Debido a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, el programa IMSS-Bienestar no tuvo recursos presupuestales, el Consejo Técnico del IMSS determinó que, a partir de enero de 2025, este operará únicamente con financiamiento proveniente de las reservas operativas del instituto durante el primer trimestre del año.
Se trata de una medida excepcional adoptada para evitar que millones de personas en zonas marginadas pierdan un servicio médico vital. Sin embargo, la decisión pone sobre la mesa al menos dos debates urgentes: la falta de previsión en la asignación de recursos y la confusión que genera la coexistencia de dos esquemas diferentes con el mismo nombre.
El ‘programa’ IMSS-Bienestar nació en 1979 como IMSS-Coplamar, un servicio de solidaridad social enfocado en comunidades de alta marginación. Desde entonces, y tras diversos cambios de nombre, es soportado por la Federación mediante el ramo 19 (Aportaciones a la Seguridad Social) y administrado por el IMSS en su régimen obligatorio. Esta estrategia de salud ha beneficiado a más de 11 millones de personas sin seguridad social, a través de 80 hospitales y decenas de miles de Unidades Médicas Rurales.
Por otro lado, en agosto de 2022 se creó el Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar, concebido para absorber las funciones del extinto Insabi y encargarse de la atención médica gratuita para la población sin seguridad social. Este nuevo ente cuenta con fuentes de financiamiento distintas, como el Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y otras partidas provenientes de la Secretaría de Salud.
Tanto el ‘programa’ IMSS-Bienestar como el OPD IMSS-Bienestar son entidades completamente diferentes. La intención, desde el inicio, era que el OPD fuera asumiendo poco a poco las obligaciones y el presupuesto del ‘programa’. Sin embargo, en la práctica, este último no ha sido disuelto formalmente, por lo que invariablemente requiere de presupuesto federal para su operación.
La Ley del Seguro Social (art. 274) y el Reglamento Interior del IMSS (art. 66, fr. IX) obligan al director general a solicitar el presupuesto necesario para su operación anual. Este paso se omitió en la propuesta del PEF 2025, de tal forma que simplemente dejó de aparecer la partida que cada año se asignaba al ‘programa’ IMSS-Bienestar (PEF 2025, ramo19).
Ante esta omisión, el Consejo Técnico del IMSS decidió, en su sesión del 18 de diciembre, autorizar el uso de las reservas operativas para sostener el programa durante tres meses, mientras se encuentra una solución de mediano y largo plazos. El acuerdo ACDO.AS3.HCT.181224/471.P.DF, busca garantizar, aunque sea temporalmente, la atención de los beneficiarios y el pago de casi 26 mil trabajadores, incluido el personal jubilado.
No obstante, el uso de dichas reservas plantea un dilema legal y financiero: el artículo 281 de la Ley del Seguro Social estipula que las reservas provienen de cuotas obrero-patronales y de aportaciones federales, mismas que son destinadas a las prestaciones y gastos administrativos propios del IMSS. En ninguna parte se faculta el uso de estos fondos para un ‘programa’ de solidaridad social. Peor aún, la misma ley subraya que, en caso de que el gobierno federal requiera apoyo del IMSS para combatir la marginación, debe proveer oportunamente los recursos necesarios con cargo al presupuesto federal, como venía sucediendo hasta el año pasado.
¿Por qué, entonces, los representantes obreros y patronales en el Consejo Técnico avalaron una medida que aparenta contravenir la ley y comprometer el tripartismo? La lógica de emergencia es clara: dejar sin cobertura a millones de personas en zonas marginadas hubiera sido una catástrofe política y social. Sin embargo, la omisión en la solicitud de recursos para 2025 sigue sin explicarse ¿Fue una negligencia administrativa, un desacuerdo político o un simple olvido?
A esta incertidumbre se suman otras preguntas igual de urgentes: ¿Qué sucederá después de los tres meses de ‘gracia’? ¿El OPD IMSS-Bienestar asumirá plenamente la operación y el financiamiento de la atención a personas sin seguridad social? ¿O el ‘programa’ seguirá existiendo en un limbo administrativo que ponga en riesgo su viabilidad a futuro?
Es indispensable que las autoridades encuentren un acuerdo que subsane esta situación, pues está en juego la estabilidad laboral de miles de trabajadores y la atención médica de millones de mexicanos que, en muchos casos, dependen del programa IMSS-Bienestar para recibir atención médica.
México no puede permitirse que sus sistemas de salud vuelvan a empantanarse en confusiones burocráticas y errores de planeación presupuestal. Al final, el único perjudicado es el eslabón más vulnerable de la cadena: la población que vive en la pobreza.
El autor es médico especialista y analista en temas de salud.
