LA SALIDA ANTICIPADA de Alejandra Palacios de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), arrastra al organismo al borde de su desaparición.
Palacios no solo deja la presidencia del regulador el próximo 10 de septiembre: pone en peligro la legalidad de las decisiones que tome en lo sucesivo un pleno que solo cuenta con cuatro de sus siete miembros.
Su sobrevivencia queda a merced de la 4T y del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha pugnado por su desaparición, tras calificarla como un organismo que opera contra los intereses “del pueblo”.
Hoy solo quedan Brenda Hernández que concluye su periodo en 2025, Alejandro Faya en 2026, José Eduardo Mendoza en 2027 y la recién llegada, Ana María Reséndiz, que finaliza su encargo en 2029.
Si alguno tuviera que excusarse de tratar algún tema, las decisiones del pleno no tendrían validez jurídica; hay asuntos que ya de entrada no podrían procesarse porque necesitan un quórom de cinco comisionados.
La Comisión Federal de Competencia (Cofeco) nació el 23 de junio de 1993 como parte de las negociaciones del viejo Tratado de Libre Comercio de América del Norte: fue una condición de Estados Unidos.
Obedeció al resultado del establecimiento de políticas de competencia económica en todo el mundo y ante la necesidad de un ente regulador que vigilara que las empresas jugaran en un piso parejo y limpio.
De 1993 a 1994 Santiago Levy fungió como el primer comisionado presidente y en poco más de un año conformó un equipo técnico sólido, al tiempo que estableció las primeras líneas de acción.
Entre 1994 y 2004 Fernando Sánchez Ugarte la consolidó como una institución fundamental para el adecuado funcionamiento de la economía de México, elevando su estatus y reconocimiento.
A él le tocó negar la concentración de Banamex y Bancomer y la de Aeroméxico y Mexicana, así como la emisión de las primera declaratorias de dominancia contra Teléfonos de México.
A partir de agosto de 2004 y hacia finales de 2013 Eduardo Pérez Motta encabezó los esfuerzos para que esa declaratoria se convirtiera en una regulación asimétrica para la empresa dominante de Carlos Slim.
El exembajador de México ante la Organización Mundial del Comercio le puso la mesa a la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para regular a Telmex.
Pérez Motta impuso una multa a Telcel por más de 11 mil millones de pesos y otra al cártel de compras públicas de insulina y sueros en el IMSS, que pactaba precios entre sí para ganar licitaciones.
En ese mismo tiempo se operaron cambios importantes en la Ley Federal de Competencia Económica que dieron mayores facultades y dientes para imponer sanciones que inhibieran prácticas anticompetitivas.
Con la llegada de Palacios, en septiembre de 2013, se consolidó la política de competencia en México, gracias a todas las herramientas e instrumentos que se fueron construyendo en el tiempo.
En los casi 30 años de existencia de la autoridad antimonopolios probablemente el logro fundamental es que la competencia esté en la discusión pública y en el radar de consumidores y empresas.
Hoy todo ese largo camino la 4T y López Obrador están a un tris de tirarlo al bote de la basura.
LA POLÍTICA AERONÁUTICA de México está secuestrada por la milicia, un gremio que ha demostrado su incapacidad para subsanar las graves debilidades que empezaron a surgir a partir de que llegó la 4T. El caso más ilustrativo es que no podrán devolverle la categoría 1 en materia de seguridad este año. Dos botones que muestran esa cooptación giran en torno al poder del general Gustavo Vallejo. El encargado del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ve como una suerte de ‘iluminado’, es el principal sostén del subsecretario de Transporte, Carlos Morán. En el juego y rejuego de incompetencias el primero vio en el segundo al funcionario ideal para implementar la coexistencia de los aeropuertos de Toluca, CDMX y Santa Lucía en el mismo espacio aéreo. Vallejo también rescató a Rodrigo Vásquez Colmenares y lo hizo su principal asesor en los procesos de licitación de los sistemas y equipos del nuevo aeropuerto que se construye en el Estado de México. Hablamos del exdirector de la Agencia Federal de Aviación Civil, a quien se le atribuye parte de la degradación a la categoría 2 y que ahora es el enlace de las aerolíneas comerciales para recabar opiniones y asesorías técnicas.
EL SECRETARIO DE Hacienda, Rogelio Ramírez de la O empezó a hacer los primeros nombramientos, como le adelanté hace unos días, en algunas de las unidades que dependen de la subsecretaría del ramo a cargo de Gabriel Yorio. Apunte a Fernando Renoir en la coordinación con entidades federativas, a María del Carmen Bonilla en la de crédito público y asuntos internacionales, a Alfredo Navarrete en la de banca, valores y ahorro y a Héctor Santana en la de seguros, pensiones y seguridad social. Ramírez de la O se guardó los nombramientos más fuertes. Sigue pidiendo a conocidos recomendaciones y curriculums. Pero al menos tres ya están alineados: Miguel Siliceo, Alejandro Hellmund y Carlos Lerma. Uno de los dos últimos podría irse como director financiero de Pemex, posición que dejará en breve Alberto Velázquez.
ALONSO ANCIRA NO solo corre el riesgo de que sea perseguido otra vez por el gobierno de la 4T, al reactivarse la orden de aprehensión en su contra. El desconocimiento unilateral del acuerdo reparatorio que implica el pago de más de 216 millones de dólares a que se comprometió, también detonaría una cláusula del pacto que llevaría a Pemex a tomar el control de Altos Hornos de México (AHMSA). Así que vaya encrucijada en la que se encuentra el ‘rey del acero’, que como le conté hace unos días, acaba de fichar al aguerrido bufete de abogados litigantes de Quinn Emanuel de Nueva York para defenderse contra lo que ya se ve como una contraofensiva del Estado mexicano.