HACE 12 DÍAS, el 25 de agosto, fue la subasta de activos de Perforadora Oro Negro. El proceso pasó casi desapercibido, pero crece en relevancia para la 4T por el alto contenido político.
Juzgue: la empresa es de Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, que durante esa época intentó meter a la cárcel a Julio Scherer Ibarra por un caso de simulación de exportaciones de la empresa Consorcio Azucarero Escorpión, de la que era abogado.
Gil White, que este régimen le libró una orden de aprehensión y le giró una ficha roja, fue acusado en el gobierno de Enrique Peña de fraude por sus socios, fondos internacionales que le prestaron más de 900 millones de dólares para comprar cinco plataformas que le arrendó a Pemex.
El hijo de Gil Díaz recibió los contratos de Emilio Lozoya Austin, que fue relevado por José Antonio González Anaya en febrero de 2016 y éste por Carlos Treviño en noviembre de 2017.
Los contratos de Oro Negro, como el de todos los proveedores de plataformas, fueron modificados porque ya era imposible sostener financieramente las leoninas rentas diarias. Todos aceptaron, excepto Gil.
A partir de entonces Gil y sus socios, José Antonio Cañedo White y Carlos Williamson, ambos ciudadanos estadounidenses, acusaron corrupción y complot para defenderse de acreedores y del Estado mexicano.
Oro Negro ya perdió aquí todas las instancias, excepto el arbitraje internacional UNCT/18/14 Alicia Grace y otros vs. Estados Unidos Mexicanos, que se litiga en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
La subasta de hace unos días era clave para Gil y los suyos porque contiene los derechos litigiosos iniciados por ellos contra los bondholders y competidores. Solo se presentaron a la puja AMA Capital Partners y NT Refectio. Ganó la segunda tras ofertar 5.2 millones de dólares.
Lo interesante es que atrás de ellos están los bonistas, representados por los litigantes Guillermo Barradas y Roberto Díaz. Atrás de los perdedores estaba Gil y el bufete de Alberto Zínser, Fernando Gómez Mont y el recién desaparecido Julio Esponda.
La subasta es un hecho: la compra de todos los bienes de Oro Negro se realizó con éxito, pero no se pudieron adjudicar. Resulta que otro de los abogados de Gil White, el litigante Jesús Guerra, en un intento fallido quiso suspender la subasta.
No obstante, sí logró que el juez ordenara que los bienes no se entreguen a sus nuevos dueños sino hasta que se resuelva un amparo presentado por la empresa. Es una medida temporal que no detiene lo inevitable.
Lo único que les queda a Gil, Cañedo y Williamson es el arbitraje donde se ha demandado no solo la cancelación de los contratos, sino también una persecución política por parte del Estado mexicano.
Y aquí es donde la 4T se encuentra en una encrucijada: la Secretaría de Economía, encargada de representar al Estado en estas controversias, estructuró su defensa a partir de tres testigos estrella.
Los testigos que está utilizando el abogado de la Secretaría, Orlando Pérez Gárate, son, precisamente, González Anaya y Treviño Medina, amén de Miguel Ángel Servín Diago, quien fungía como director operativo de Procura y Abastecimiento de Pemex.
Pero resulta que los tres ahora mismo están siendo investigados y perseguidos por los sabuesos de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República.
¿El motivo?, oooootra vez el cuento de Lozoya Austin de los pagos corruptos de Odebrecht, los cuales, por cierto, han sido desmentidos tanto por pruebas como por negativas de sus propios excolaboradores.
Estamos ante una falta de coordinación en las Secretarías de Estado, pues la dependencia al mando de Tatiana Clouthier ha de estar preocupada por las declaraciones que aquéllos pudieran hacer.
La 4T podría quedar expuesta si ante un órgano internacional y ante los interrogatorios de los feroces abogados de Quinn Emmanuel, González Anaya, Treviño y Servín declaran que, como afirman Gil White y socios, el Estado mexicano emprende persecuciones políticas en contra de sus ciudadanos.
