Como cada año, la organización denominada World Justice Project (WJP) dio a conocer el reporte anual acerca del Índice de Estado de Derecho en 142 países, México incluido.
Para WJP, el Estado de derecho es un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa, y con total apego a los derechos humanos, basándose el Estado de derecho en cuatro principios universales: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y acceso a la justicia. Estos cuatro principios universales del Estado de derecho responden a estándares y normas aceptadas internacionalmente y han sido consultados por WJP con expertos en todo el mundo.
En el tema de acceso a la justicia, WJP considera que la justicia debe impartirse eficientemente por representantes competentes, éticos, neutrales e independientes que sean accesibles, con los recursos adecuados y reflejen la composición de las comunidades a las que sirven.
Como en otras ocasiones, el reporte mide preocupaciones en torno a los poderes de gobierno, niveles de corrupción, gobiernos abiertos, derechos fundamentales de la persona, seguridad, aplicación de un marco regulatorio eficiente, justicia civil, justicia penal y justicia informal.
La manera de medir la información se construye a partir de un esquema conceptual desarrollado por investigadores que consultan con académicos, profesionistas y líderes comunitarios alrededor del mundo.
Esta herramienta es una oportunidad invaluable para medir el avance o retroceso de los países en indicadores claros del Estado de derecho alrededor del mundo y permite evaluar la necesidad de proceder con reformas en la materia, así como buscar soluciones para el desarrollo global y regional, además de constituir una herramienta fundamental en la toma de decisiones de negocio alrededor del mundo.
La edición 2024 del reporte revela que la mayoría de los países experimenta retrocesos, marcados por extralimitaciones de los poderes ejecutivos, afectaciones a los derechos humanos y los sistemas de justicia que están fracasando en satisfacer las necesidades de las personas. Las tendencias autoritarias que incentivaron originalmente una recesión del Estado de derecho global en 2016 persisten desafortunadamente en todas las regiones del mundo. Sin embargo, por tercer año consecutivo, los descensos generalizados son menos extendidos y extremos. Algunos países han logrado revertir tendencias autoritarias, mientras otros han logrado avances considerables en tema de acceso a la justicia, medidas anticorrupción, y protección y defensa de los derechos humanos, demostrando que el progreso es ciertamente posible.
Soslayar los resultados de este tipo de estudios es un claro error considerando el prestigio que les precede y la utilización cada vez más frecuente en la medición de riesgos cualitativos en inversiones de largo plazo.
En el caso de México, la calificación global que obtuvo vuelve a ser reprobatoria y con un puntaje total de 0.41 (en una escala del 0 al 1.0), quedando en el nada honroso lugar 118 de 142 países evaluados y en un preocupante lugar regional 28 de 32 países.
Del año 2015 a la fecha, la baja de calificación de nuestro país ha sido consistente, pasando de 1.48 en el año 2015 a 1.41 en el año 2024. El dramático desplome registrado en los últimos cinco años es de más del 8.5 por ciento.
En el tema de corrupción, México ocupa el lugar 135 de 142, el lugar 130 en justicia penal, y en temas de orden y seguridad el lugar 133 de 142.
A lo alarmante de estos resultados hay que agregar que este reporte no registra aún los efectos de las modificaciones constitucionales que están siendo aprobadas durante el presente año, comenzando por la reforma judicial que sin duda tendrá un impacto en las calificaciones de nuestro país a reportarse a partir del año entrante, la mal llamada ‘supremacía constitucional’ y la desaparición de órganos reguladores autónomos.
El panorama es preocupante y nos puede ubicar en una situación todavía más delicada el año entrante, compartiendo lugares al final de la tabla con países como Venezuela, Camboya, Afganistán, Nicaragua o la República del Congo.
Más allá de narrativas de carácter político o ideológico de uno u otro lado del espectro, debemos preocuparnos y ocuparnos como país y como ciudadanos de mejorar el Estado de derecho en nuestra nación, cuya promoción y respeto nos beneficia a todos, y cuyo descuido perjudica igualmente a todos los ciudadanos y las familias mexicanas, incluyendo aquellos que se esmeran en su deterioro.
El autor es líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta.
