La soberanía energética es el núcleo de la política energética y una de las claves para cumplir con las grandes metas nacionales. Por ello, durante la administración de la presidenta Sheinbaum estamos generando la energía necesaria para llegar a todos los hogares, garantizar el despliegue de las actividades económicas, la industria y el comercio, y cumplir con los objetivos del Plan México.
Y no lo estamos haciendo de cualquier manera, sino innovando, porque en gran medida lo vamos a hacer con energía limpia, a partir de la convicción y el liderazgo de la propia presidenta para impulsar la transición energética.
En ese sentido, la transición no es un objetivo separado de la soberanía, sino una de sus expresiones más importantes. Apostar por energías renovables significa reducir nuestra vulnerabilidad frente a la volatilidad energética internacional, aprovechar los recursos del país para generar energía, pero también empleo, inversión e infraestructura.
El pasado 24 de junio presentamos el Plan de Generación de Energía Eléctrica con Fuentes Renovables, una ruta con compromisos concretos, fechados y medibles que resumo a continuación.
El más importante: vamos a incrementar en 32 mil megawatts (MW) la capacidad de generación eléctrica al 2030. De este total, 22 mil MW, 70 por ciento, provendrán de fuentes renovables, con lo cual, al final del periodo, 38 por ciento de la energía inyectada a la red será renovable. Nunca en la historia del país habíamos tenido un plan de ese tamaño que apuesta por la sustentabilidad.
El plan contempla el desarrollo de centrales que utilizan la luz del sol, la fuerza del viento y el calor de la tierra para generar energía, consolidándose como pilares de la transición energética.
Para avanzar en ese objetivo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construirá centrales fotovoltaicas y eólicas que se sumarán a las hidroeléctricas que se están repotenciando y modernizando, para hacerlas más eficientes y alargar su vida productiva.
A la par, asignamos 55 proyectos de generación que sumarán 10,883 MW de capacidad y 3,640 MW de almacenamiento conjunto. Vamos a construir, primordialmente, nuevas centrales con inversión pública y mixta donde la CFE mantiene la propiedad y no se cede la soberanía.
Y falta por adjudicar 9,050 MW que serán asignados antes de que termine el año. Eso significa que el próximo año tendremos cerca de 100 centrales en construcción con inversión pública y mixta.
Pero la transición requiere mucho más que paneles solares o aerogeneradores, necesita una cadena de valor completa: generación, almacenamiento, transmisión, distribución, financiamiento. Por eso, el nuevo modelo energético crea condiciones para que la inversión pública se complemente con otras fuentes de financiamiento.
Un botón de muestra es la agenda de simplificación y digitalización con la que redujimos de 18 a 6 meses el tiempo requerido para el trámite de permisos y contratos de interconexión, eliminando 23 requisitos administrativos.
En este proceso no hay improvisación, sino planeación y continuidad. La CFE respalda la transición con centrales firmes, cuya construcción inició desde el sexenio pasado, para garantizar la continuidad del servicio: ya inauguró seis centrales de Ciclo Combinado en estos dos años, tres se inauguran entre 2027 y 2028 y siete más antes de concluir el sexenio.
Estas centrales aportarán cerca de 9,400 MW de capacidad y darán viabilidad a la incorporación de tecnologías renovables, sin afectar la confiabilidad del sistema.
Adicionalmente, en transmisión hemos concluido 34 proyectos y 60 se encuentran en ejecución, mientras que en distribución construimos 33 nuevas subestaciones, 61 ampliaciones y 2,304 proyectos de modernización de redes. Se trata de inversiones necesarias que deben preceder la entrada de las nuevas centrales eléctricas.
Y todo esto cumple el mandato de la Constitución: asegurar la prevalencia del Estado en la generación eléctrica. Para lograrlo se invertirán 739 mil millones de pesos, con inversión pública y mixta, sin afectar el techo de endeudamiento de la Comisión Federal de Electricidad y manteniendo para el Estado la propiedad de los activos, sin cederlos ni concesionarlos, como ocurría en el pasado.
Esto representa una rectificación histórica de la mayor importancia. Entre el 2000 y el 2023, la participación pública en la generación eléctrica pasó del 99 al 43 por ciento, llegando incluso a estar por debajo de la generación privada. Esa relación comenzó a revertirse durante la administración del expresidente López Obrador, y con la presidenta Sheinbaum, el compromiso es que el Estado suministre el 61 por ciento al 2030.
Pero la transición también es justicia. En los primeros dos años de gobierno hemos realizado 20,377 obras de electrificación, invirtiendo 12,830 millones de pesos en beneficio de más de 600 mil personas. Y mediante el programa Techos Solares, hemos instalado 5,168 sistemas fotovoltaicos, beneficiando a más de 16 mil personas y generando ahorros de 38 millones de pesos.
Soberanía, transición y justicia energética forman parte de la transformación; el reto es hacer de la energía limpia una palanca de desarrollo nacional. Inversión pública, propiedad pública y soberanía no son deseos, son hechos y proyectos concretos, en marcha, con una hoja de ruta clara, completa y promisoria de la presidenta Sheinbaum para avanzar hacia un futuro con menor impacto ambiental.
