LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ de los tres países de Norteamérica no está preparada para la nueva revolución tecnológica derivada de la iniciativa Build Back Better.
Ésta contempla, sobre todo, estímulos fiscales del gobierno de Estados Unidos para la compra de vehículos eléctricos fabricados mayoritariamente con componentes de ese país.
Los gobiernos de Canadá y México y senadores estadounidenses dicen que si el gobierno de Joe Biden se empeña en aprobar hoy lunes en el Congreso, el T-MEC, la integración comercial estaría “herida de muerte”.
Un grupo relevante de senadores demócratas y republicanos están en contra de la iniciativa de otorgar incentivos de entre 7 mil 500 y 12 mil 500 dólares para la compra de autos eléctricos, porque consideran que es una medida proteccionista para obligar a las armadoras a fabricar los motores en Estados Unidos y no en los otros países.
Esta medida dejaría en desventaja a plantas productivas no solo en la región del T-MEC, sino también de la Unión Europea.
Por su parte, las cadenas de suministro y las plantas armadoras de Canadá, Estados Unidos y México no están preparadas todavía para hacer el cambio de tecnología “por decreto de la Casa Blanca”.
Menos sin consultar a la industria y hacer un estudio del impacto económico y social de esta medida, porque se sabe implicaría un déficit gubernamental de unos tres billones de dólares.
La regla de origen actual exige hasta un 64% de contenido regional, pero la propuesta Build Back Better significa romper cadenas productivas importantes y crear una desventaja artificial a países como México y Canadá.
Gobiernos, industria y consumidores en los tres países están de acuerdo en que se debe transitar a energías limpias, pero el cambio debe ser planeado y concertado para no provocar una pérdida de hasta 25% de la inversión y el empleo en la región, particularmente en México.
El gobierno de Justin Trudeau está en contra de esta iniciativa y ha anunciado que podría suspender el T-MEC si el Senado estadounidense aprueba la nueva ley.
“La propuesta es una amenaza significativa para la industria automotriz canadiense y es una derogación de facto del T-MEC”, dijeron en una carta dirigida a líderes demócratas y republicanos, la viceprimera ministra canadiense y la ministra de Comercio, Chrystia Freeland y Mary Ng, respectivamente.
El presidente Biden es el principal impulsor de la iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes con 220 votos a favor y 213 en contra.
La votación de hoy en el Senado representa una decisión o un rechazo del libre comercio y de la integración en Norteamérica.
EN DÍAS RECIENTES Fabiola Gómez Flores, perito en grafoscopía de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, determinó que la firma que aparece al calce del testamento de Socorro Romero Sánchez es falsa. Recordará que en torno a ese testamento existe una disputa familiar por más de 600 millones de dólares. La presunta heredera, Estela Romero, madre de los presuntos albaceas, Alfonso y Miguel Ángel Celis, ha caído en el error de confundir una estrategia legal con el creerse sus propias mentiras. En diversos medios han sostenido que el testamento de Socorro Romero es válido. Es de todos conocido que el testamento es falso, no solo por la firma apócrifa, sino por las extrañas circunstancias en que se otorgó. Basta recordar que fue realizado en circunstancias sumamente extrañas, un día antes de fallecer, cuando del acta de defunción se desprende que Socorro había fallecido por tres días de falla orgánica múltiple, además de las declaraciones del doctor Guillermo Ulises González Hernández, médico que la atendió en el lecho de muerte, quien dijo que llevaba diez días completamente sedada. A lo anterior habrá que sumarse las investigaciones en curso en contra de los notarios públicos de Tehuacán, Puebla, Rodrigo Ramírez Maclub y José Luis Salgado Vázquez, quienes en contubernio se prestaron como fedetarios para que los hermanos Celis pudieran perfeccionar su fraude, incluyendo además investigaciones de orden criminal en contra de aquellos quienes falsamente testificaron de la capacidad de la testadora. Estamos hablando de Efrén Marcos Tlapango Garmendia, Noel Montes de Oca y Lauro Cid Pineda.
