El viernes pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el Paquete Económico para 2025 frente al Congreso. En los Criterios Generales de Política Económica, documento que forma parte del paquete y que guía la estrategia de conducción de las finanzas públicas, Hacienda presentó un ajuste al plan de consolidación fiscal para reducir el incremento que se observó en el déficit este año. La presentación de esta estrategia es útil para cumplir con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con una perspectiva más realista a la presentada en 2023.
Hace más de un año, cuando Hacienda presentó el Paquete Económico para 2024, se anunció un incremento histórico en los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia y robusta del déficit público, de 3.9 por ciento del PIB en 2023 a 5.4 por ciento del PIB en 2024. En ese momento, para cumplir con lo establecido en la ley, la propia secretaría anticipó una implausible reducción a 2.6 por ciento del PIB tan pronto como 2025, que requería un ajuste cercano a tres puntos del PIB en el gasto.
A poco más de un mes de que finalice 2024, y con el inicio de una nueva administración, la cifra de déficit para este año se espera que incremente a 5.9 por ciento del PIB, casi medio punto por arriba de lo originalmente propuesto. Pero en este caso, la secretaría planteó un ajuste más moderado: una reducción de 5.9 por ciento a 3.9 por ciento del PIB entre 2024 y 2025, seguida de dos reducciones adicionales hacia 2027, año en que se espera reducir el déficit a 2.9 por ciento del PIB, por arriba del 2.6 por ciento que se propuso originalmente.
Una vez que Hacienda fijó el objetivo, resulta indispensable analizar si es factible alcanzarlo. De los dos puntos del PIB que requiere el esfuerzo, 1.8 provendrán del balance presupuestario, es decir, de los flujos de ingresos y gastos que administra la Secretaría de Hacienda. Por el lado de los ingresos se espera un crecimiento de 0.2 puntos, que se suman a la reducción de 1.5 puntos en el gasto total (la décima restante se explica por el redondeo de cifras). Lo anterior implica elevar los ingresos sin impulsar una reforma tributaria, y ejecutar múltiples recortes al gasto público.
En ambos casos, el planteamiento de las autoridades fiscales resalta la importancia que tiene el supuesto de crecimiento económico para el próximo año. Primero, porque cerca de dos terceras partes de los ingresos totales que se esperan recaudar provendrán del cobro de impuestos. Segundo, porque los recortes a ramos administrativos y a proyectos de inversión tendrán implicaciones negativas directas sobre la perspectiva de crecimiento del país.
Hacienda preparó sus expectativas fiscales, con una estimación puntual de crecimiento del PIB de 2.3 por ciento real para 2025, en un rango que oscila entre 2 por ciento y 3 por ciento. Como referencia, hay que notar que ningún especialista del sector privado, organismo internacional o agencia calificadora ha presentado una estimación de crecimiento para el próximo año dentro de ese rango. Además, el crecimiento esperado para la recaudación de impuestos es de 3 por ciento real, cifra que se explica particularmente por las mejoras administrativas que podrían contener estrategias de evasión y elusión de impuestos, aunque pareciera que el margen de mejora es estrecho tras una década de la aprobación de la reforma hacendaria de 2014.
Con base en las sensibilidades publicadas en Criterios, una expectativa de crecimiento de 1 por ciento o menor podría llevar la cifra de RFSP a un 4.1 por ciento del PIB o mayor, esto, al considerar el efecto a la baja que tendría sobre la recaudación, la menor presión sobre el gasto en participaciones y una base nominal más pequeña. Por lo que, frente a la presión que ejercerá el crecimiento sobre los balances fiscales, las calificadoras de riesgo podrían terminar recortando la calificación soberana de México al último peldaño en la categoría de grado de inversión.
Otro aspecto de disciplina para el marco fiscal vendrá de los participantes del mercado, quienes evaluarán las cifras presentadas en el paquete con base en las tasas que demanden en las colocaciones de deuda del gobierno federal. Así que la trayectoria que observemos para las tasas de Mbonos, UMS, Udibonos y otros incorporarán parte de la evaluación que se haga desde los mercados sobre el plan fiscal para el próximo año.
Para Hacienda el reto será enorme, y llevará a su favor un aspecto relevante: con las metas de superávit financiero impuestas a Pemex y CFE, de 0.7 por ciento y 0.1 por ciento del PIB, respectivamente, también hay un mensaje de disciplina presupuestaria para las empresas que contribuyen en mayor proporción al riesgo soberano. Quizá, si las autoridades encuentran la forma de disciplinar a ambas empresas, el juicio del mercado y las calificadoras sobre el cumplimiento de sus metas de déficit pueda ser más laxo. Habrá que ver en el curso del 2025 cómo evoluciona su implementación.
