EL MARTES EL pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) acometió la primera parte de la discusión sobre la constitucionalidad de las reformas de la 4T a la Ley de la Industria Eléctrica.
Las y los once ministros continuarán este jueves y será justo hoy cuando concluirán la votación. Por lo pronto se puede anticipar que existirán cuando menos siete votos por la invalidez de las reformas.
Serán básicamente en los temas más importantes, a saber: el orden del despacho, la eliminación de subastas y otras disposiciones que desplazan energías limpias para favorecer a la CFE, de Manuel Bartlett.
Cuente en este bloque a la ministra Margarita Ríos-Farjat, quien como anticipamos, a pesar de haber sido propuesta por Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido una posición independiente del régimen.
Agregue además a la ministra Norma Angélica Piña y a los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Javier Laynez Potisek.
A los expertos en el sector los sorprendió la posición expresada por el ministro presidente Arturo Zaldívar y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, que como ayer le anticipé, puede inclinar el fiel de la balanza.
Y es que si bien en la sesión del martes no alcanzaron a emitir voto alguno sobre la constitucionalidad de las normas, apoyaron con voto a favor el primer considerando del proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
Ello lleva a apostar a que ambos podrían decantarse por la validez de la ley de López Obrador que defiende la exdiputada del Partido del Trabajo y esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti.
La posición de la ministra Yasmín Esquivel Mossa no fue sorpresa para nadie, pues de antemano se sabía que apoyaría con todo la contrarreforma eléctrica del inquilino de Palacio Nacional.
Pero la moneda sigue en el aire, pues nada de lo dicho hace dos días por Zaldívar Lelo de la Larrea y Gutiérrez Ortiz-Mena, permite asegurar cómo va ser el sentido de su voto en la sesión de hoy.
Y aquí vale la pena mencionar que en los últimos días el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se sentó con cada uno de los ministros para convencerlos de las bondades de la reforma obradorista.
De todos esos encuentros hubo uno clave, el de, precisamente, con el ministro Alfredo Gutiérrez. Al exjefe del SAT le habrían ofrecido ayudarlo a llegar a la presidencia de la SCJN a finales de año si apoya a la 4T.
Recuerde que el abogado que fue impulsado a la Corte por Manlio Fabio Beltrones peleó muy fuerte la presidencia justamente con Zaldívar, quien le ganó con el apoyo y operación, entonces, de Julio Scherer.
Los cálculos más optimistas por la construcción de una mayoría de cuando menos ocho votos entre los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora se observan más conservadores.
Es importante recordar que, si no se juntan esos ocho votos por declarar la invalidez de los artículos de la ley reformados, entonces la acción de inconstitucionalidad sería desestimada.
Pero ello no implica que los numerosos juicios de amparo promovidos por organizaciones civiles, ambientales y por jugadores de la industria eléctrica vayan a perderse, ni mucho menos.
De hecho, esos amparos llegarían a la Corte en unos meses y ahí los estaría esperando, previsiblemente, una mayoría de ministros a favor de la inconstitucionalidad.
Y cuando la Corte resuelve amparos, solo se requiere votación de mayoría simple. Por lo pronto, atentos hoy.
EN LA SECRETARÍA de Hacienda, que capitanea Rogelio Ramírez de la O, ya se trabaja en un esquema para asumir el control de Altán Redes, que preside Bernardo Sepúlveda y dirige Salvador Álvarez. Estamos hablando de una suerte de intervención gerencial. Este paso se daría tras una inyección de capital cercana a los cien millones de dólares que está por aportar la banca de desarrollo, léase Bancomext y Nafinsa, que dirige Luis Antonio Ramírez, y Banobras, a cargo de Jorge Mendoza. El responsable de dar seguimiento a la reestructura financiera del operador de la red compartida es Carlos Lerma, jefe de la Oficina de Coordinación del Secretario de Hacienda. Altán sigue negociando que otros socios y clientes le inyecten capital fresco. Se habla de otros cien millones.
HASTA AHORA SON cuatro grupos los que extraoficialmente han manifestado interés en los activos de banca de consumo, empresarial, seguros, Afore y patrimonio cultural de Citibanamex, que capitanea Manuel Romo. Apunte a Banorte que preside Carlos Hank González, Santander de Ana Botín, Inbursa de Carlos Slim y un grupo liderado por Antonio del Valle Ruiz. En la Semana de Pascua, Citi, que preside Jane Fraser, abrirá el cuarto de datos, con lo cual se tendrá más claridad sobre los que entrarán al proceso. Una decisión adoptada ya por la parte vendedora es desincorporar Citibanamex como un todo, no en partes, lo que deja fuera a Afore como Principal, que comanda Jaime Santibáñez, que externó su interés sólo por el negocio de pensiones.
AYER HUBO CONSEJO en Pemex, que dirige Octavio Romero Oropeza. Tres temas relevantes en la agenda. El primero, luz verde para la reestructuración de una emisión de bonos próximos a vencer. El segundo, autorización de este proyecto del que le he venido hablado en la semana relativo a la reconfiguración de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, en donde nos dicen que Grupo Techint, de Paolo Rocca, se perfila para ganarlo. Y el tercero, aval para que Pemex llegue a un arreglo fuera de tribunales con Grupo Carso, de Carlos Slim, en relación a dos contratos de plataformas marinas que le asignaron y que registraron fallas en su operación.
TAMBIÉN AYER EL Seguro Social, que comanda Zoé Robledo, recibió preguntas del proceso de licitación para la distribución de medicamentos y material de curación, del cual le informé en la víspera. Hoy es la junta de aclaraciones. Las posturas se presentan el próximo 20 de abril, mismo día en que se abrirán los sobres con las respectivas ofertas. Le decía que se estiman desplazar, entre mayo y diciembre, poco más de 565 millones de cajas por once centros regionales de todo el país. Si se oferta a cuatro pesos cada caja, precio muy cercano al valor de mercado, el contrato andaría por 2 mil 200 millones de pesos. El fallo está previsto para el próximo 4 de mayo.
LUEGO DE 23 años de colaborar en Grupo Pisa, Oscar Osorio dejó la compañía. El director general declinó la invitación del presidente del consorcio tapatío, Carlos Álvarez Bermejillo, de irse a radicar a Panamá para desde ahí liderar la expansión del laboratorio farmacéutico en Centro y Sudamérica. Su contraoferta de operar ese crecimiento desde su natal Guadalajara no fue aceptada y el ejecutivo optó por la salida por razones familiares. Osorio fue pieza clave en la rentabilidad de Pisa. La llevó de ser una compañía con ventas de 10 mil millones de pesos anuales a 50 mil millones. Una pérdida sensible para el equipo de los Álvarez.