PUES CON LA novedad de que Banco Actinver, como fiduciario del Fideicomiso F/3201 de Rafael Zaga Tawil, demandó ante el Juzgado Cuarto Civil de la CdMx a los hermanos Moisés y André El-Man y al Banco Bx+ de Antonio del Valle Ruiz, por haber sustraído indebidamente mil millones de pesos. El juez mediante auto fechado el 17 de noviembre decretó medidas cautelares para el aseguramiento del monto demandado. Los accionistas del Grupo El-Man fueron notificados el 7 de diciembre pasado. El juzgador solicitó el embargo de bienes de su propiedad por tal cantidad. Ya se ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente, congelar cuentas que tengan registradas en el sistema financiero. Asimismo, el congelamiento de sus derechos corporativos y patrimoniales en Fibra UNO, incluidos los Certificados Bursátiles Fiduciarios de su propiedad o copropiedad. Igualmente la suspensión de sus calidades de miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 366 constituido en banco Bx+.
LE INFORMABA EL jueves que AlphaCredit se apresta a presentar, de nueva cuenta, solicitud de concurso mercantil. La financiera de Augusto Álvarez y José Luis Orozco lo hará esta semana. Efectivamente, será con plan de reestructura financiera preacordada con sus bonistas. La compañía ya tiene el consentimiento de alrededor de 75% de los bondholders que representan cerca de 500 millones de dólares de la deuda. Apunte entre otros a Schroeders, DoubLine, BlackRock, Morgan Stanley, Crédit Agricole. AlphaCredit va con todo. Ya cuentan con los estados financieros debidamente auditados y firmados de un contador certificado y registrado por el SAT, que comanda Raquel Buenrostro. Serán tres empresas las que solicitarán el concurso bajo ese esquema: AlphaCredit Holding, AlphaCredit y Acercándonos. Por cierto que tanto Álvarez como Orozco no han salido del país.
A PROPÓSITO DEL tema, Landsteiner Scientific fue notificado el viernes por el Juzgado Décimo de Distrito en materia Civil de la CdMx, que admitió una petición de concurso mercantil en su contra. La promovió un proveedor de empaques e impresos llamado Grupo Zamberk. Como buena parte de las empresas del país, el laboratorio farmacéutico que preside Miguel Granados enfrenta un panorama retador, pero con buenas posibilidades de remontar porque tiene contratos vigentes con el Gobierno. Como ejemplo considere oncológicos con el Insabi, dispositivos para Covid-19 con el IMSS y anestésicos con la Unops. Landsteiner tiene pasivos cercanos a los 90 millones de dólares, principalmente con el Bancomext que recién asumió Luis Antonio Ramírez, amén de BBVA de Eduardo Osuna, Banorte de Carlos Hank González e Invex de Juan Guichard, a quienes ha cumplido en el pago de sus créditos.
VA A SER ESTE miércoles cuando el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se reúna con los miembros de la Asociación de Bancos de México. El encuentro se pospuso la semana pasada por un tema de agenda. Va a ser la oportunidad de que el gremio que lidera Daniel Becker tenga un primer acercamiento con el funcionario. Dado su perfil y por haber estado en el sector de la consultoría, muchos banqueros no lo conocen. Para Ramírez de la O la reunión será oportuna para hablar de la relación que Hacienda y Banco de México tendrán a partir del año próximo, una vez que Victoria Rodríguez Ceja empiece a operar como nueva gobernadora. Ramírez de la O fue quien la recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador.
ESTA SEMANA PODRÍA salir del Reclusorio Norte Juan Collado. El litigante estuvo preso casi dos años y medio, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, le ofreció un acuerdo reparatorio. El abogado de personajes de la vida política, como Carlos y Raúl Salinas de Gortari, Manlio Fabio Beltrones, Carlos Romero Deschamps, Mario Villanueva, Carlos Ahumada, Javier Duarte y Enrique Peña Nieto, se comprometió a devolver cerca de dos mil 200 millones de pesos. Pero sobre todo a denunciar penalmente a abogados cercanos al entorno del ex Consejero Jurídica de la Presidencia, Julio Scherer.