Efectivamente, está en marcha un rediseño de la Administración General de Aduanas, cuyo objetivo va a ser incrementar la recaudación y combatir el contrabando y la piratería.
El gobierno de la 4T echará mano de los recursos contenidos en el FACLA (Fideicomiso para Administrar la Contraprestación a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, de los pocos que no fueron extinguidos).
Cuenta con una bolsa de aproximadamente 81 mil millones de pesos, parte de los cuales se ejercerán en la infraestructura con que operan las 49 aduanas que están distribuidas en 24 entidades federativas.
La idea es modernizar carriles, plataformas y techos, pero también la base tecnológica que hoy día, a pesar de las multimillonarias inversiones que se hicieron en los dos últimos sexenios, está subutilizada.
PITA (Proyecto de Integración Tecnológico Aduanero), el desarrollo estrella que Kio Networks vendió a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, sigue registrando deficiencias en su operación.
Las más relevantes: 100 carriles por los que entran camiones de carga no funcionan, el sistema no registra vehículos articulados, no lee las placas y no detecta los gafetes o identificaciones de los choferes.
En octubre vence el contrato de este proveedor de tecnología que preside María Asunción Aramburuzabala y que dirige Sergio Rosengaus, pero es probable que Aduanas tome la extensión hasta diciembre.
También del FACLA saldrá presupuesto para otras obras estratégicas del organismo dirigido por Horacio Duarte, como la construcción de la garita Otay 2 en Tijuana, Baja California.
Asimismo, la modernización del puente San Jerónimo-Santa Teresa, en Ciudad Juárez; el estudio y proyecto de un nuevo puente internacional, el cuarto en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De igual forma considere la nueva terminal de carga y aduana en lo que será el aeropuerto Felipe Ángeles, que tendría un costo cercano a los tres mil millones de pesos.
Agregue la adecuación de los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, en Veracruz, para el Tren Interoceánico, y otra terminal de carga y aduana para el Tren Maya, que estaría en Puerto Progreso.
El equipo de Duarte también participará de cerca en la puesta en marcha de estos Tianguis del Bienestar que recién anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En buena parte de sus almacenes está la mercancía que será donada, que no vendida como se cree, a las comunidades más pobres y alejadas de la República mexicana.
Esa labor la coordinará la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, con el apoyo de la Defensa Nacional, que comanda Luis Cresencio Sandoval y la Guardia Nacional, de Luis Rodrígez Bucio.
Aduanas posee en sus bodegas productos incautados que no son necesariamente ilegales, sino asegurados porque no pagaron el impuesto o fueron introducidos bajo fracciones arancelarias equivocadas.
Hablamos de refrigeradores, máquinas de coser, ropa, calzado, juguetes y telas, principalmente.
Habrá cuatro regiones del país donde se instalarán dichos tianguis: la Montaña, en Guerrero; Zongolica, Veracruz; los Altos de Chiapas, y la Mixteca oaxaqueña.
CARO LE ESTÁ saliendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que lleva Jorge Arganis, y a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, la ocurrencia de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) de cambiar las trayectorias de aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando ni era prioritario ni necesario hacerlo. Además de que el Seneam simplemente canceló las audiencias previstas con los colonos, los vecinos afectados por el ruido ya están en vías de probarle al juez las afectaciones que sufren, y eso que nadie ha reparado aún en otro caos: las horas extras que han tenido que pagar al personal de controladores, que ya suman más de 500 y que no han servido para paliar los efectos de la falta de capacitación del personal. Lo peor es que después de casi tres años ni siquiera tienen los procedimientos de espacio aéreo que demuestren la interacción segura del AICM con el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, al que sólo le faltan ocho meses para ser inaugurado. De ahí que todo el mundo se pregunte qué hace el Seneam, que dirige Víctor Hernández.
