EL 18 DE diciembre, alrededor de las 13:30 de la tarde, se presentó un incidente grave entre dos aeronaves comerciales de Estados Unidos.
Involucró a un Boeing 757 de Delta Airlines, vuelo 631 que cubría la ruta Los Ángeles-CdMx, y un Boeing 737 de American Airlines, vuelo 2537 que despegó del aeropuerto de Puerto Vallarta con destino a Chicago.
Las aeronaves convergieron cerca de Sombrerete, Zacatecas, en el cruce de las aerovías UT148 (dirección norte-sur) y la UJ5 (dirección este-oeste) a la misma altitud de 37 mil pies y a menos de 2 millas náuticas de separación, cuando la separación vertical mínima debe ser de mil pies.
Debido a que el Delta siguió las indicaciones del sistema anticolisión TCAS, se evitó que ambas aeronaves colisionaran en el aire.
Para poner en perspectiva las consecuencias de un incidente entre este tipo de aeronaves, el Boeing 757 tiene una capacidad de 200 pasajeros, mientras que el Boeing 737 de 130 pasajeros.
Uno más de los muchos incidentes graves que suceden diariamente desde que el director de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) decidió declararle la guerra a los controladores.
Víctor Hernández aprovecha la ignorancia de la 4T sobre los aspectos técnicos del control de tránsito aéreo para convertirse en un ‘reyecito’ de ese enclave, pero con nefastas consecuencias para la seguridad aérea.
El controlador que tenía bajo su responsabilidad las aeronaves del 18 de diciembre es el supervisor del Centro de Control México, Rafael Lastra Miranda, quien acumula turnos de 14 horas o más, durante más de 10 días consecutivos.
Dicho supervisor ha manifestado sentirse cansado por las continuas jornadas de trabajo a las que él y el resto de los supervisores se encuentran sujetos, lo cual provoca que este personal se quede dormido en las posiciones de control mientras tiene aeronaves bajo su cuidado.
Estas condiciones de trabajo a las que están sometidos, por órdenes de la jefa del Centro de Control México, Areli Gallardo Arteaga, con el conocimiento del director del Seneam, ha provocado continuamente este tipo de incidentes entre aeronaves.
Otro incidente en el que se vio involucrado fue el del 18 de agosto de 2021 al noroeste de Oaxaca, en donde fue responsable del acercamiento entre el Aeroméxico Connect 372, volando la ruta CdMx-Tapachula, y el Volaris 4779 en ruta Huatulco-CdMx.
En esa ocasión dicho controlador tenía en ascenso al Volaris 4779 y no se percató, debido al cansancio, que el Aeroméxico Connect 372 se encontraba enfrente a 37 mil pies. Ambas aeronaves se encontraron de frente a dicha altitud.
Este tipo de incidentes deben ser informados y revisados por la autoridad correspondiente para evitar que se repitan, pero la administración de Hernández se niega reiteradamente a hacerlo del conocimiento de la Subsecretaría del Transporte, ahora a cargo de Rogelio Jiménez Pons.
Especialmente cuando en dichos incidentes se ven implicados supervisores o familiares de funcionarios del Seneam, como el del 13 de noviembre de 2021, cuando la cuñada de la jefa del Centro de Control México, Gallardo Arteaga, se vio involucrada en otro incidente grave.
COMO LE ANTICIPAMOS, el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió ayer no concederle a América Móvil su ansiada entrada al mercado de video. En la discusión del proyecto, ninguno de los cinco comisionados se pronunció en forma alguna en el sentido de permitirle a la empresa de Carlos Slim Helú que pueda prestar el servicio de televisión restringida a través de la empresa Claro Video en nuestro país. El pleno conformado por Adolfo Cuevas, Ramiro Camacho, Arturo Robles, Sóstenes Díaz y Javier Juárez no ‘compró' las promesas de inversión de ocho mil millones de pesos para desarrollar nueva fibra óptica para soportar la incursión a este nuevo mercado. Entre otras razones, porque como lo señaló el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), que preside Gerardo Soria, aún suponiendo que cumpla esa promesa, sus inversiones quedarían muy lejos de lo que realmente han venido invirtiendo los competidores. Los comisionados tomaron con tiento esas promesas, que por un poco más de inversión por parte del jugador que ha dominado durante años el sector telecomunicaciones, se mandarían señales desalentadoras a los demás operadores que han confiado en el marco que resultó de la reforma de telecomunicaciones y el papel que se le asignó al IFT para lograr que el mercado de telecomunicaciones funcione mejor que antes. El regulador mexicano mandó con la resolución de ayer señales positivas a la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos y al propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues evita, al menos por el momento, un encontronazo con motivo de una posible violación al TMEC. Aunque Carlos Slim Domit ofreció sentarse a dialogar con esa instancia que encabeza Katherine Tai aspectos de tarifas de servicios de telecomunicaciones, se ve muy difícil que le tomen la palabra porque no son la ventanilla correcta.
LE PLATICABA LA semana pasada que la Secretaría de Hacienda, que comanda Rogelio Ramírez de la O, está negociando con seis constructoras ajustar a la baja la contraprestación en seis carreteras que se asignaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto bajo la fórmula de Asociaciones Público-Privadas (APP). Con esos acuerdos, que ya están muy avanzados, el gobierno de la 4T estima ahorrarse entre 5 mil millones y 7 mil 500 millones de pesos, dependiendo de si el recorte es 10 o 15 por ciento. Las gestiones son con ICA que encabeza Guadalupe Phillips, INDI de Manuel Muñozcano, HYCSA de Alejandro Calzada, Grupo Hermes de Carlos Hank Rohn, Omega que capitanea Jorge Melgarejo y Mota-Engil que preside José Miguel Bejos.
LA INSTRUCCIÓN SALIÓ de Palacio Nacional en calidad de orden tronante a la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública: todas las universidades públicas y privadas deben regresar a clases presenciales el 31 de enero. Pero los sindicatos de las universidades públicas se oponen al regreso tan irresponsable y apresurado. En algunas escuelas privadas de plano ya metieron reversa. Hasta antes de 2019 había 4.4 millones de estudiantes de educación superior y se calcula que este número se ha reducido a 3.8 millones por el efecto de la pandemia y la consecuente erosión económica de los hogares mexicanos.