Con la llegada de 2025 escucharemos, cada vez con más frecuencia, voces que resalten la importancia de la digitalización en nuestra vida cotidiana. Se trata de la base sobre la cual se están construyendo las sociedades que dominarán nuestro entorno en las próximas décadas y, aunque su adopción lleve ritmos de implementación heterogéneos en diferentes economías, es un hecho que la mayoría de los países del mundo avanzan en esa dirección.
Nuestro país no es la excepción, siendo una economía que ha estado ligada por décadas a los riesgos inherentes a la producción de una materia prima como el petróleo, no debemos perder de vista que ahora los datos son la materia prima por excelencia y la digitalización el mecanismo de procesamiento por antonomasia. En tiempos donde algunos desean revisitar las viejas glorias petroleras, no debemos obviar que la digitalización es nuestra versión de ‘refinería’ contemporánea.
Como sugieren diferentes especialistas del tema, no se trata de una tendencia, sino de una evolución necesaria en las herramientas para resolver los retos más significativos a escala internacional. No es casual que la mayor parte de las disputas por la hegemonía global estén irremediablemente asociadas a temas tecnológicos. Conceptos vinculados a la soberanía digital, entre ellos la dependencia tecnológica, el control de datos o el proteccionismo digital tomarán cada vez mayor protagonismo en las agendas multilaterales. Los organismos de cooperación internacional abordan cada vez más desde una perspectiva de estabilidad macrofinanciera aspectos vinculados a la brecha digital global, la ciberseguridad y el control de las infraestructuras digitales globales.
A estos últimos debemos añadir los riesgos asociados con la regulación sobre monedas digitales, sin desentender el rol de los bancos centrales con respecto a las emisiones digitales de sus propias monedas, las cuales crearán un contrapeso significativo a las criptomonedas habituales. Finalmente, la implementación de diferentes herramientas de inteligencia artificial en sectores productivos clave, que podría limitarse con pautas de control a la innovación, representa un reto extra para la ejecución de la política macroeconómica.
El gobierno mexicano ha dado pasos presupuestales importantes con una agenda coordinada a nivel federal en temas de digitalización. Además, encima del interés que denotan a nivel del gasto, hay que añadir las tareas que se plantean para fortalecer diferentes atributos de la postura fiscal de la mano de estrategias relacionadas con herramientas de digitalización.
Entre los aspectos que ya figuran en la intersección de inteligencia artificial y política fiscal está la implementación de diferentes modelos predictivos con fundamentos de aprendizaje automático (machine learning), que son útiles para anticipar el comportamiento de variables macroeconómicas que inciden sobre los ingresos que captura la Federación. Asimismo, favorece la simulación de escenarios para modelar los impactos que tendrían diferentes alternativas de conducción de las finanzas públicas.
A esta lista hay que añadir tareas sobre las que el gobierno mexicano ha puesto especial interés: estrategias de optimización de recursos para el balance público. En el caso del gasto, para evaluar mecanismos de eficiencia en la asignación de ciertos recursos, donde los modelos de aprendizaje por refuerzo muestran resultados promisorios. Para el ingreso resulta estratégico anticipar fraudes y mecanismos de evasión fiscal a través del análisis de volúmenes significativos de operaciones financieras. Esta última representa una de las apuestas más importantes para mejorar la recaudación en este ejercicio fiscal.
Quizás otra de las ventajas que las autoridades fiscales deban explorar este año, frente a la complejidad del entorno que enfrentan, tenga que ver con el uso de herramientas para adaptarse en tiempo real a choques no anticipados que vulneran las necesidades de endeudamiento del gobierno federal. En un escenario en el que Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos y en el mercado interno se materializa un entorno de desaceleración, será fundamental que la postura fiscal se pueda adaptar con mayor facilidad a estas perturbaciones.
Por último, existen retos vinculados a la digitalización en sí misma que se extienden al ámbito de las finanzas públicas y, por ende, no debemos perder de vista. Ahí se halla el enfoque de transparencia en el uso de los recursos públicos y los mecanismos de rendición de cuentas, lo que tendrá una relación directa con la confianza que tenga la ciudadanía en las instituciones federales.
Entre los riesgos que debemos señalar al respecto están las desigualdades económicas prevalecientes en nuestro sistema político que se pueden reforzar con una implementación descuidada de los mecanismos de supervisión basados en datos. En esa línea, habrá que prestar atención a los estándares de privacidad y seguridad de datos, un derecho cuya garantía dependerá directamente del gobierno y donde ineludiblemente habrá conflictos de interés. Veremos qué estándares se imponen y, de ese modo, cómo nos revelan las prioridades que tendrá el gobierno con respecto a los cimientos sobre los que desea construir su estrategia de digitalización.
