejaran Cataluña y establecieran sus oficinas centrales en otras ciudades españolas. La tremenda caída en la recaudación fiscal del gobierno catalán, y en el empleo, hizo que Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, propusiera en enero una multa para las empresas que salieron de esa comunidad autónoma, entre las que podemos citar a Banco Sabadell, Caixabank, Samsung, Pirelli, Zurich, Allianz y otras firmas que pertenecían al Ibex 35. Los efectos recaudatorios han sido de tal magnitud, que los partidos separatistas catalanes plantearon a Pedro Sánchez la independencia fiscal catana como condición para apoyarlo para lograr la investidura en noviembre.
Las cifras de inversión extranjera directa del primer semestre del año ya reflejan la incertidumbre que existe en los mercados sobre el futuro de México. Sólo el 2.9 por ciento del monto reportado corresponde a nuevos proyectos, cuando este porcentaje representa alrededor del 40 por ciento de un trimestre. El gobierno no puede asegurar que las reformas propuestas no tendrán serios efectos para la economía.