Presidente del Capítulo McAllen, Texas, de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM). Socio de Cacheaux Cavazos & Newton.
La reforma judicial en México, impulsada por una narrativa crítica al Poder Judicial Federal, está generando preocupación no solo en el ámbito interno, sino también en el comercio exterior y las inversiones internacionales. Las propuestas para cambiar el sistema de elección de jueces, magistrados y ministros, en mi opinión, carecen de las garantías necesarias para combatir la corrupción o, al menos, menguar la percepción de corrupción que permea en el sistema judicial. Esto puede tener consecuencias directas y profundas en la confianza que el país proyecta hacia los inversionistas extranjeros y sus relaciones comerciales.
Esta reforma compromete el Estado de derecho, el cual, es un principio esencial que garantiza que todas las personas, empresas y el propio gobierno estén sujetos a la ley. En este sentido, el Poder Judicial juega un papel crucial al garantizar que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa. Sin embargo, con la reforma judicial actual, el marco propuesto para la elección de jueces, magistrados y ministros introduce incertidumbres que pueden poner en duda la capacidad del Poder Judicial para cumplir con este rol.
A nivel estatal, la situación es aún más delicada, ya que se obliga a los estados a modificar su propio régimen de selección de jueces y magistrados, alineándose con el modelo federal. Esto puede erosionar la autonomía judicial local, debilitando aún más la confianza en la justicia imparcial, tanto a nivel interno como en la percepción de los inversores extranjeros.
Aún no se puede cuantificar el impacto en la inversión extranjera y el comercio exterior que esta reforma pudiere acarrear. El comercio exterior y las inversiones internacionales dependen de un entorno legal estable y predecible. Los inversionistas extranjeros necesitan garantías claras de que sus contratos serán respetados, que sus activos estarán protegidos y que cualquier disputa se resolverá de manera justa y eficiente. Un sistema judicial fuerte y transparente es fundamental para atraer y sobre todo retener la inversión extranjera directa (IED).
Sin embargo, la propuesta de reforma judicial genera incertidumbre en torno a la imparcialidad y la competencia de quienes ocupan cargos judiciales. La falta de experiencia judicial, la falta de experiencia en la judicatura o la incapacidad de algunos jueces para entender y aplicar principios como la perspectiva de género y los derechos humanos, agrava la percepción de un sistema judicial poco confiable. Esto crea un riesgo palpable para las empresas extranjeras, que temen enfrentarse a un sistema jurídico donde no se respeten plenamente sus derechos ni se apliquen las leyes de manera coherente.
La reforma crea una incertidumbre jurídica. Las empresas extranjeras se ven expuestas a riesgos de expropiaciones arbitrarias, decisiones judiciales inconsistentes y corrupción en la resolución de conflictos legales.
Esta inseguridad jurídica incrementa el riesgo percibido por los inversionistas, lo que, en última instancia, disuade la llegada de capital extranjero o la expansión de inversiones existentes. En un mundo globalizado con tendencias regionalistas, donde la estabilidad y la previsibilidad son esenciales para el éxito comercial, la falta de un sistema judicial independiente y confiable representa un obstáculo significativo para el crecimiento económico y el desarrollo del comercio exterior.
Es por ello que el papel del Poder Judicial en la economía de cualquier país, es un pilar esencial para la estabilidad económica. Las decisiones judiciales no solo resuelven disputas legales, sino que también establecen precedentes y proporcionan certidumbre a las transacciones comerciales. En México, la falta de confianza en el sistema judicial pudiera afectar directamente la percepción de la comunidad internacional sobre el clima de inversión en el país.
La reforma judicial, al no abordar adecuadamente los problemas estructurales del sistema, crea un vacío de derecho que puede tener efectos desastrosos para la economía mexicana.
Por ende, la reforma judicial en México no solo plantea riesgos para la independencia y la transparencia del sistema de justicia, sino que también puede tener un impacto directo en el comercio exterior y la inversión extranjera. Un sistema judicial débil e impredecible genera incertidumbre y desconfianza entre los inversores, lo que podría frenar el crecimiento económico del país en un momento crítico. La confianza en el Estado de derecho es esencial para el comercio y la inversión, y cualquier reforma que debilite esta confianza pone en peligro la competitividad y el atractivo de México en el mercado global.
Hoy por hoy deberemos apostar a las instancias extranjeras y a los mercados internacionales para que ellos jueguen un papel de contrapeso hacia el interior del país.