EL AUDITOR SUPERIOR de la Federación cedió a las presiones de la autodenominada 4T y presentará hoy un Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2020 descafeinado.
Sobre todo, las huestes de David Colmenares se dirigirán a los proyectos y personajes que ya no son prioritarios para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El viernes pasado el órgano contralor dio muestras claras de que no tiene la menor intención de generar más problemas a un ya de por sí desesperado inquilino de Palacio Nacional.
De ahí pues que, a la callada, deslistó de las revisiones que presentará al Congreso de la Unión las correspondientes a Mex Gas Internacional y al desempeño de los programas de la SEP.
La Auditoría de Cumplimiento Financiero 434-DE, “Gestión Financiera de Mex Gas Internacional”, formó parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020.
Fue anunciado en febrero del año pasado y, de acuerdo con fuentes internas del órgano contralor, la auditoría a esta empresa controlada por Pemex se concluyó en diciembre de 2021.
Se trata de la comercializadora privada de gas de Pemex, constituida en marzo de 1993 en las Islas Caimán y utilizada en el sexenio pasado por Emilio Lozoya para concretar negocios millonarios en el extranjero.
Mex Gas es también la empresa que desde el 26 de julio de 2021 es la accionista mayoritaria de Gas Bienestar, la paraestatal llamada a romper el monopolio del mercado y de la que ya nadie se acuerda.
Los últimos datos que se tuvieron de Mex Gas datan de 2018, cuando se le reportó en Madrid un capital social de 69 millones de euros y una posible extinción de operaciones, resultado de un proceso de fusión.
Hoy día la empresa que controla Octavio Romero es más opaca que en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los resultados finales de su auditoría se presentaron en diciembre, pero los desaparecieron.
Lo que también borraron los pupilos de Colmenares del Programa de Auditorías 2020 es la identificada con la clave 1514-DS, que viene a salvarle la cara a la secretaria Delfina Gómez.
Es la auditoría de la “Evaluación de la Política Educativa en el Desarrollo Económico de México”, cuyo primer responsable fue el ahora embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma.
El informe sobre la SEP también está concluido y al interior de la ASF se habla de que Luciano Concheiro y Juan Pablo Arroyo, subsecretarios de Educación Superior y Media Superior respectivamente, presionaron.
Los dos alfiles de la 4T y de Palacio Nacional se le cruzaron a Colmenares Páramo y operaron para que los resultados de esa auditoría no se hicieran públicos. Los hechos dicen que el oaxaqueño accedió.
De confirmarse este fin de semana que no llegarán ante el Congreso los mencionados informes de Mex Gas y la SEP, Colmenares estará poniendo en juego su posición.
Y es que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece el hecho de ocultar una auditoría como causal de remoción.
AL FINAL LAS huestes de Manuel Bartlett no quisieron gritar ¡viva España!, y dejaron fuera en el último momento a Grupo Cobra. Esta firma especializada en ingeniería, procuración y construcción ya tenía en la bolsa el contrato de la planta de ciclo combinado Tuxpan, por mucho, la más grande que está licitando la CFE, con un valor de 700 millones de dólares. La tecnología la proveerá la alemana Siemens, que dirige aquí Alejandro Preinfalk, y se negociaba al ‘epecista’. Alguien al más alto nivel cabildeó para que Cobra ganara, pero ya no le alcanzó, dado que las también hispanas TSK y Técnicas Reunidas ya habían firmado las plantas de El Saúz, Salamanca, San Luis Potosí, González Ortega, Valladolid y Mérida. Cobra descolgaba de ACS, del magnate Florentino Pérez, quien apenas en noviembre pasado la vendió al grupo Vinci de Francia. Sin embargo todo su corporativo, personal y tecnología están en Madrid. El epecista ganador que hará mancuerna con Siemens es la estadounidense Kewit, cuya oferta fue la más cara, pero en la CFE optaron por ellos para no seguir favoreciendo empresas españolas y al gobierno de Pedro Sánchez.
POR CIERTO QUE al mismo Manuel Bartlett le valieron sombrilla las porras que el gobernador de Sonora le echó a la empresa Aselec, que comanda Edgardo Meade. Era la finalista para quedarse con el contrato ya no de dos mil, sino de tres mil millones de pesos, para desarrollar la primera fase de la granja solar de Puerto Peñasco. Aselec es local y Alfonso Durazo públicamente dijo que “yo intercedí ante la CFE tratando de hacer valer su condición de empresa sonorense de una de las dos que llegaron a la final, bajo un argumento muy elemental: no hay otra empresa que conozca mejor el estado de Sonora que una empresa sonorense que llegó ya a la etapa final”. Pero, ¡sorpresa!, la CFE adjudicó a Seselec, de origen española-francesa. Lo peor es que esta compañía le va comprar las celdas a Zytech Solar Group, también española, que resultó ser dueña de la licencia del Word con el cual José Ramón López Beltrán redactó la carta en la que informa que trabaja en una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que regaló dos mil hectáreas para esa misma granja solar.
SOBRE EL CASO de discriminación denunciado por Leonardo Poblete Galván contra UBS en México y algunos de sus principales funcionarios, este miércoles la Fiscalía de la CdMx, que comanda Ernestina Godoy, logró que un juez de control dictara el auto de vinculación a proceso penal a los imputados Víctor Chávez Longyear y Arianna Prassio Sangermano, que fungían como director general y directora de recursos humanos del grupo en México, respectivamente. Como parte de las medidas cautelares, el juez les impuso no molestar a Poblete Galván, presentación periódica mensual y prohibición de salir del país. Además, el pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa decidió ejercer la facultad de atracción sobre los juicios de nulidad que interpusieron UBS Servicios y los propios Chávez Longyear y Prassio Sangermano en contra de la sentencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
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