EL GOBIERNO DE Andrés Manuel López Obrador alista ya la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud de cierre de sexenio.
Su administración pasará a la historia como una gestión fallida de principio a fin en materia de abasto de medicinas. Este va ser el último intento para tratar de enderezar la pésima política de salud.
Estamos hablando de la adquisición de aproximadamente mil 600 claves, cuyo proceso coordinará el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que tiene de responsable a Juan Antonio Ferrer.
Es decir, la compra, que se planea efectuar entre mayo y junio próximos, le será retirada definitivamente a la Oficina de las Naciones Unidos para Servicios de Proyectos (Unops), de Grete Faremo.
El Insabi antes tendrá que convencer a estados que han manifestado su rechazo a adherirse a la compra consolidada porque están más cómodos adquiriendo directamente los medicamentos y demás insumos.
Son los casos del gobierno panista de Guanajuato que encabeza Diego Sinhué, el emecista de Nuevo León que representa Samuel García e incluso el morenista de Veracruz que conduce Cuitláhuac García.
Recientemente el mismo Insabi publicó la investigación de mercado para las claves que quedaron desiertas dentro de la compra consolidada de medicamentos a la que convocó para el ejercicio fiscal 2022.
De las 280 claves solicitadas para investigación de mercado, el motivo por el que fueron desiertas se debió a que cinco fueron canceladas, 84 fueron por incumplimiento técnico, 77 por precio no aceptable, 98 no tuvieron propuesta y 16 no fueron convocadas con anterioridad.
La cantidad de piezas requeridas asciende en este caso a 421 millones, siendo cuidados paliativos el grupo terapéutico con mayor participación, representando 21 por ciento del total de las piezas.
El importe estimado total en esta otra compra suma 10 mil 858 millones de pesos, que representa 16 por ciento del importe anual que el sector salud que lidera Jorge Alcocer gasta en compra de medicamentos.
EN EL TRIBUNAL Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) siguen sin explicar el destino de los bonos de fin de año de más de 10 mil trabajadores, quienes se preguntan qué sucedió con las prestaciones de 2020 y 2021. Y es que ahora se sabe de la existencia de un entramado dedicado a no pagarle a las firmas encargadas de dispersar dichos recursos, y en él estaría involucrado tanto el oficial mayor, Sergio Fontes, como el propio magistrado Rafael Guerra Álvarez. El tema comenzó hace un par de años, cuando Up Sí Vale obtuvo el contrato correspondiente, el cual no llegó a su término, ya que de forma unilateral y sin explicaciones de por medio, el organismo dejó de enviarle los dineros necesarios. A la fecha la compañía de Gerardo Yépez se encuentra en pugna por el impago de 220 millones de pesos. Pero no es la única en esta situación, pues a finales de 2021 Toka Internacional fue designada para la misma tarea, pero lastimosamente todo se repitió, por lo que la firma de Hugo Villanueva tampoco ha obtenido los montos pactados. No es un tema menor, pues estamos hablando del paradero de 440 millones de pesos en bonos que el gobierno de Claudia Sheinbaum deberá responder.
EN EL TERRENO de las ilegalidades, ¿le suena el nombre de Carlos Maurer Espinosa? Bueno, pues es dueño de Leche Tamariz en Puebla y hermano del hasta hace poco diputado local morenista por ese estado, Emilio Maurer. Un juez local de Tepeaca le dictó órdenes judiciales para que se abstuviera de perturbar la posesión y propiedad que tiene un particular sobre un terreno por aquellas tierras. Ello derivado de que los hermanos Maurer, tras más de veinte años de litigio, dieron en pago en 2018 una parte de los terrenos que tenían. El mismo juez, actuando, según dicen los que saben, por instrucciones de mucho más arriba, ordenó con la rapidez en la administración de justicia que todos los mexicanos quisieran, se diera marcha atrás con la condición de que exhibiera quince mil pesitos para que continuara molestando al propietario y poseedor, incluso con la orden a la policía del estado que precisamente había ejecutado las órdenes judiciales en contra de Maurer.
HOY DEBE SALIR el recuento de votos de los acreedores de Aeroméxico. Participaron todos los prestamistas reconocidos con derecho a sufragar. El proceso se cerró el viernes y desde entonces se hacen las certificaciones. En la aerolínea dirigida por Andrés Conesa se tiene la confianza de que se alcanzarán los porcentajes a favor del plan de reorganización de la compañía para salir del Chapter 11. Los acreedores se dividieron en varias clases: de Grupo Aeroméxico, de Aerovías de México, de Aerolitoral o de Aeroméxico Cargo, si son preferenciales o no preferenciales. El 18 de enero está programada la audiencia de confirmación del plan en la Corte de Quiebras de Nueva York con la jueza Shelley C. Chapman.
Y YA QUE hablamos de la urbe de hierro, el famoso bufete neoyorquino de abogados, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, está por fichar a un nuevo cliente mexicano de alto impacto. Se trata de Víctor Manuel Álvarez Puga. Sobre el empresario pesa una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Se sabe que buscaría un criterio de oportunidad, lo que ya está negociando con los sabuesos de Alejandro Gertz Manero. Álvarez Puga, al igual que en su momento el general Salvador Cienfuegos, Alonso Ancira, Genaro García Luna, César Duarte, Martín Díaz y Tomás Yarrington, se está poniendo en manos de esos aguerridos litigantes.
A ALTÁN SE le está acabando la caja y su reestructura financiera no avanza. El operador de la red compartida está en concurso mercantil y el conciliador, Gerardo Sierra, tiene encima a varios acreedores que demandan se les reconozca como ‘indispensables’ para acceder a un trato preferencial. El experto del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, al mando de Edgar Bonilla, rechaza esa petición en aras de no perder la solvencia de la compañía. Entre los que piden ese reconocimiento apunte a Promtel de Lourdes Coss, American Tower que dirige Guillermo Cordera, Nokia que conduce Raúl Romero, Huawei que lleva Liu Jiude y Axtel del Grupo Alfa que preside Armando Garza Sada.
A MÁS TARDAR la próxima semana las aerolíneas con operaciones en México van a tener las observaciones de las cartas de navegación del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahora mismo los técnicos de la Cámara Nacional de Aerotransportes, que preside Luis Noriega, analizan el documento de 900 cuartillas de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Nos adelantan que los planteamientos de ese organismo que dirige Víctor Hernández se rigen bajo el supuesto de condiciones metereológicas óptimas todo el año. Es decir, por arte de magia la 4T va a desaparecer lluvias, vientos cruzados, neblina, excesos de tráfico y eventualidades como despegues y aterrizajes abortados.
ESTA NUEVA OLA de contagios de COVID-19 en su variante de ómicron le está pegando muy fuerte a Pemex. Hasta pocos días antes de que finalizara el año casi 90 por ciento de los cerca de 10 mil trabajadores que están en la Torre de Marina Nacional habían regresado a sus labores cotidianas de forma presencial. Sin embargo, la empresa productiva del Estado está regresando a 70 por ciento de su personal a la casa. La instrucción ya no es a través de oficios sino que la han comunicado de forma verbal los jefes de área, pues la administración de Octavio Romero no quiere que se sepa. Otra dependencia que también está resintiendo los contagios es la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a cargo de Jorge Arganis.