LAS SIGUIENTES SERÁN horas determinantes de cara al próximo relevo en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Y es que se podrían cancelar las campañas de proselitismo de los dos candidatos.
El proceso arrancó desde la semana pasada, con presentaciones privadas ante las diferentes cámaras y asociaciones, y esta semana con posicionamientos públicos, que incluyen entrevistas en medios.
De acuerdo con el cronograma del CCE las campañas concluyen el próximo 28 de febrero, tiempo en el que los candidatos debieron presentar su plataforma y convencer al electorado.
Pero desde la semana pasada los abogados del organismo que preside Carlos Salazar y los asesores legales de uno de los aspirantes, Bosco de la Vega, discuten la pretensión de que se cancele la campaña.
De materializarse esa posibilidad, se corre el riesgo de que se fracture la unidad del gremio empresarial en un momento clave y que el relevo del exdirector general de FEMSA quede históricamente marcado.
Y es que el proceso electoral en la máxima cúpula se da en una coyuntura inédita: por un lado en medio de una pandemia por coronavirs que se aceleró otra vez por la variante de ómicron.
Por otro, en un entorno de desánimo y hasta de apatía en amplios sectores del empresariado que ya no quisieran seguir desgastándose frente a un Presidente que no quiere negociar y solo quiere imponer.
Al interior de la comisión ejecutiva del CCE se tiene detectado que cinco de los siete votos favorecerían hasta ahora al candidato Francisco Cervantes y solo dos tendría asegurados De la Vega.
Con esa lectura o recuento extraoficial el CCE pretendería dar un ganador por anticipado, aunque las votaciones sean hasta la primera semana de marzo.
Hace tres años Bosco de la Vega se presentó como uno de los tres candidatos para presidir el CCE. Los otros dos eran Manuel Herrera de la Concamín y Luis Antonio Mahbub por la Concanaco.
Entonces de la nada apareció un ‘caballo negro’, Carlos Salazar, que era impulsado por los empresarios del Grupo Monterrey y del Consejo Mexicano de Negocios. A la postre Salazar ganó.
¿Ahora cómo será su sucesión, tersa o fracturada?
CON EL OBJETIVO de posicionar a México como líder y aliado de América Latina en el desarrollo de ciberseguridad, hoy se presenta el primer consejo multidisciplinario de Expertos en Regulación y Ciberseguridad (CERC) de Latinoamérica, integrado por especialistas del sector público, privado, sociedad civil y academia, quienes además presentarán algunas recomendaciones para México en materia de ciberseguridad.
El Consejo es impulsado por Mauricio Benavides, CEO de Metabase Q, y cuenta con el apoyo y participación activa del Consejo Coordinador Empresarial. El CERC busca promover una comunidad consciente en materia de ciberseguridad, identificar las mejores prácticas e incidir en la agenda pública en busca de una regulación para lograr un entorno digital seguro. Contar con un marco jurídico adecuado es fundamental en el contexto actual, pues los ciberataques anualmente representan para la economía nacional pérdidas importantes. Banco de México reportó pérdidas por 785.4 millones de pesos en los últimos años. Durante el tiempo de confinamiento la mayoría de los países reportaron crecimientos exponenciales en ciberataques. El Foro Económico Mundial dice que crecieron 151 por ciento en 2021 y estimó que el costo promedio por cada ataque exitoso que lograron los ciberdelincuentes a alguna empresa, ascendió a 3.6 millones de dólares. Lo preocupante es el tiempo de reacción que una empresa tiene ante un ataque, ya que pueden ser hasta 280 días en promedio para identificarlo y contenerlo.
IXACHI SE LE sigue atragantando al director de Pemex, Octavio Romero. Se trataba del proyecto de recuperación de gas más importante del sexenio. Y hablamos en pasado porque el ingeniero agrónomo ya de plano lo desapareció de la lista de las 10 prioridades del gobierno de la 4T ante la imposibilidad de cumplirlo. La semana pasada fue bajado el consorcio integrado por ESEASA, del desaparecido Reynaldo Santos, y CAABSA, de Luis y Mauricio Amodío. Ya había dudas de que Romero les adjudicara sin concurso el 31 de diciembre un contrato de poco más de 793 millones de dólares. La subdirección jurídica contenciosa de Pemex detectó que los contratistas presentaron una carta de crédito apócrifa de Santander, que dirige Héctor Grisi. El 18 de enero informamos que a ESEASA y CAABSA se le estaba tambaleando el contrato porque no conseguían la fianza. Y así sucedió: tuvieron que falsear la información.
EL PERMISO DE Gas Natural del Noroeste en Veracruz está avalado por la Comisión Reguladora de Energía. Ante acusaciones de competidores de que la empresa de Salomón y Nessim Issa opera como monopolio, se indica que en la región compiten cinco comercializadoras y que siempre se conduce en apego a las mejores prácticas nacionales e internacionales en el ramo energético, un sector de los más regulados en México. Subsisten compañías que no cumplen con los estándares de calidad, seguridad y servicio y se asegura que los señalamientos hechos contra los hermanos Issa fueron promovidos por una empresa denunciada por presuntos actos de huachicoleo de gas natural. En una diligencia llevada a cabo por la Fiscalía General de la República, se encontraron anomalías en sus instalaciones, por lo que se abrió una investigación que está en curso.
AL FINAL SAHUAYO, de Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo White, y Grupo Marzam, que controla Luis Doporto, desistieron de la asociación que habían iniciado el año pasado. Sahuayo fue la primera en informarlo a clientes, proveedores y colaboradores de la empresa. Y dos semanas después Marzam ratificó a Doporto como administrador general, echando abajo las intenciones de Gil y del equipo directivo de Sahuayo de tomar la operación de Marzam. Todo indica que el negocio fracasó por el juicio que la familia de Benjamín Villaseñor inició contra Gil a fin de recuperar el control del grupo. Le había platicado que los también accionistas de Oro Negro se apoderaron de Sahuayo con argucias cuestionables que ahora mismo ya se litigan en tribunales y ante autoridades judiciales.