Hace poco más de 15 años inicié mi primera aventura laboral y tuve el honor que fuera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde entonces, como escuché decir a uno de los hacendarios que más respeto, “he portado orgulloso esta cachucha”. La anécdota viene a colación porque el día de ayer se conmemoró el Día de la Trabajadora y el Trabajador Hacendarios, un hecho que descubrí años después de laborar en sus instalaciones alguna tarde que subía por el elevador.
Para quienes hoy trabajan en la trinchera de las finanzas públicas de nuestro país los tiempos son por demás retadores. Días atrás conversaba con un buen amigo al grabar un podcast que para los economistas esta época es compleja, puesto que muchos de los debates más importantes de nuestros tiempos han renovado bríos en todos los bandos, específicamente porque diferentes políticas que se implementaron en el mundo en los últimos 30 años han producido ganadores y perdedores que se han organizado políticamente para hacer vocal, y muchas veces visceral, sus triunfos y derrotas.
En medio de ese péndulo inevitable en torno a la discusión de la política económica, parece que nuestro país ha convergido a la importancia de preservar políticas públicas sanas. Una década pérdida, un error de diciembre y diferentes crisis de deuda convencieron al más escéptico de construir un marco de responsabilidad fiscal que transmitiera certidumbre sobre la conducción de la política fiscal. Si algo ha preservado el país, al menos en el deseo, es en la importancia de no romper ese pacto.
Las autoridades fiscales tienen por delante dos retos enormes. En las últimas semanas se le ha dado una enorme cobertura al proceso de reducción del déficit al que se comprometió la Secretaría de Hacienda en los próximos tres años. Con toda razón se cuestiona que esta estrategia dependa de contraer el gasto en áreas donde la participación pública es crítica y que se siga postergando la necesidad de promover una reforma fiscal que permita elevar la recaudación de ingresos para la Federación.
Pero al mismo tiempo que este tema acapara la discusión, es igualmente importante prestar atención al cierre de finanzas públicas para 2024. El anuncio de consolidación fiscal que requiere un ajuste de dos puntos del PIB al déficit supone que este año su medida más amplia, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), termine en 5.9% del PIB, no obstante, esta cifra continúa acumulando considerables presiones al alza, por lo que podría cerrar el año en un nivel ligeramente más alto, o podría obligar a las autoridades fiscales a trasladar parte de la presión hacia 2025, añadiendo retos a la reducción esperada del déficit para el siguiente año.
De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica para 2025, Hacienda espera que este año los RFSP cierren en un monto de 1.98 billones de pesos, de los cuales 1.69 billones se explican por la parte presupuestaria, esto es, el gasto adicional que ejercerá el gobierno con respecto a los ingresos que espera recaudar. Sin embargo, los ingresos podrían acabar por debajo de lo esperado, ya que se estima un crecimiento real del PIB entre 1.5% y 2.5%, pero los datos más recientes y las estimaciones sugieren que el crecimiento podría ser menor a dicho rango, lo que añadirá presión a la baja sobre los ingresos tributarios. Adicionalmente, las inercias que persisten en el gasto de inversión de las obras prioritarias para este año, la necesidad de recursos de las empresas públicas, aunado a la evolución del costo financiero, también presionarán al alza el gasto del sector público en la parte final del año.
Para el equipo hacendario, el cierre de finanzas públicas para 2024 y la reducción del déficit en 2025 serán labores herculeanas. El reto es múltiple: contener la presión sobre el déficit de este año, enviar señales creíbles sobre la reducción del déficit para 2025, comprometer a Pemex y CFE a adherirse al proceso de consolidación fiscal, emprender un programa de refinanciamiento de la deuda soberana frente a un mayor riesgo sistémico, gestionar las necesidades de apoyo de las empresas públicas, contener la desaceleración económica de inicio de sexenio y, desde la postura fiscal, plantar cara al reto que representará la presidencia de Trump para los activos financieros el próximo año.
Quizás lo que resulte más sensible sean los retos que se acumulen en el camino, empezando por los que aparezcan en el frente comercial, pues su impacto sobre el crecimiento del país podría comprometer aún más el panorama actual. Es innegable que el reto para la política fiscal es múltiple, pero también presenta una oportunidad para el equipo hacendario para reafirmar su compromiso con la estabilidad del país. En época de celebración hacendaria, no queda más que desearles todo el éxito posible.
El autor es Director de analítica de datos del IMCO y profesor de macroeconomía del ITAM.
