La Oficialía Mayor de Hacienda, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el IMSS y el ISSSTE perdieron prácticamente una semana en la compra de medicinas y demás insumos para la salud.
Las dependencias que encabezan Arturo Herrera, Juan Antonio Ferrer, Zoé Robledo y Luis Antonio Ramírez se volvieron a atorar en la correcta ejecución de la asignación de nuevas claves.
En la semana que concluyó el sábado pasado no habían conseguido fincar ninguna nueva clave. Las instituciones del sector salud lograron cerrar en la semana del 14 de junio cerca de 385.
Para esos días inició la compra, ya coordinada por la oficial mayor Thalía Lagunas, tras de que un par de semanas antes el Insabi hiciera la investigación de mercado en la que participaron cerca de 105 proveedores.
De principio el sector salud de la 4T dio preferencia a los laboratorios nacionales porque eran los que tenían la disponibilidad de las claves, los precios más competitivos y porque se quiso mejorar la relación con ellos.
Pero en una segunda etapa, y en virtud de que no había proveedores nacionales, se compraron otras 50 claves de fuentes internacionales, principalmente de India.
Entre ayer y hoy se deben estar publicando en CompraNet las claves desiertas en esta nueva ronda, alrededor de 250, más otras 950 claves de material de curación, rubro que apenas se está liberando.
Como le mencioné, estaba muy cuesta arriba cumplir con la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que para la semana pasada se lograrían abastecer los medicamentos oncológicos.
Simplemente no hay producto en el mercado: el gobierno tiene planeado ejercer solo en esa línea terapéutica cuando menos 15 mil millones de pesos, con énfasis en los niños que padecen cáncer.
Se identificaron laboratorios de India, Corea y Lituania, pero los oncológicos se estima que por complicaciones por el Covid-19 en la cadena de suministro no podrán llegar inmediatamente.
Lo que resulta de una negligencia criminal del gobierno de López Obrador y la secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer, es que se le siga negando a Pisa el abastecimiento del vital medicamento.
Este laboratorio de Guadalajara, que preside Carlos Álvarez Bermejillo, es el único que hoy podría surtir a los hospitales públicos de los productos oncológicos que demandan los niños.
Pero no lo puede hacer porque vaya usted a saber qué le hicieron al inquilino de Palacio Nacional que los vetó y está empeñado en quebrarlos.
Y EN MÁS de desabasto, pues Landstainer no ha podido surtir nuevas entregas del propofol con edato anestésico. La compañía de Miguel Granados apenas ha proveído al IMSS unas 161 mil 239 piezas al 31 de mayo. El contrato, que por cierto ganó con un sobreprecio de 230 pesos por unidad, establecía órdenes de reposición inmediatas de 451 mil. Es decir, ya está rezagado un mes con 160 mil 788 unidades. Landstainer fue adjudicado por el organismo que dirige Zoé Robledo para surtir 902 mil de supuestamente urgente adquisición. Sin embargo, el laboratorio mexicano no está logrando el abasto a su vez de su proveedor en India, la empresa Kwality, que también enfrenta una demanda creciente de este producto, fundamental para tratar a las personas entubadas por Covid-19. Solo recordar que el IMSS salió directamente a comprar el propofol porque el Insabi, que dirige Juan Antonio Ferrer, y la UNOPS, a cargo de Fernando Cotrim, no pudieron encontrar 1.3 millones de unidades, que era el requerimiento original.
DESPUÉS DE ACLARACIONES y diferimientos de fallo, como le informé desde la semana pasada se concretó la licitación LA-050GYR988-E5-2021, relativa al Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico para Tamiz Metabólico Neonatal. El ganador fue Laboratorios San Ángel, propiedad de Arturo Aguiñaga. El Seguro Social optó por la mejor tecnología y por un precio diferente a los reactivos y ‘reetiquetados’ de las empresas de José María Gutiérrez Llama, la dupla Ensayos y Tamizajes de México y Load Soporte Logístico, más su corporación amiga de estudios de mercado y presentación de propuestas, Génesis Healthcare Advisers. De hecho la propuesta de esta última fue desechada por no cumplir con la Manifestación de Nacionalidad y Estratificación de Mipymes requerido en la Convocatoria.
COMO LE HEMOS venido contando, Andrés Manuel López Obrador había instruído hace aproximadamente unos cuatro meses a su consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, que tejiera lazos para llegar a acuerdos con los concesionarios de ocho centros penitenciarios. Las negociaciones han ido prosperando y le comento que Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, operador y administrador de los reclusorios de Durango y Michoacán, fue el primero en cerrar el acuerdo con las nuevas condiciones contractuales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a cargo de José Ángel Ávila. Si dudaba que este tema no llegaría a buen puerto, no ha sido así. La voluntad de lograr acuerdos en estos nuevos tiempos es otra prueba del compromiso de los empresarios conscientes de lo que conviene al país.
MARIO ESCOBEDO CARIGNAN y Ulises Ramírez Loya son señalados públicamente como beneficiarios de la red de contrabado y tráfico de vehículos chocolates en Baja California. Tanto al secretario de Economía Sustentable y Turismo como el ahijado del gobernador Jaime Bonilla, al igual que este último, les vino como anillo al dedo el anuncio que este domingo hizo en Tijuana Andrés Manuel López Obrador de iniciar a partir del mes próximo la regularización de aproximadamente 200 mil automotores ilegales. Otros integrantes de este muy jugoso negocio son Hiram Rojas, Roberto Ruiz y Arturo Pérez. Adicionalmente, el Presidente se brincó al Congreso local, pues si bien es la Federación quien cobra los impuestos, es la Cámara de Diputados la que aprueba los gastos.
Y CON RESPECTO a los Tianguis del Bienestar, en los que se pretende vender la mercancía decomisada, Concamin, Concanaco, Canacintra y ANTAD están evaluando la postura conjunta que habrán de anunciar en los próximos días. Los gremios que presiden respectivamente Francisco Cervantes, José Manuel López Campos, Enoch Castellanos y Vicente Yáñez están preocupados por la intención que tiene el gobierno de la 4T de instutucionalizar la piratería porque atenta contra el Estado de derecho y porque una medida como la que promueve Andrés Manuel López Obrador afectaría la competitividad y el empleo en el país.
TAL CUAL LE informé el 11 de junio, Alfredo Rendón ya es prácticamente el nuevo director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Relevará a Juan Lozano, quien desde entonces renunció a esa posición para irse a la Asociación de Bancos de México, que preside Daniel Becker. La semana pasada fue la Junta de Gobierno y se formalizó la salida de Lozano y la designación de Rendón como sustituto por suplencia. Este viernes habrá otra sesión extraordinaria en la que ya será nombrado oficialmente nuevo director del IMPI.
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