La Cuarta Transformación

Pesquería, la primer planta de Iberdrola que perderá

La CFE buscará comprar activos a las empresas privadas que en el pasado invirtieron en capacidad e infraestructura, al tiempo que no renovará contratos privados que vencerán.

A LA PAR del inicio de la discusión de la contrarreforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, la CFE se está moviendo en diversos frentes para afianzarse como el principal productor y suministrador.

Las huestes de Manuel Bartlett buscarán comprar activos a las empresas privadas que en el pasado invirtieron en capacidad e infraestructura, al tiempo que no renovará contratos privados que vencerán.

Manuel Bartlett. (Ilustración de Nelly Vega.)

El primero a la vista es el de la planta ubicada en Pesquería, Nuevo León, de Iberdrola. Son cuatro unidades de generación, dos de las cuales venden todo a la CFE y las otras a socios bajo un esquema de autoabastecimiento.

Los privados construyeron en realidad una línea de subtransmisión, o línea particular, de la planta para suministrar energía eléctrica a 17 clientes privados de gran consumo. Para la CFE eso es un esquema engañoso.

Ese permiso de generación y el contrato vencen el próximo 31 de enero y la firma hispana que preside José Ignacio Sánchez Galán ya no podría seguir proveyendo el servicio a terceros privados, mismos que en todo caso tendrían que contratarlo con la CFE.

Pero para poder acceder al fluido y satisfacer sus requerimientos de demanda, esas 17 compañías privadas deberán efectuar obras eléctricas importantes para asegurar la interconexión a la red de transmisión y/o distribución de la empresa productiva del Estado.

Actualmente Iberdrola, que dirige aquí Enrique Alba, tiene en proceso un recurso ante la Comisión Reguladora de Energía, que preside Leopoldo Melchi, de prórroga para que se le amplíe el plazo de la vigencia de ese contrato y puedan continuar el suministro del servicio.

En paralelo, la CFE está mandatando a Nacional Financiera, al Banco Nacional de Comercio Exterior y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a participar como agentes financieros en compras de plantas, desde ciclos combinados hasta de energías renovables.

Los esquemas financieros se están diseñando en la Secretaría de Hacienda, que capitanea Rogelio Ramírez de la O.

NADA, QUE EL Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil de la CdMx desechó la solicitud de concurso mercantil con acuerdo de reestructura previo de AlphaCredit. El 30 de diciembre la secretaria Osiris Aydeé García Torres rechazó que se entregara de forma consolidada la petición de las tres empresas Alpha Holding, AlphaCredit Capital y Acercándonos. Consideró que cada una debió presentar su formato, pasando por alto el artículo 15 Bis de la Ley de Concursos Mercantiles que permite que los comerciantes que formen parte del mismo grupo societario soliciten simultáneamente la declaración judicial conjunta, y que la solicitud se tramite bajo un mismo expediente. Es más, aún y cuando el juzgado ignorara el contenido del artículo pudo requerirles que exhibieran por separado sus solicitudes, ya que la ley establece esa posibilidad. Pero optó por desecharlo inmediatamente. El prestamista de Augusto Álvarez arrastra una deuda de unos 800 millones de dólares.

SE CUMPLIÓ YA un año de que la sociedad financiera de objeto múltiple Progresemos entró a concurso mercantil. En todo este tiempo la intermediaria que fundara Rafael Moreno Valle no ha logrado un acuerdo de acreedores. Arrastra un pasivo cercano a los tres mil 500 millones de pesos, de los cuales como 80 por ciento están contraídos con instituciones extranjeras, léase principalmente el WorldBusiness Capital y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. El resto está marcadamente con la banca de desarrollo mexicana. Con Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, que lleva Baldemar Hernández, tiene alrededor de 400 millones de pesos y con el Banco del Bienestar, que recién asumió Víctor Manuel Lamoyi, otros cien millones. El 24 de diciembre pasado venció el plazo para lograr un acuerdo, pero como no hubo tal, el conciliador Gerardo Badín solicitó una prórroga de tres meses.

Víctor Manuel Lamoyi. (Ilustración de Nelly Vega.)

LA CANCILLERÍA VA a recibir mañana las ofertas para los Servicios Integrales de Centros de Contacto para la Programación de Citas e Información. A unas horas del evento la cosa se pone interesante, pues unas 15 compañías se mostraron interesadas en participar dado que por primera vez las bases se abrieron también a integradores, ya no solo a operadores. Dos grupos se alistan a pujar duro: Mainbit, de José Antonio Sánchez, y Altavista, de Ricardo Orrantia. Además apunte a Bufete Empresarial GTI, que es impulsada por el exsecretario de Desarrollo Social y ahora diputado priista, Luis Miranda. Este grupo asistió a las juntas de aclaraciones con cuatro diferentes razones sociales: GTI, Grupo Vanguardia, FS Estrategia Digital y Priorato Mercantil.

Luis Miranda. (Ilustración de Nelly Vega.)

LA COOPERATIVA CRUZ Azul celebró el primer año de su refundación tras la salida del grupo de Guillermo ‘Billy’ Álvarez, y su 68 aniversario de la puesta en operación de la planta de Lagunas, Oaxaca. Justo ahí Víctor Manuel Velázquez destacó el incremento de hasta 60 por ciento en la producción de las plantas de Aguascalientes, Puebla y Oaxaca, así como el reparto integral de bonos y la completa cobertura en materia de salud, educación y bienestar de las comunidades donde esta organización tiene presencia. En la planta de Lagunas se alista una nueva unidad de molienda para eficientar la producción del Horno 5 y, en general, dar inicio a la actualización del sistema de envase y embarque. También se adelantó el proyecto para construir una nueva planta en Puebla.

Víctor Manuel Velázquez. (Ilustración de Nelly Vega.)

TRAS PERDER LA reelección de la alcaldía Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo terminó su gestión dejando todo arreglado para que la licitación 30001026-007-21 favoreciera a Secure Witness de México, de Dennis Stevens. El servicio asignado requiere la instalación de paquetes de cámaras de videovigilancia para 26 colonias. Al proceso se acercaron 11 empresas, pero extrañamente solo dos presentaron ofertas. El nuevo alcalde Mauricio Tabe ya investiga la adjudicación de ese contrato, pues al final el contendiente de Secure Witness fue descalificada. El monto total del contrato fue por 21 millones 948 mil 360 pesos. Lo peor de todo es que las cámaras no son las más modernas del mercado ni cuentan con la mejor tecnología para acciones de seguridad.

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