LA SUPREMA CORTE de Justicia de la Nación emitió ayer una resolución que podría ser el primer paso para desmontar una reforma que en su momento fue calificada como el más puro terrorismo fiscal.
La Corte declaró inconstitucional decretar la prisión preventiva por fraude fiscal, recurso utilizado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para chantajear y someter a grandes contribuyentes.
Ahí están los ejemplos de FEMSA de José Antonio Fernández Carbajal, América Móvil de Carlos Slim, Walmart de Guilherme Loureiro, BBVA de Eduardo Osuna o Modelo de Cassiano de Stefano.
Apunte también los de mayor exposición política: Miguel Alemán Magnani, Alejandro del Valle, Ángel Junquera, Raúl Beyruti, Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, por mencionar otros más.
A empresas y personas físicas les aplicaron apartados de la Ley de Seguridad Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales, amén de la temida Ley de Delincuencia Organizada.
La Suprema Corte resolvió indebido considerar que la prisión preventiva oficiosa aplica para los casos de delitos fiscales, porque los equipara con la traición a la patria.
Lo anterior no significa que se impida aplicar prisión preventiva porque existe el riesgo de fuga, aspecto que no se ha resuelto aún. El logro de ayer es que la prisión preventiva ya no operará en automático.
Apenas el sábado le referíamos de la práctica obsesiva de la Fiscalía General de la República (FGR) de la figura de prisión preventiva justificada. Lo mismo estaba pasando en la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Para abogados litigantes, considerar a la defraudación fiscal como delito que atenta contra la seguridad nacional era un fraude a la ley y una forma de darle la vuelta al Artículo 19 Constitucional.
El ministro Javier Laynez estableció que la prisión preventiva se está convirtiendo en una pena anticipada y el ministro Arturo Zaldívar precisó que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional.
Sin embargo la misma Corte que ayer dio un paso trascendental tiene que terminar lo que empezó: debe declarar igualmente inconstitucional a la delincuencia organizada en la defraudación fiscal.
Si no cierra el círculo su fallo resultará contraproducente, porque tanto la fiscalía de Alejandro Gertz Manero como la de Carlos Romero van a buscar meterle delincuencia organizada a todo.
La carrera es larga todavía. La conclusión es que se eliminó un elemento que alentaba el terrorismo fiscal y que a la 4T la Corte le quitó un garrote.
EL DESASTRE LOGÍSTICO que impera dentro de la CFE, que dirige Manuel Bartlett, ha llegado al extremo. El mejor ejemplo es lo que está pasando en la termoeléctrica de Petacalco, una de las más importantes de esa empresa estatal. La ‘flama’ se apagó por primera vez desde que se tenga registro, dado que no hay combustible para mantener la planta generando electricidad. ¿Por qué? Porque CFE canceló contratos con Glencore, una de las empresas más grandes del mundo y proveedora de la CFE por décadas, cuando adquirían este insumo a un precio preferencial de 50 dólares la tonelada. Cuando la CFE se dio cuenta que nadie le vendería el carbón necesario a ese precio, un año y medio más tarde, quiso regresar con el gigante que preside Gary Nagle, solo que esta vez el precio era de 157 dólares la tonelada. En pocas palabras, la CFE le apostó a generar electricidad a partir de carbón y combustóleo, y no estructuró la logística para tenerlos. Hoy tienen que pagar por los patios para el arribo y logística del carbón, sin carbón. La cereza del pastel es que con los frecuentes bloqueos a las vías férreas en Michoacán, no pueden garantizar la llegada de combustóleo a Petacalco, que es un gran botón de muestra de lo que está pasando a nivel macro: se limita la capacidad de generación privada, se descartan energías limpias, se apuesta a combustibles fósiles, pero sin amarrar administrativa, financiera y logísticamente que toda la capacidad instalada de CFE tenga el combustible necesario para generar electricidad. Así que habrá que rogar que llueva y las presas e hidroeléctricas subsanen todo lo que está fallando en el resto del sistema eléctrico. Pero por lo pronto, Petacalco ya se apagó.
PARA COMO ESTÁ la relación entre el financiero regiomontano David Martínez y el zar petrolero noruego John Fredricksen, no sería remoto que terminaran por liquidar también en México a la empresa SeaMex. Se trata de la coinversión 50-50 que crearon alentada por el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para adjudicarse contratos de plataformas marinas en aguas profundas. Le platiqué aquí hace tres semanas que SeaMex lleva alrededor de 18 meses sin poder cobrarle a Pemex servicios prestados. La petrolera estatal que tiene a cargo Octavio Romero les debe cerca de 354 millones de dólares. La subsidiaria basada en Bermudas está en proceso de liquidación y los desencuentros entre Martínez y Fredricksen, por culpa de Pemex, llevarían sus diferendos económicos hasta un panel arbitral internacional.
OTRO PLEITO EN ciernes es el de Alonso Ancira y su socio y aliado histórico, Julio Villarreal, alentado desde la 4T. Este domingo venció el plazo para que el primero cumpliera con el contrato y transfiriera el control de Altos Hornos de México a la Alianza Minero Metalúrgico Internacional, que encabeza el segundo, en representación de varios inversionistas. Era una parte del acuerdo reparatorio mediante el cual Ancira obtuvo su libertad. La otra es la devolución de los 216 millones de dólares de la venta de la planta de AgroNitrogenados. Ambas partes se recriminan mutuamente incumplimientos. Y en medio está Pemex, que podría solicitarle a la FGR de Alejandro Gertz Manero nuevas y más órdenes de aprehensión contra los accionistas de la acerera de Monclova.
GICSA ESTÁ INICIANDO una reestructura financiera mucho más avanzada. El grupo desarrollador de Abraham y Elías Cababié intentó el año pasado sanear sus finanzas y llegó a algunos acuerdos con bancos acreedores, pero no fue suficiente. La compañía adeuda, entre emisiones de certificados bursátiles y créditos bancarios, poco más de 16 mil millones de pesos. Algunos de sus acreedores son Goldman Sachs que lleva Manuel Camacho Velasco, Actinver de Héctor Madero, HSBC que capitanea Jorge Arce y Citibanamex que encabeza Manuel Romo.
