NOVEDADES EN EL controvertido caso del desplome de la Línea 12 del Metro.
En lo que prácticamente es una acción colectiva de la que no se tienen registros pasados, los deudos mexicanos se fueron a demandar ante juzgados con jurisdicción estadounidense.
Apenas este martes pasado los familiares de los afectados presentaron en la Corte de Nueva York una demanda contra Alstom, ICA, Grupo Carso y la subsidiaria estadounidense de CAF.
Los contratistas por el entonces gobierno del DF, cuyo jefe era Marcelo Ebrard y el secretario de Finanzas Mario Delgado, tienen 20 días para responder la demanda.
En ella se cita que durante el accidente 79 personas resultaron heridas y más de 20 perdieron la vida, poniendo en evidencia muchas de las irregularidades que han rodeado el proyecto desde su concepción.
La querella se basa en las conclusiones de DNV, la firma noruega de manejo de riesgos que fue contratada por la administración de Claudia Sheinbaum para esclarecer las causas del accidente.
Este consultor determinó que la falla fue responsabilidad de Carso, de Carlos Slim, que en esta demanda colectiva multimillonaria arrastra a ICA, de Guadalupe Phillips, y a Alstom, de Mayté Ramos.
Los resultados del análisis indicaron que el derrumbe se produjo como consecuencia de la flexión (alabeo) de vigas (vigas) norte y sur debido a la falta de funcionamiento de pernos de una longitud importante, que hizo que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta.
Como resultado, la estructura compuesta operaba como dos vigas paralelas independientes: una viga de hormigón y una viga de acero, que experimentó condiciones de carga para las cuales no fue diseñado.
El primero creó condiciones que llevaron a la distorsión del marco transversal central y la iniciación y propagación de grietas por tensión que redujeron aún más la capacidad de la estructura para soportar la carga.
La demanda es por negligencia, daños a terceros, incumplimiento de garantías, daños sicológicos y muerte culposa por parte de los deudos de los fallecidos en contra de Carso, ICA, Alstom y CAF por igual.
Los demandantes solicitan indemnizaciones por una suma que exceda los límites jurisdiccionales de todos los tribunales inferiores que de otro modo tendrían jurisdicción, junto con los costos y desembolsos de esta acción.
Este caso puede ser un parteaguas en materia de justicia para un siniestro en México porque el proceso de ‘discovery’ garantiza que toda la información pueda ser consultada por todas las partes.
Sin duda va a transparentar todo el proceso de construcción y operación de la Línea 12 y determinará los alcances de las responsabilidades de Ebrard y Sheinbaum, los dos punteros hacia 2024.
La demanda fue presentada a través de los despachos de abogados Whatley Kallas y The Webster Law Firm.
LA CFE YA va a adjudicar la primera etapa de la granja solar de Puerto Peñasco, este megaproyecto de energías limpias que las huestes de Manuel Bartlett van a desarrollar en un predio de dos mil hectáreas que donó Daniel Chávez, el dueño de los hoteles Vidanta y miembro del Consejo Asesor Empresarial de Andrés Manuel López Obrador. La granja se decantará en cinco fases para generar hasta un gigawatt de energía. Se presentaron ocho ofertas, de las que solo dos lograron pasar a la final. Se trata de Seselec, que comanda Jesús Franco, y Aselec, que capitanea Edgardo Meade. La primera etapa de Peñasco es para lograr una producción de 110 megawatts. La inversión en esta fase inicial puede llegar hasta los dos mil millones de dólares. Considérelo.
POR CIERTO QUE al calor de las cancelaciones de contratos de la CFE a generadores privados, que a su vez venden la electricidad a terceros hasta 12 por ciento más barato que la empresa productiva del Estado, hay dos grupos que ya se cansaron de ese esquema porque no les resultó financieramente rentable y los van a suspender. Uno es el Grupo Palace, de José Chapur, y el otro Grupo Brisas, de Antonio Cosío. El primero posee 11 hoteles preponderantemente en Cancún, siendo el Moon Palace el complejo más grande. Chapur contrató los servicios de Iberdrola, que dirige Enrique Alba. El segundo cuenta con 18 hoteles en distintos puntos del país, pero Punta Nizuc, también en Cancún, es el que mantiene la relación con el productor privado. Cosío contrató a Cryoinfra, de Elmer Franco.
ADEMÁS DE LA deuda bancaria que involucra a nueve diferentes instituciones, Crédito Real arrastra a un nutrido número de bondholders como segundo frente de acreedores. El más relevante es BlackRock, que capitanea Larry Fink. Pero también apunte a Doubline, Fidera, Credit Agricole, Manulife, UBS, Muzinich & Co., y BNP Paribas. Aunque en el escenario de mediano plazo no se descarta acogerse a la protección de la bancarrota bajo un Chapter 11 en Nueva York, siguiendo la ruta de Aeroméxico que dirige Andrés Conesa y Posadas de José Carlos Azcárraga, esta Sofom buscará llegar a acuerdos extrajudiciales como primer paso. Esa labor correrá por cuenta del bufete DLA Piper, que preside Cameron Jay Rains, desde sus oficinas en Estados Unidos.
DONDE PRÁCTICAMENTE HAY reuniones todas las semanas para avanzar en su reestructura financiera, es en Altán Redes. Todavía no queda en firme el segundo DIP (crédito en posesión del deudor) que le adelanté, se está negociando con los accionistas. Además del fondo de infraestructura de Morgan Stanley y la banca de desarrollo, léase Bancomext-Nafinsa que lleva Luis Antonio Ramírez y Banobras que dirige Jorge Mendoza, que ya confirmaron participarán, se están buscando nuevos fondeadores. Uno con el que ya se negocia es Walmart. Sucede que el grupo presidido por Guilherme Loureiro les renta capacidad para sus servicios de telefonía móvil bajo la marca BAIT. El DIP que se pretende obtener es hasta por unos 200 millones de dólares.
PUES CON LA novedad de que CAABSA de los hermanos Luis y Mauricio Amodío, y ESEASA, que dirige Abraham Santos, ya preparan una demanda conjunta contra Process Point Energy Services, que manejan al alimón Antonio Icaza y Todd Rutherford. Le informé que se los chamaquearon con una supuesta carta de crédito stand-by de Lloyds Bank y de Santander que resultó apócrifa. Era para garantizar el financiamiento por 798 millones de dólares para el proyecto de recuperación de gas de Ixachi. El oficio de Pemex en el que se informa de la cancelación del contrato es del 27 de enero y lo firma el subdirector Jurídico Contencioso, Rodrigo Loustaunau. El broker que hizo todo el entramado fue Tikkun Olam Global, de Ricardo Juárez, operador financiero de Icaza.