Hoy el pleno de la Corte va a discutir el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán sobre los derechos de las audiencias. Para preservar la libertad de expresión es necesario que ocho de los ministros consideren que, por vicios en el procedimiento, el Congreso debe legislar nuevamente en la materia en un lapso de seis meses. Si no sucede lo anterior y el proyecto se rechaza o se da pie a que regrese la reforma de 2013, habrá graves consecuencias para esta libertad fundamental, pues el Estado tendría la potestad de nombrar a los defensores de las audiencias y establecer códigos de ética para los medios electrónicos, ya que estarían sujetos a la autorización oficial. Igualmente se regresaría al absurdo de pretender diferenciar en todo momento la información del análisis o la opinión, lo que crearía informativos de corte soviético. Las multas por incumplimiento podrían llegar hasta 3 por ciento de los ingresos brutos de las emisoras. Así que en esta coyuntura es muy grave lo que está en juego.
Cambio de poderes, sin sobresaltos
A diferencia de los últimos cuatro años, en esta ocasión en San Lázaro aseguran que el cambio de mandos en los máximos órganos de gobierno en la Cámara de Diputados será terso, con acuerdos, sin sobresaltos y con el “cumplimiento de la palabra” de los partidos y de sus líderes. “La palabra es el instrumento fundamental, el instrumento de trabajo fundamental de un político es su palabra; si no tienes palabra no sirves para esto”, deslizó el jefe de la mayoría de Morena, Ignacio Mier. Van él, como presidente de la Junta de Coordinación Política, y el panista Santiago Creel, que encabezará la Mesa Directiva. “Con la palabra, la tolerancia, la prudencia, los acuerdos, sin renunciar a que pertenecemos a proyectos políticos diferentes”; esta vez, sin conflictos, el próximo miércoles a las 18:00 horas, asumirán sus cargos.
Prometer (y gastar) no empobrece
En campaña es muy fácil prometer y gastar a manos llenas… y si no pregúntenle al exdelegado en Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo, a quien aún lo andan persiguiendo por ahí por deudas de la campaña pasada. Debería saber el hoy morenista que el haber ejercido el cargo no lo exime de pagar lo que se debe, tarde o temprano. El caso es que –nos dicen– ya le fueron con el chisme a su jefa, Claudia Sheinbaum. Veremos.
Mejor, una app para legislar
Debido a que una de las grandes preocupaciones del gobierno federal es la recaudación fiscal, extraña que, aunque el año pasado el SAT captó más de 2 mil 600 millones de pesos en contribuciones de casi 350 mil causantes que trabajan en plataformas tecnológicas de reparto y transporte, se quiera pasar en el Congreso una ley regulatoria para apps que reduciría esta fuente de impuestos. La propuesta de cambiar el régimen laboral de repartidores de comida y choferes privados de aplicaciones electrónicas dejaría sus ingresos formales al nivel del salario mínimo, y con ello no sólo el fisco perdería recursos, sino incluso generaría costos para el SAT, en un 2023 que no será precisamente un año de bonanza económica. Veamos qué opina al respecto la cada vez más presionada Raquel Buenrostro.
La joven promesa del destape
Manuel Bartlett, director de la CFE, aún se ve politiqueando, al menos, durante los próximos tres años. Ello viene a cuento porque ayer le echó el ojo al líder sindical de la División Golfo Norte, Daniel Peña Treviño, y al jefe de la Oficina de Mantenimiento CFE División Golfo Norte, Luis Francisco Gutiérrez Roque, al asegurar que “estuvieron brillantes” durante el encuentro con el presidente López Obrador y a la primera oportunidad, sostuvo, dijeron más que los diputados que suben y bajan de tribuna y “no dicen nada”, por lo que “ya los estamos anotando para candidatos, a cualquiera de los dos”, porque además ya cuentan con base social. Queda claro que el veterano político ya se asumió como destapador de corcholatas legislativas.