Sí Vale, el principal proveedor de vales del país, debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la friolera de 11 mil millones de pesos por concepto de un crédito fiscal.
Esta deuda puede ser otro gran obstáculo que impida que la firma francesa Sodexo se quede con su competidor en México y concentre 52 por ciento del mercado.
Se conoce que esta semana en París es de alta prioridad para el mandamás de Up Group, Youssef Achour, dueña de Si Vale, y su colega y competidor, Denis Machuel, presidente de Sodexo.
Y es que allá podría cerrarse la transacción entre estos dos colosos que controlan el mercado global de incentivos de empresas a sus empleados, valorado en más de 40 mil millones de dólares.
Sin embargo, la operación en México enfrenta varios desafíos, más allá de la acaparamiento del mercado local, valuado en unos 8 mil millones de dólares, y ahora este escollo con el organismo de Raquel Buenrostro.
Sí Vale, que dirige Gerardo Yepez, trae fiscalmente atorada la adquisición de Prestaciones Universales desde 2013, cuando se la compró a Grupo Monex, que comanda Héctor Lagos Dondé.
El cobro del crédito fiscal lleva tiempo litigándose en tribunales y llegó ya hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Arturo Zaldívar, instancia que deberá pronunciarse.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tampoco será una aduana menor, pues se sabe que Lex Mundi, una firma global de abogados, presentó una denuncia para bloquear la adquisición de Sí Vale.
El bufete representa a una empresa extranjera con intereses en México en el sector, la cual se vería afectada por la concentración de poder que traería el monopolio Sodexo-Sí Vale.
Al recurso de Lex Mundi, que representa aquí Basham Ringe y Correa, que lleva Luis Ortiz Hidalgo, se sumaría otra de Efectivale, filial de Fleetcor que dirige Pedro Kuri, también por concentración.
En Italia Sodexo y Up Group están negociando unir sus negocios: las conversaciones finales entre Stefano Biaggi y Marc Buisson, los CEOs, avanzan viento en popa.
Las autoridades de competencia europeas estarán muy vigilantes en la aprobación de esta fusión, que crearía un monopolio en el sector de emisores de vales en Italia, Brasil y México.
Y YA QUE nos referimos al SAT, ahí están las declaraciones de hace unos días, en el sentido de que va por la recaudación de unos 200 mil millones de pesos con la reforma fiscal de 2022. Las autoridades incrementarán su capacidad para que todo mundo pague impuestos. El foco de Raquel Buenrostro va a estar en los grandes contribuyentes, principalmente, sin dejar de lado a pequeñas y medianas empresas. En esa tesitura se inscriben también los acuerdos conclusivos para que 346 grandes grupos que buscaron la protección de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que dirige Luis Alberto Plascencia, paguen, lo que representa una bolsa de 50 mil millones de pesos. Asimismo, se empezarán a litigar pagos de transnacionales que utilizaron esquemas de outsourcing y despachos de abogados que obtuvieron ganancias de casos que hoy para la 4T significan un menoscabo para el Estado. Tal es el caso del bufete Cavazos-Flores que el gobierno de Felipe Calderón contrató para liquidar la Compañía Luz y Fuerza del Centro. La firma del abogado Humberto Cavazos ya está empezando a ser evaluada por la Procuraduría Fiscal, de Carlos Romero. Se dice que cobró por sus servicios alrededor de mil millones de pesos.
NO SÓLO CPI fue desplazado en el último momento de las asignaciones de claves de medicamentos. Le decía también que otro jugador que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) sacó de la jugada en estos primeros contratos por 7 mil millones de pesos que se fincaron entre el jueves y sábado pasados fue Birmex. El responsable de neutralizar a Pedro Zenteno fue el mismo Juan Antonio Ferrer, quien se impuso en la intención de mantener la distribución con privados. Disur, de Víctor Sánchez, fue el principal ganador con 120 claves y unos tres mil millones de pesos. Dicen que lo apadrina el subsecretario de Gobernación Rabindranath Salazar. Le decía que junto con CPI fueron seleccionados para llevarse la mayoría del pastel de 35 mil millones de pesos de lo que se debe terminar de licitar esta semana para cubrir el abasto de 2021 que no logró la Unops. Pero resultó que los de CPI, de Gerardo Morán, son socios de José Antonio y Francisco Pérez Fayad, de Fármacos Especializados.
OTRO FUNCIONARIO EN la tablita es Oscar Argüello, titular de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Le atribuyen la pésima gestión que tuvo con los adeudos de turbosina de Interjet y la mala administración como presidente del Comité Técnico del MRO de Mexicana. El taller está quebrado, han entregado al Aeropuerto Benito Juárez áreas de la instalación e incluso han pedido la capitalización de sus adeudos de más de 60 millones de pesos, pues no tienen cómo pagar la renta. El MRO, que dirige Emilio Otero, llegó a tener una plantilla de más de mil 200 trabajadores y hoy solo laboran unos 450, a los cuales, por cierto, les pagan una bicoca por falta de recursos. Es una pena que lo que alguna vez fue la joya de la corona de Mexicana, ahora esté al borde de la desaparición por los malos manejos de estos personajes.
LE PLATIQUÉ DE esta primera reunión de Rogelio Ramírez de la O con Rocío Nahle, Manuel Bartlett y Octavio Romero en Palacio Nacional. Fue la semana pasada con Andrés Manuel López Obrador. El Presidente ya se desesperó de que a tres años no se hayan podido licitar nuevas plantas de ciclo combinado. El problema es la altísima burocracia en la CFE. También en la mesa de discusión quién debe importar el gas natural para consumo interno. Aparentemente la mejor propuesta es la de CFE que el que importa Pemex por una negociación que hizo Elvira Daniel y que fue criticado por el mismo Bartlett. Por ahí está el saque de los temas energéticos que está tomando el nuevo secretario de Hacienda.