LA INDUSTRIA DE juegos y sorteos atraviesa momentos complicados derivados de las secuelas provocadas por el COVID-19, con caídas en ingresos por más de 20 mil millones de pesos anuales.
Ello es resultado de aforos a media capacidad, pero sobre todo por la presencia de una red de extorsionadores que están coludidos con las autoridades. He aquí otro foco de corrupción en la 4T.
Grupos casineros han manifestado que personeros supuestamente enviados por la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), que lleva Manuel Marcué Díaz, cobran millonarias sumas para dejarlos operar.
Se acercan a los principales casinos del país y exigen hasta 20 millones de pesos por el ‘descorche’, que significa operar sin presión, clausuras o multas de la autoridad durante los siguientes tres años.
El modus operandi consiste en cerrar casinos en las principales plazas del país, como Monterrey y Guadalupe, donde inspectores de la DGJS clausuraron hasta siete salas con excusas arbitrarias y fuera de la competencia de la misma Secretaría de Gobernación.
Alrededor de 30 grupos de permisionarios activos están nerviosos por la situación, ya que los cierres se presentan después de que no acceden a cubrir la cuota de los 20 millones de pesos.
Pero no crea que los intentos de extorsión culminan ahí, pues en caso de que se acepte liquidar el ‘descorche’, posteriormente se informa que por cada casino que se tenga abierto, el permisionario debe pagar una mensualidad de 300 mil pesos.
Los intentos de cobro de moches arrancaron hace menos de un mes, en un sector que contribuye a las arcas del SAT, que encabeza Raquel Buenrostro, con más de 4 mil 500 millones de pesos en impuestos.
A pesar de las regulaciones estrictas y la revisión puntual de los ingresos por parte de las autoridades hacendarias, la cacería de brujas no se detendrá por parte de los personeros de la DGJS, lo que afectaría a un sector que genera más de 45 mil empleos directos y 130 mil indirectos.
Cabe señalar que esta actividad cuenta con 36 permisionarios activos, los cuales mantienen a la fecha poco más de 370 salas de juego en operaciones.
Apunte a Administradora Mexicana de Hipódromo, Apuestas Internacionales, Atracciones y Emociones Vallarta, Divertimex, El Palacio de los Números, Espectáculos Deportivos de Occidente, Ganador Azteca, Hipódromo de Agua Caliente, Impulsora Géminis, Juega y Juega, Operadora de Apuestas Caliente y Pur Umazal Tov, por mencionar a algunos.
La semana pasada trascendió que varios de estos grupos contaron con algo más que suerte para arreglar sus problemas con la autoridad.
Por ejemplo Big Bola, de Javier Rodríguez, un sitio de entretenimiento online que pertenece a Comercial de Juegos de la Frontera, tuvo la buena suerte que le abrieron una de sus principales salas después de que los inspectores clausuraran el establecimiento.
En tanto, Petolof, de Sergio Gil García, abrió un nuevo casino a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no permitiría una nueva sala de apuestas durante su gobierno.
Si los pupilos de Adán Augusto López quieren más pistas para investigar al grupo de extorsionadores, podría preguntar por Rogelio Benavides Pinto, exsubsecretario de Nuevo León en los tiempos de Jaime Rodríguez Calderón, a quien muchos empresarios lo colocan como operador clave en este escándalo.
CON LA NOVEDAD de que los inversionistas minoritarios de Bachoco, entre ellos la casa de bolsa GBM, no están conformes con el precio de la oferta que la familia de Francisco Javier Robinson Bours hizo por el 27 por ciento que está en el mercado. Los accionistas principales ofrecieron el viernes 81.66 pesos por acción, 20 por ciento arriba del valor de los últimos 30 días, pero con un precio/utilidad de solo 6.9x, 1.0x del valor en libros, y un EV/EBITDA de 3.8x, muy debajo de los múltiplos internacionales. La valuación de GBM de Bachoco está 55 por ciento arriba del precio de 81.66 pesos. El equipo de Diego Ramos criticó fuertemente en un reporte la oferta que subvalúa la empresa. Para tener una idea más clara, Bachoco tiene 20.6 mil millones de pesos en efectivo en su balance, y a un precio de 81.66 pesos solo usaría 13.2 mil millones de pesos para comprar las acciones de los minoritarios. Esto quiere decir que la oferta le saldría gratis a la familia Bours si usan el efectivo de la empresa para financiarla. Bachoco está ofreciendo 50 por ciento menos en valuación que lo que JBS pagó por Pilgrim’s y 50 por ciento menos que lo que Cargill ofreció por Sanderson Farms.
EL MUNICIPIO DE Guadalajara, que gobierna Pablo Lemus, y la propia CDMX, que encabeza Claudia Sheinbaum, se manifestaron de forma independiente en contra de la intención de la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Thalía Lagunas, de asignar directamente a Pemex la compra de gasolinas por parte de las flotillas vehículares de los gobiernos de los tres órdenes. ¿Las razones?: Guadalajara hizo una licitación abierta y ganó la empresa Medwag, que ofrece una solución de geolocalización para el monitoreo del recorrido vehícular del transporte de esa ciudad, además de proveer datos de volumetría (consumo de kilómetros por litro), lo cual sería imposible que ofrezca la empresa productiva que dirige Octavio Romero. En el caso de la CdMx se operan unos 32 mil vehículos que pagan por despacho de gasolina al año más de tres mil millones de pesos, de los cuales menos de 24 por ciento se consume en estaciones de servicio de Pemex. Sería inviable pretender dirigir a toda esa flotilla a esas estaciones solo por una asignación directa, lo cual complicará la eficiencia operativa de los vehículos.
INTERESANTE EJERCICIO EL del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de incluir a empresarios mexicanos en su reciente gira por Medio Oriente para abrir oportunidades de inversión en ambos sentidos. En Arabia Saudita participaron en reuniones de trabajo Gibrán Chapur, del grupo hotelero Palace Resort; Borja Escalada, el CEO de RLH Properties, y Tania Ortiz Mena, directora de Sempra. En Qatar formaron parte de la delegación mexicana Sergio Alcalde, de Fortius Electromecánica; Cole Frates, de Renewable Resources Group RRG; Aurora García de León, de Derex Residential Development; José Carlos Mastretta Guzmán, de Arietis SAPI; Carlos Robles Gil, de Mexico Infrastructure Partners, y Héctor Sepúlveda, de Mountain Nazca. En las últimas semanas el canciller ha incrementado el diálogo con el sector privado.
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