ALTÁN REDES SOLICITÓ ayer formalmente el concurso mercantil. La operadora de la red compartida recibió ese mandato por unanimidad de los accionistas integrados en asamblea extraordinaria el martes.
No hubo de otra, pues un grupo de acreedores no estuvo de acuerdo en avanzar en un esquema consensuado y amagan con demandar. Se trata básicamente de Huawei, Nokia y el China Development Bank.
Esa tríada que presiden Ren Zhengfei, Pekka Lundmark y Zhao Huan, respectivamente, representan como 40 por ciento del pasivo total. La deuda de Altán, que dirige Salvador Álvarez, anda por los 30 mil millones de pesos.
Cerca de 15 mil millones son deuda bancaria, la cual está contratada principalmente con la banca de desarrollo mexicana, esto es Nafin-Bancomext, de Juan Pablo de Botton, y Banobras, de Jorge Mendoza.
Desde abril, cuando empezamos a alertar aquí de la insolvencia de este operador de servicios de telecomunicaciones, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se metió de lleno a este caso.
Y es que Altán es un componente, al igual que CFE Telecom, priomordial del programa Internet para Todos de la 4T, de ahí que la consigna que salió de Palacio Nacional fue evitar la quiebra de Altán.
La instrucción es no rescatarla, pero sí apoyarla en la reestructura. Casi todos, accionistas y prestamistas, están alineados en un plan de concurso preconcertado, pero los principales proveedores tecnológicos se desmarcaron.
Nokia y Huawei, a los que se les adeudan alrededor de 800 millones de dólares, quisieron tomar ventaja en este proceso de reestructura, renegociando ventajosamente el alcance de sus contratos originales.
Por eso se decidió acogerse al concurso mercantil para obtener medidas cautelares. El despacho líder es Castillo y Castro Abogados, de Fernando del Castillo y Alfonso Castro.
De los accionistas que no dudaron en aprobar esa ruta apunte a Morgan Stanley, que lleva aquí Jaime Martínez Negrete; la caja de pensionados de Quebec CDPQ, que maneja Jordi Tasias; el Banco Interamericano de Desarrollo, de Mauricio Claver, y CAF Banco de Desarrollo de América Latina, a cargo de Luis Carranza.
El concurso mercantil es vital para que Altán pueda cumplir con sus objetivos de cobertura, pues requiere de la autorización de nuevas líneas de crédito, las cuales, por su circunstancia de insolvencia, quedaron bloqueadas.
A la fecha el operador tiene arriba 3 millones 100 mil usuarios diarios en la red, 64.8 por ciento de cobertura nacional con infraestructura propia, pero si se agregan los acuerdos de roaming con Telcel, de Daniel Hajj, y Telefónica-Movistar, de Camilo Aya, superan 90 por ciento.
En lo que hace a cobertura social, Altán ya alcanzó las 84 mil localidades menores a cinco mil habitantes y el compromiso son 122 mil localidades muy enfocados a estados que presentan un rezago histórico en conectividad, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Para el cierre de este 2021 el objetivo de la compañía que preside Bernardo Sepúlveda es cubrir 70 por ciento. Pero esa diferencia de casi 5 por ciento es una cobertura compleja de desplegar porque es más difícil que el 30 por ciento inicial.
Son localidades muy rurales, en las sierras de esos estados.
DE ACUERDO CON los registros de la Corte de Quiebras de Nueva York, donde está radicado el proceso de reestructura de Aeroméxico, la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), que todavía encabeza Rafael Díaz Covarrubias, ya vendió sus derechos de acreedor. No se revela el comprador. Pero lo que inquieta a los miembros de ese gremio es que el monto reconocido no fueron los 340 millones de dólares originales, sino 316 millones. Y peor aún: la orden que se le dio a Barclays fue transferir solo 268 millones. O sea, el valor en franco decrecimiento. Entre los pilotos incluso se maneja la versión de que el derecho todavía se devaluó más porque ASPA habría accedido a vender más castigado, a razón de 25 centavos de dólar. Si esto fuera correcto, el sindicato aceptaría un pago de solamente 67 millones de dólares.
EN OCTUBRE va arrancar operaciones Vlu, la nueva aerolínea de pasajeros de los hermanos Mauricio y Miguel Quintanilla, los de TUM. Es la apuesta de estos empresarios mexiquenses que dará viabilidad al aeropuerto de Toluca, que se quedó sin clientes tas la salida de VivaAerobús y TAR. Estas dos de Roberto Alcántara y Miguel Franco se le tiraron al piso a la 4T y corrieron al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Vlu operará inicialmente con cinco aviones Bombardier CRJ-100 de 50 plazas con vuelos diarios a Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Villahermosa, Mérida, Culiacán y fines de semana a destinos de playa como Cancún, Acapulco, Zihuatanejo, Puerto Vallarta, Los Cabos y La Paz.
EL CONSEJO ASESOR de Andrés Manuel López Obrador en la práctica está muerto. El presidente ahora recibe a sus miembros en Palacio Nacional para tratar individualmente temas de interés personal. Uno de los que recientemente vio al tabasqueño fue Daniel Chávez, cabeza del Grupo Vidanta. El empresario hotelero fue designado como el supervisor del Tren Maya y acaba de dar un campanazo en favor del gobierno de la 4T. Y es que fue él quien donó al gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, 2 mil hectáreas de tierra en uno de sus bastiones turísticos: Puerto Peñasco. Ahí se planea construir la octava planta solar más grande del mundo y que representará una inversión de mil 685 millones de dólares.
TALOS ENERGY YA tiene abogado para lo que se ve será una larga ruta de disputa contra Pemex por la vía de un arbitraje internacional. Se trata del afamado litigante Claus von Wobeser, cabeza del bufete Wobeser y Sierra, a la sazón presidente de la Cámara de Comercio Internacional Capítulo México. Experto en resolución de controversias, ha participado como abogado de parte y árbitro en más de 200 procedimientos internacionales. Es el especialista que la firma presidida por Tim Duncan fichó para defender el primer megayacimiento que un privado descubrió al tenor de la reforma energética: Zama, y que el gobierno de la 4T les está arrebatando para cederlo a la petrolera que dirige Octavio Romero.
AYER, EN LA edición vespertina, se publicó finalmente el decreto mediante el cual la Administración General de Aduanas cambia a Agencia Nacional de Aduanas, como le había adelantado. Horacio Duarte tendrá ahora a su cargo un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, con autonomía técnica, operativa y de gestión, el cual tendrá el carácter de autoridad fiscal y aduanera. Es parte de la estrategia de la 4T para limpiar integralmente a este sector de la corrupción y el contrabando. El primer paso será quitar la independencia con que se manejan los directores de las 49 aduanas que hay en todo el país.