El sexenio de Andrés Manuel López Obrador buscó el fortalecimiento de Pemex y CFE, enalteciendo el principio de soberanía y rescató no solo a las empresas sino el concepto mismo de rectoría del Estado en la economía. La premisa es clara, con empresas fuertes y capaces es posible impulsar el crecimiento económico y promover holgadamente el desarrollo y bienestar, disminuyendo vulnerabilidades ancladas a la dependencia con el exterior. Los cambios fueron sustanciales, en el caso de la petrolera se revirtió la tendencia negativa en la desaceleración de la producción de hidrocarburos, se amplió el volumen de reservas, se invirtió en el sistema nacional de refinación para nuevamente tener capacidad instalada. En lo financiero, se disminuyó el elevado nivel de deuda con costo y se generaron utilidades (por primera vez en más de 10 años). En energía se realizó una inversión histórica, incluido el parque solar más grande de Latinoamérica, que aportará mil megawatts al sistema, se modernizaron las hidroeléctricas, en especial no se incrementó la tarifa eléctrica en términos reales. Mucho se ha escrito sobre el rescate del sector, en consecuencia, las siguientes líneas dirigen su atención sobre la política energética de los siguientes seis años.
La continuidad implica mantener en cauce el fortalecimiento de la industria energética pública. ¿Cuál es el sello propio?, dos conceptos: transición energética y pobreza energética. La propuesta programática enarbolada en campaña por la ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dedica un eje entero a la Soberanía Energética para el Desarrollo Sostenible. En el centro esta acelerar la transición energética, al mismo tiempo que se dota al país de seguridad en la materia, como lo hace China y Estados Unidos.
La semana anterior se presentó un cambio sustancial en el sector energético, con el propósito de cumplir uno de los objetivos y acelerar la transición energética. En los siguientes días, Pemex y CFE dejaron de ser empresas productivas y regresaron normativamente a ser empresas públicas, sentando las bases legislativas para ser punta de lanza de crecimiento y modernización. Actualmente, las condiciones de competencia en el mercado son desleales a las empresas energéticas nacionales, las limitan productivamente y restringen sus alcances económico-financieros. Con estos cambios se apunta a un plan nacional de descarbonización de la matriz energética, garantizando la suficiencia y confiabilidad del suministro, así como precios y tarifas asequibles, dotando a México de un sistema energético robusto, confiable, resiliente y sustentable.
Acelerar el proceso requiere un atrevimiento inédito y una focalización estratégica de recursos y proyectos que permitan generar el mayor impacto posible en un tiempo más corto, cuidando en todo momento la confiabilidad del sistema. Esta política es un desafío por la profunda recomposición tecnológica que exige su implementación. Busca, por un lado, reconvertir la matriz energética y, al mismo tiempo, garantizar el crecimiento económico y la atracción de inversiones para el bienestar de la población. México está consolidando un nuevo proyecto de nación que supone, entre otras cosas, el tránsito de una estructura económica neoliberal a una orientada a la prosperidad compartida; sobre todo de los que menos tienen y ahí es donde las fuentes de energía tienen un rol clave.
El propósito paralelo al anterior es erradicar la pobreza energética, anhelo mayúsculo que terminaría con crueles realidades de hogares enteros. La pobreza energética se expresa en la incapacidad de cubrir el costo de servicios básicos de energía, inhibe el bienestar térmico, presiona la restricción presupuestaria de los hogares generando malas condiciones y potenciando riesgos a la salud, entre otros. Sin energía la vida es impensable y la Presidenta tiene también un plan del que hablaremos después para las y los mexicanos.