LA JUEZA NOVENA de lo Civil de la CDMX, María Magdalena Malpica, impuso la semana pasada a Telefónica-Movistar medidas cautelares que le impiden continuar con su plan de devolución de espectro en la banda de 1.9 gigahertz. El recurso lo obtuvo Spica, una empresa proveedora de servicios de comunicación especializada en el mercado rural que estaba asociada a la firma que dirige aquí Camilo Aya. Recordará que a finales de 2019 la filial de Telefónica de España acordó ceder su espectro a AT&T, abandonando a su suerte a Spica, que dirige William Nazaret, que cuenta con unos 4 mil abonados en comunidades de Hidalgo, Veracruz, Puebla y Oaxaca. La interrogante es si con estas medidas que ya fueron notificadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Adolfo Cuevas, Movistar seguirá pagando las bandas que devolvió.
Y YA QUE hablamos de juezas, la que admitió a trámite el concurso mercantil de Interjet ya se va. Se trata de María Luisa Cervantes Ayala, que por estos días está dejando el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil para irse de magistrada al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Distrito con residencia en Naucalpan, Estado de México. Este cambio va a retrasar aún más el trámite de la aerolínea que preside Alejandro del Valle y que recién aceptó acogerse al concurso. Y es que en manos del juez quedó el siguiente paso: dar el aval para que el visitador inicie el análisis de la situación financiera, o ahorrarse ese paso y entrar directamente al proceso concursal.
LE ADELANTABA AYER que los cuatro accionistas mexicanos que tiene Aeroméxico notificaron la semana pasada a la aerolínea, que dirige Andrés Conesa, su decisión de subirse a la reestructura financiera y mantenerse como socios de la nueva empresa recapitalizada. Se trata de Eduardo Tricio, Valentín Diez Morodo, Antonio Cosío y Jorge Esteve. Serán, junto con otros inversionistas como fondos con Certificados de Capital de Desarrollo con participación de Afores y acciones de paquete de empleados y sindicatos, parte del grupo de control de Aeroméxico, que preside Javier Arrigunaga. Y es que 51 por ciento de las acciones ordinarias de voto pleno tienen que estar en manos de ellos, tenedores mexicanos.
LA SEMANA PASADA Economía, Salud, Profeco y Cofepris presentaron avances de la implementación e interpretación uniforme de la NOM 051, relativa al nuevo etiquetado. Los trabajos se compartieron con las empresas a través de la Concamin, que preside Francisco Cervantes. La nueva norma tendrá un impacto sobre unos 195 mil giros comerciales, principalmente fabricantes de refrescos y bebidas no alcohólicas, galletas, panificación industrial y alimentos envasados que se ubican en orden de importancia en los estados de México, Puebla, Oaxaca, CDMX, Veracruz y Jalisco. La Dirección de Normas de Economía, a cargo de Alfonso Guati Rojo, lleva la voz cantante.
DERECHO DE RÉPLICA
Sr. Director:
En la columna “La Cuarta Transformación” del lunes 12 de julio se hace referencia a que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. (Birmex), compró Propofol en la India, el cual, por no contar con registro sanitario, fue decomisado e incinerado.
Al respecto, me permito realizar las siguientes precisiones:
1.- El Propofol fue comprado en Europa.
2.- Cuenta con las certificaciones internacionales aceptadas como lo son la CE (Conformité Européenne) y FDA (Food Drug Administration).
3.- Una vez en México fue sometido a la revisión y regulación estipulada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y solamente hasta que fue aprobado su uso, fue distribuido a los hospitales.
4.- Al día de hoy no se ha decomisado, ni mucho menos, se ha incinerado una sola pieza de Propofol.
5.- El Propofol que no se ha repartido a los hospitales públicos (1 millón 42 mil 490 piezas), se encuentra en los almacenes de Birmex, ubicados en el Estado de México.
Atentamente
Lic. Alma Rosa Rivera Morales
Coordinadora General de Comunicación Social de Birmex
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