Le decía apenas el sábado que Quinn Emanuel, que lidera el litigante colombiano Juan P. Morillo, acaba de ser fichado por Alonso Ancira para defenderlo, también del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En ambos casos, Oro Negro y Altos Hornos de México, la injerencia del ya ex consejero jurídico de la Presidencia fue determinante. La 4T, pues, en el banquillo de los acusados en Estados Unidos.
Y YA QUE hablamos de nuestros socios y vecinos del norte, este jueves arrancan en Washington los trabajos del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre México y Estados Unidos. El gobierno de la 4T, vía la Cancillería al mando de Marcelo Ebrard, está apostando fuerte por recuperar esa instancia tan relevante que se desdibujó durante la administración de Donald Trump. Ahora el gobierno de Joe Biden lo pone nuevamente en la mesa. Nuestro país lo quiere utilizar como tracción de más y nuevas inversiones. Las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía llevan las propuestas de traer cadenas de valor o integrarlas a México, como semiconductores, básicas para sectores como el automotor, electrónico y farmacéutico. También un planteamiento para mejorar sustancialmente la infraestructura fronteriza, incorporar a las inversiones al sur de México y al triángulo del norte, y ampliar la innovación y especialidades. El encuentro lo inaugurará la vicepresidenta Kamala Harris. Ese mismo jueves, por la tarde, la delegación de funcionarios mexicanos se reunirá con los representantes del Consejo Coordinador Empresarial que preside Carlos Salazar y con la rama mexicana del CEO Dialogue, compuesta por empresas nacionales y que representa Guillermo Voguel, vicepresidente de la acerera Tenaris. Ambos organismos realizarán paralelamente reuniones con sus contrapartes estadounidenses ese mismo jueves.
MAIM ES UNA empresa mexicana que ha logrado reducir el consumo de agua embotellada en México y América Latina porque trajo purificadores y filtros de agua con opción alcalina, en un esquema de renta. La firma de Simón Dabbah sigue siendo la única con el inventario privado más importante de laboratorio de pruebas de calidad de agua. México es el país con mayor consumo de agua embotellada per cápita, donde 72.2 por ciento de los hogares optan por botellas y garrafones de plástico. El problema es que estos poseen un químico llamado Bisfenol A (BPA), el cual en contacto con el calor contamina el líquido. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, los efectos adversos de ese componente están relacionados al cáncer de próstata y de mama, obesidad, diabetes, aceleración de envejecimiento, enfermedades cardiovasculares, deterioro en el sistema inmunológico, así como pubertad temprana, cambios de humor e hiperactividad en el caso de los niños. MAIM utiliza un sistema inteligente de purificación de agua que brinda agua fría, al tiempo, caliente y alcalina, que ha reducido el consumo de garrafones, botellas de agua y filtros básicos en más de 15 mil hogares. Pero hay mucha más tecnología detrás de ella, lo que le ha permitido expandirse a Latinoamérica, preparar su lanzamiento en Estados Unidos y llamar la atención del país pionero en purificadores de agua para el hogar: Israel.
EL GOBIERNO DEL Estado de México, que lleva Alfredo del Mazo Maza, está por recibir las ofertas del corredor con autobuses de alta capacidad tipo trolebús Chalco-Santa Martha. Es un proyecto llave en mano que podría ascender a tres mil millones de pesos y por el que ya se apuntaron nueve grupos. Apunte a GAMI de Manuel Muñozcano, La Peninsular de Carlos Hank Rhon, ICA que dirige Guadalupe Phillips, Mota-Engil que preside José Miguel Bejos, VISE de Santiago Villanueva, Alfa Proveedores y Contratistas de José Abed, Jaguar Ingenieros de Moisés Zecua, Contratista General de América Latina que maneja Hilario Orozco y Construcciones y Dragados del Sureste de Alejandro Calzada.
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