Cada año, unas doscientas mil mexicanas y mexicanos residentes en los Estados Unidos son deportados a México. Recientemente, este tema ha adquirido relevancia por las declaraciones del presidente electo Donald Trump respecto de intensificar la repatriación de migrantes mexicanos.
El potencial incremento en el número de personas repatriadas es motivo de preocupación, entre otras razones, porque muchas de ellas carecen de documentos oficiales para identificarse y ejercer sus derechos más elementales, como realizar trámites administrativos o bancarios, desplazarse dentro del país, contratar servicios básicos o incluso obtener un empleo. Sin identidad, la integración social es difícil.
A pesar de que las leyes reconocen diversas identificaciones con validez oficial (pasaporte, licencias de conducir, etc.), la credencial para votar (CPV) es, por mucho, la identificación oficial más común y aceptada en México, además de ser el instrumento indispensable para ejercer derechos político-electorales.
Por ello, el INE opera permanentemente 843 Módulos de Atención Ciudadana (MAC) en todo el país (48 distribuidos en los estados fronterizos del norte) con capacidad para atender hasta 80 mil personas diarias a nivel nacional y emitir hasta 120 mil CPV cada día.
Sin embargo, desde 2017 (durante la primera administración de Trump), el INE diseñó una estrategia específica para garantizar la emisión ágil de la CPV para personas repatriadas. La meta: que las mexicanas y mexicanos repatriados puedan (re)integrarse rápida y fácilmente al mercado laboral y a la sociedad mexicana, y que la repatriación sea una oportunidad para fortalecer los derechos de la ciudadanía.
Los principales pilares de esta estrategia, actualizada para su eventual implementación en 2025, incluyen:
- Incrementar el número de MAC en estados fronterizos del norte del país y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 48 a 60;
- Incrementar el personal de apoyo en esos módulos;
- Entregar las credenciales en los propios MAC en un plazo máximo de cinco días después de concluido su trámite;
- Realizar campañas intensas de orientación para que las personas repatriadas conozcan dónde y cómo tramitar su CPV; y
• Coordinar esfuerzos con el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Registro Nacional de Población (Renapo) para facilitar el acceso a documentos necesarios para tramitar la CPV, como actas de nacimiento y CURP.
La estrategia también contempla diversos escenarios de situación registral para atender las necesidades específicas de las personas repatriadas:
1. Aquellas con credenciales expedidas después de 2014 podrán obtener una reimpresión sin necesidad de presentar documentación adicional, siempre que sus datos biométricos coincidan en el sistema.
2. Para quienes tengan credenciales expedidas en el extranjero, se ofrecerá la posibilidad de actualizar su domicilio en territorio nacional.
3. Las personas sin registro previo o anterior a 2014 deberán presentar su acta de nacimiento, identificación con fotografía y comprobante de domicilio, o recurrir al apoyo de testigos en caso de no contar con los documentos requeridos.
La implementación de esta estrategia dependerá, en primer lugar, de que el INE cuente con una ampliación presupuestal suficiente. Sin ella, incrementar el número de MAC y su personal, así como llevar a cabo la campaña intensa de orientación, sería inviable. En segundo lugar, requerirá un esfuerzo colectivo y coordinado de varias instituciones. La colaboración del INM y de la SRE es indispensable para ampliar el alcance de la estrategia, y el apoyo del Renapo será clave para resolver las carencias documentales de muchas personas repatriadas.
Más allá de sus ventajas operativas, implementar esta estrategia fortalecería el ejercicio de los derechos humanos y político-electorales de las y los mexicanos repatriados. Por una parte, permitiría a las personas repatriadas participar en las elecciones locales de Durango y Veracruz y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (siempre que tramiten su CPV en tiempo y forma, claro). Por otra, facilitaría su (re)integración a la vida económica del país y, consecuentemente, disminuiría los riesgos que conlleva la exclusión social y laboral.
La estrategia del INE es un recordatorio del papel fundamental que desempeña la identidad en la vida de las y los ciudadanos, y ratifica nuestro compromiso con la democracia, con los derechos humanos y con la paz social.
Este artículo fue posible gracias a la colaboración de Cassem Velázquez Grunstein, Blanca Vélez Gallegos y Yunuhen Cruz Armenta.
*Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores.
