El Paquete Económico 2025 es, sin duda, un marco clave para analizar el rumbo fiscal y económico del país. La Ley de Ingresos, que proyecta ingresos por 9.3 billones de pesos, se destaca por dos elementos relevantes: no contempla nuevos impuestos ni incrementos en las tasas existentes, y basa sus expectativas en un crecimiento económico estimado entre 2 y 3 por ciento. Sin embargo, estas previsiones dejan entrever riesgos importantes que deben ser considerados tanto por el gobierno como por los contribuyentes.
La fragilidad de las proyecciones de crecimiento
El crecimiento económico proyectado, aunque razonable en función del dinamismo interno y la recuperación de ciertos sectores pospandemia, contrasta con estimaciones más conservadoras de organismos internacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional anticipan un crecimiento para México de entre 1.3 y 1.5 por ciento para 2025. Esta discrepancia plantea un reto evidente: si la economía no crece al ritmo esperado, la recaudación orgánica tampoco alcanzará las metas establecidas, generando un déficit en los ingresos públicos.
En este escenario, el gobierno se enfrenta a la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica y financiar programas sociales, infraestructura y deuda, lo que lo obliga a buscar fuentes alternativas de ingresos. Si bien no se han propuesto nuevos impuestos, es previsible que las autoridades incrementen sus esfuerzos de fiscalización. Esto incluye auditorías más exhaustivas, el uso intensivo de tecnologías para identificar riesgos fiscales y una mayor presión sobre sectores tradicionalmente más fiscalizados, como las grandes empresas y sectores focalizados.
El compliance tributario como imperativo empresarial
En este contexto, las empresas y contribuyentes deben adoptar una postura proactiva en cuanto a su cumplimiento fiscal. El compliance tributario, entendido como el conjunto de políticas, procesos y controles para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, se vuelve más relevante que nunca. Esto no solo implica llevar contabilidades claras y transparentes, sino también documentar adecuadamente las operaciones para evidenciar su materialidad y razón de negocio, dos aspectos fundamentales en las revisiones fiscales actuales.
El diálogo con la autoridad: asertividad y certeza jurídica
Ante una posible intensificación de las revisiones fiscales, es vital que los contribuyentes estén preparados para dialogar de manera asertiva con las autoridades. Esto implica no solo contar con argumentos sólidos y documentación de respaldo, sino también desarrollar habilidades de negociación y conciliación. En este contexto, los medios alternativos de solución de controversias adquieren un protagonismo especial.
Los acuerdos conclusivos, promovidos por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), son una herramienta eficaz para resolver disputas fiscales de manera más rápida y con menor desgaste. Este mecanismo permite que las partes, contribuyente y autoridad, lleguen a un entendimiento que otorga certeza jurídica al primero y garantiza la recaudación al segundo. Además, reduce significativamente los tiempos y costos asociados a los litigios fiscales tradicionales.
En paralelo, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias representa una alternativa interesante en el ámbito fiscal. Este instrumento, aunque no permite negociar los elementos esenciales del impuesto, sí facilita la discusión sobre el valor de las pruebas, la apreciación de los hechos y la interpretación normativa. En un entorno donde la relación entre autoridad y contribuyente puede ser percibida como adversarial, estos mecanismos ofrecen una vía para construir confianza y cooperación.
El rol del sector empresarial en la construcción de certidumbre
En este escenario, el sector empresarial tiene un papel activo que desempeñar. No basta con reaccionar ante las medidas de fiscalización; es necesario anticiparse a los cambios y participar en el diálogo público sobre la política fiscal del país. Es necesario abogar por una fiscalización equilibrada que, sin dejar de ser estricta, sea también justa y proporcional. Esto requiere un sistema donde el cumplimiento sea incentivado y no solo perseguido, y donde las empresas que actúan de buena fe y en apego a la ley encuentren un trato diferenciado frente a aquellas que incurren en prácticas evasivas o elusivas. #OpiniónCoparmex.
El autor es presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex.